Honduras parece encaminarse a un 2023 lento en producción de normativas, ya sea del Ejecutivo o del Congreso. Empero, en el segundo mes del año aparentemente deja clara su tendencia por no respetar las garantías constitucionales de sus ciudadanos.
En el análisis efectuado por el Libertómetro se tomó en cuenta el Decreto Ejecutivo Número PCM 10-2023. Esta medida avala la suspensión de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República de Honduras.
De acuerdo con lo establecido en el decreto, la medida durará 45 días, desde el lunes 20 de febrero de 2023 hasta el jueves 06 de abril de 2023.
“La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional y con la cooperación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), respetando el principio de necesidad y proporcionalidad, quedan facultadas para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones, en la comisión de delitos y crímenes contemplados en este Decreto, en todos los sectores de los Municipios del Distrito Central y San Pedro Sula y otros Municipios identificados por la Policía Nacional”, reza el decreto.
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En el análisis efectuado a la medida, esta recibió una calificación de -2. La razón es que resulta peligroso para la libertad de los hondureños que se dejen vulnerables sus derechos ante el Estado.
De acuerdo con el análisis realizado, el decreto vulnera dos subíndices contemplados dentro de las Libertades Políticas. En ambas la calificación obtenida fue de -1.
Una de ellas es el Resguardo de los derechos ciudadanos. Este mide la gestión de los legisladores para asegurar los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, de manera que no se violen sus derechos fundamentales.
El siguiente subíndice evaluado fue el relativo a la medición del respeto del Estado hacia los principios republicanos, democráticos y representativos.