Un cierre de año con centralización, expropiación y préstamos | El Salvado
El penúltimo mes del año estuvo cargado de actividad en el órgano legislativo salvadoreño. Como ha sido la dinámica desde el pasado 1.º de mayo, la mayor parte de las iniciativas son llevadas al seno de la Asamblea a través de los ministros de las diferentes carteras estatales.
En noviembre, el análisis del Libertómetro tomó un total de 10 decretos que fueron aprobados en las diferentes plenarias realizadas. De estas, seis están relacionadas con la recién creada Dirección de Obras Municipales (DOM), entidad que se encargará de ejecutar las obras en los 262 municipios del país.
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Del total de leyes analizadas, siete tienen una puntuación negativa. La más peligrosa según la evaluación es la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales, con un -3. Esta ley en particular representa un claro ataque a la propiedad privada, pues establece un mecanismo de expropiación con la justificación de que un terreno sea designado de interés público. Y lo único que el dueño puede apelar es su “justa indemnización”.
Por su parte, la Ley de Creación de la DOM recibió un -2 de calificación. Con ella se establece una centralización total, pues será la entidad encargada de calificar, aprobar, contratar y ejecutar las obras municipales. Además, sus funciones se ejercerán en coordinación con el Gobierno Central, que será el que designará a los miembros que conformarán su junta directiva.
Otra ley que recibió una puntuación de -2 fue la Ley de Escalafón del Ministerio de Cultura. La medida representa un claro uso irracional de los fondos y desigualdad ante la ley, pues establece un sistema de incentivos que remunera a los empleados sobre la base del mérito personal y tiempo de servicio.
Esta ley permitirá hasta un máximo de 11 escalafones y se actualizará cada tres años. Además, quedó establecido que a su entrada en vigencia, quienes ya tengan tres años de trabajo se les aplicará el 4 % de aumento de escalafón sin el requisito de la evaluación.
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Volviendo al tema de la DOM, se aprobó reformar la Ley de Presupuesto 2021 para efectuar la incorporación del presupuesto de la Dirección de Obras Municipales, recibiendo una puntuación de -1. En el decreto se indica que los fondos servirán para ejecución de obras municipales en lo que resta del ejercicio fiscal 2021. Llama la atención que de los $274,703,524 incorporados, $1.8 millones corresponden al rubro de salarios.
En seguidilla con la Dirección de Obras Municipales, la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales (-1) deja de lado la Ley de Adquisiciones (LACAP) para establecer un régimen jurídico especial “para atender las necesidades” de la DOM. Lo peligroso es que deja en manos del director, subdirector y la junta directiva el poder para decidir los resultados de los procesos de adquisición y contratación.
La Ley de Disolución y Liquidación del ISDEM fue una de las dos leyes con puntuación positiva (1). En este caso particular, resulta positivo pues se reduce el tamaño del aparato estatal. Aunque en el fondo no cambia pues se creó la DOM.
La otra normativa evaluada positiva (1) fue la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), que redujo a 1.5 % la asignación a las alcaldías del presupuesto general del Estado (antes era 10 %).
Por último, como en casi todos los meses desde la entrada de la nueva Asamblea, se aprobó otro contrato de préstamo. En este caso será con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un $214,700,000, el cual servirá para el “Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador”. Este se calificó con -1 ya que no da cuentas de cómo se emplearán dichos fondos para el objetivo señalado.