Por Luis Artiga
Una de las premisas que más ha generado debate durante la pandemia en este país centroamericano es la función del Estado liderando la crisis que a nivel mundial nos ha tocado sortear.
Cada vez que un poder del Estado se pronuncia, siempre sin excepción, manifiesta las buenas intenciones que tienen con las acciones que impulsa. Y es que no se duda de las buenas intenciones que tienen los poderes estatales. Pero desde el Libertómetro nuestra obligación es medir sus resultados y con base a eso decidir si fue bueno o malo para los ciudadanos.
Durante el último mes hay algunas cosas buenas que se pueden destacar. El Legislativo impulsó y aprobó desde la Comisión Financiera una serie de reformas encaminadas a agilizar los procesos y trámites burocráticos a través de la tecnología. Esto impacta definitivamente en manera positiva a las libertades económicas y sirve como un pequeño impulso a los actores económicos que deberían ser claves en este momento de la crisis.
Pero no todo es alegría. Mientras con una mano hacen, con la otra también son capaces de afectar las libertades. Y consecuentemente se violan principios básicos como la igualdad ante la ley. Prueba clara de esto es la persistente mala costumbre de aprobar exoneraciones de impuestos para “algunas” organizaciones más con un criterio emocional que racional.
Por último, dos alertas que despiertan atención. Por un lado, la incorporación de un inciso en la Constitución para declarar obligatorio el abastecimiento de agua a los ciudadanos de parte del Estado, pero que deja abierta una puerta a la posible vulneración de la propiedad privada. Muy buenas las intenciones, pero con el riesgo en las letras pequeñas.
Y lo segundo, una permanente política de endeudamiento que está poniendo en riesgo la capacidad económica del país, presionando la carga fiscal y comprometiendo a las futuras generaciones.