El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, sancionó días atrás la denominada Ley n.º 258. La normativa en cuestión devuelve a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la facultad de investigar de manera administrativa a funcionarios, entre ellos ministros y el contralor general de la República.
La medida fue publicada en la Gaceta Oficial n.º 29424-C el pasado 26 de noviembre. Con ella se da por restablecida la vigencia del literal b, numeral 2, del artículo 86 del Código Judicial. Ahora, tras su publicación oficial, la Corte tiene la potestad de investigar delitos o faltas comunes que involucren a procuradores, elementos de la Asamblea Nacional o magistrados del Tribunal Electoral.
La medida fue propuesta por el diputado Roberto Ábrego, del Partido Revolucionario Democrático, el 20 de octubre. Al respecto, el parlamentario señaló que lo que la iniciativa pretende es cerrar un vacío jurídico en el tema respecto a las faltas que podrían cometer los funcionarios.
La ley «conlleva la noble finalidad de suplir el vacío que se ha generado por cuanto, en estos momentos, existe un limbo jurídico en lo concerniente a quién conoce y decide las faltas que cometen los aludidos funcionarios”, dijo el mes pasado el proponente.
La medida, desde un inicio, generó desconfianza. Lo anterior debido a que el proyecto de ley se aprobó el 29 de octubre, sobre el final del periodo ordinario pasado de las sesiones de la Asamblea General.
Entre los elementos que han generado prejuicios en esta normativa está el que haya sido aprobada en primer y segundo debate de manera exprés: en un lapso menor de 24 horas. Un punto cuestionado al respecto ha sido que no contó con la opinión de autoridades ligadas al tema investigativo
Asimismo, se señaló que su presentación surgió en un momento en el que en los últimos meses se han presentado denuncias contra altos funcionarios ante la Procuraduría de la Administración y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Semanas atrás, el diputado independiente Juan Diego Vásquez consideró que esta normativa tiene por objetivo blindar o ayudar a funcionarios que no rindan cuentas de su gestión. Señaló que por la manera apresurada en que se dio la aprobación parece que busca hacer un favor a alguien.
Con la sanción de esta ley se quita competencia a la Procuraduría de la Administración y a la Antai.