Mucho se ha discutido acerca de cómo combatir la pobreza. Hay quienes ven en las políticas sociales la única salida para este terrible mal; para otros el problema es la falta de desarrollo económico y empleo; algunos consideran que solamente mediante el desarrollo rural será posible hacer frente a este problema; otros sostienen que solamente con mayores niveles de inversión por trabajador, tecnología, innovación y transformación productiva pueden generarse condiciones sostenibles para acabar con la pobreza. Independientemente de quién tiene la razón en este debate, lo que generalmente se olvida es que la pobreza material muchas veces es producto de la pobreza institucional. En particular, como se ha visto una y otra vez en el pasado reciente, de la debilidad del sistema de justicia. Una debilidad que, contrario a lo que se vende como el remedio mágico contra todos los males sociales,  no se resuelve solamente dotando de más recursos financieros a las dependencias públicas encargadas de interpretar, adminstrar y velar por el cumplimiento del marco normativo que rige las relaciones entre las personas y entre las personas y las cosas.
Resulta un engaño creer que la solución a las debilidades institucionales del país se reduce a un asunto financiero; tal creencia equivale a pretender “tapar el sol con un dedo”. Cualquier reforma institucional está destinada al fracaso si no se cuenta con diagnósticos precisos de los problemas que se pretenden resolver; nuevos enfoques e ideas para atacar viejos males; principios fundamentales que orienten la reforma; adecuada planificación, y; recursos humanos y financieros que permitan poner en práctica los cambios deseados. Dotar de más recursos públicos a la burocracia difícilmente logrará el objetivo de fortalecer y modernizar las instituciones existentes; en ausencia de los demás elementos que se han mencionado antes, mayor cantidad de recursos no asegura nada, salvo más despilfarro, corrupción, malos manejos e inefectividad. Tal como hoy sucede en el ámbito de la educación pública, no basta con aumentar salarios a los maestros, invertir más en infraestructura y gastar más en equipamiento de las aulas; la calidad de la educación requiere también que cambien los incentivos, restricciones, oportunidades, objetivos y forma de relacionamiento entre las partes que integran el sistema educativo. Pretender reducir el problema de “esclerosis institucional” que vive el país a un asunto netamente financiero es un error; por su origen etimológico, este concepto hace referencia a la creciente de inflexibilidad e incapacidad de respuesta de las instituciones existentes y de las dependencias públicas responsables para hacer frente a los desafíos que afronta el país. Deficiencia estructural que, como se desprende del párrafo anterior, requiere mucho más que recursos financieros para ser abordada y superada de forma efectiva y definitiva.