De acuerdo con el informe de los gastos del gobierno de Panamá durante la pandemia de la covid-19, el gobierno realizó un gasto de más de $3 mil millones. Así lo indicó el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. EL funcionario realizó la presentación de los datos en el Consejo de Gabinete.

La información proporcionada por Carrizo indica que la administración del presidente Laurentino Cortizo empleó más de $3 mil 544 millones para atender la pandemia. El monto se refiere a lo empleado en el periodo comprendido entre 2020 y 2021. Además, se estableció que de esa cifra el 58 % fue destinado para el programa Panamá Solidario.

El informe establece que, de esa cantidad, $3 mil 103 millones han sido traslados de partidas gestionadas por el Ministerio de la Presidencia a otras entidades. Todo conla justificación de la pandemia.

Sobre el 58 % destinado al financiamiento del plan Panamá Solidario, el desglose del uso de los fondos presentado indica que a ese rubro se destinaron $2 mil 73 millones.

De los recursos autorizados a las entidades públicas para atender la emergencia nacional $1 mil 621 millones corresponden a 2020. Mientras que $1 mil 923 millones al año recién pasado.

Carrizo agregó que el monto asignado al Ministerio de la Presidencia para enfrentar la pandemia durante 2020 y 2021 fue de $465 millones 275 mil 640 con 80 centésimos. De estos, $462 millones 503 mil 500 con 27 centésimos se utilizaron para cubrir los gastos durante el estado de emergencia, añadió.

Por medio de la Resolución de Gabinete No. 130-21, el pasado 30 de diciembre, a través del Consejo de Gabinete, se declaró concluido el término para la utilización del procedimiento especial para la adquisición de bienes y servicios durante la pandemia de la Covid-19.

La Asamblea Nacional de Panamá instaló su nuevo periodo de sesiones ordinarias el pasado domingo 2 de enero. Crispiano Adames, presidente del órgano legislativo, estuvo a cargo de la instalación de las sesiones.

Al respecto, Miguel Fanovich, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, destacó el fin de semana que serán varios los proyectos prioritarios a discutirse en 2022.

Fanovich mencionó el proyecto de ley 625. Dicha normativa adopta en Panamá la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos. Además mencionó la iniciativa de reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Otro punto que consideró de prioridad para el legislativo es la reforma a la ley de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Sobre los temas de interés para el órgano legislativo, Adames coincidió con lo expuesto por Fanovich. También mencionó las iniciativas de la extinción de dominio, las reformas al reglamento interno de la Asamblea y la descentralización de los gobiernos locales.

Además, mencionó las propuestas relacionadas a la estabilidad de los trabajadores del Canal de Panamá, el establecimiento del 20 de diciembre como día de duelo nacional y la designación del conflicto de interés en el sector público.

“Trabajemos en conjunto para generar los consensos necesarios que nos permitan fortalecer la institucionalidad, dinamizar la economía y alcanzar un nivel superior de bienestar humano para nuestro pueblo”, expuso Adames en su discurso de instalación. .

En Centroamérica se continúan cimentando los ataques contra la libertad de expresión. Así lo expuso la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios). La organización destaca la complicada situación que se vive en el istmo. Sobre todo en Nicaragua.

Empero, recalca que si bien Nicaragua «se convirtió en una dictadura sin atenuantes”,  “sus prácticas lamentables fueron replicadas por sus países vecinos”. En referencia a El Salvador y Guatemala. De acuerdo a Fundamedios el objetivo es claro: “callar a las voces disidentes».

“La libertad de expresión retrocedió en 2021 en las Américas, incluido Estados Unidos, con al menos 30 periodistas asesinados y el ´mal ejemplo´ de Nicaragua que siguieron El Salvador y Guatemala”, denunció la institución al cierre del año pasado.

Fundamedios expuso que en Nicaragua el 2021 cerró con más de 160 presos políticos. Además del exilio forzoso de 45 periodistas. Sobre el caso salvadoreño, destacó como punto negativo la propuesta del gobierno sobre la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

La organización señaló que el discurso estigmatizante de Nayib Bukele «llegó hasta a involucrar a medios en delitos de evasión tributaria y obligar a sus periodistas a salir del país».

Sobre Guatemala, expuso que la administración de Alejandro Giammattei «ha significado un grave retroceso en el respeto a los derechos fundamentales”.

Fundamedios destacó que la denominada Ley de las ONG pretendió generar «una ley mordaza». Además, tildó de “relevantes” los ataques dirigidos  a los medios de comunicación comunitario. Asimismo, la institución elevó una advertencia y denunció las acusaciones por «sedición, incendio y robo agravado» realizadas contra periodistas.

El otro país que integra el Triángulo Norte también ha sido parte de esta espiral de acoso. Para Fundamedios, Honduras vive “un ciclo de agresiones a la libertad de expresión».

Al respecto destacó la entrada en vigor de un nuevo código penal por medio del cual se regula la injuria y la calumnia. Al respecto, exponer que según estándares internacionales, deberían estar bajo el derecho civil.

En Nicaragua, Guatemala y El Salvador, sus líderes «se han encargado de desacreditar la labor de la prensa, lo que se ha materializado en ataques y agresiones, protagonizadas por simpatizantes, en contra de periodistas», sentenció Fundamedios.

Y afirmó que es un escenario que se replica en las Américas, donde «proliferan» los líderes políticos con discursos basados en ataques a la prensa.

Los cambios en las normativas relacionadas al área financiera continuarán en El Salvador. Así lo indicó el presidente del país el pasado fin de semana. Por medio de sus redes sociales, Nayib Bukele dijo que el Ejecutivo prepara un nuevo paquete de iniciativas al órgano Legislativo.

La indicación del mandatario surgió como respuesta a una publicación en Twitter de la revista Forbes Centroamérica. “Un mercado de deuda de Centroamérica puede ser una realidad para marzo de 2022, y para el BCIE solo hay tres países con las condiciones para tener su sede: El Salvador, Panamá y República Dominicana”, colocó la revista.

Ante dicho tuit, el presidente de El Salvador respondió diciendo que mandarán 20 leyes a la Asamblea Legislativa. Con ello alegó que el país debería ser elegido como sede. “Con las 20 nuevas leyes que enviaremos a la Asamblea Legislativa, sobre innovación y libertad financiera, lo lógico es que sea en El Salvador”, replicó Bukele.

Al respecto, el mencionado mercado comenzaría operaciones con el dólar como moneda. En este se integrarían, además de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Si bien el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no descarta incorporar colocaciones de entes privados, en principio sus operaciones se enfocarán en emitir deuda soberana.

Ley de valores digitales

Previo al anuncio del presidente de El Salvador, Samson Mow, ejecutivo de Blockstream, indicó en Twitter que en El Salvador se prepara una ley de valores digitales.

Cabe destacar que Blockstream es una de las firmas que tiene a cargo la estructuración de la emisión de $1,000 millones en bitcoin que el mandatario salvadoreño anunció en noviembre del año pasado.

Respecto a esta ley de valores digitales, permitiría tomar activos como deuda o fondos y “tokenizarlos” con la tecnología de Blockchain. De este modo podría conseguir financiamiento.

Sobre este punto se refirió la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga. Al cierre del año anterior, la diplomática dijo que en 2022 se aprobará en la Asamblea Legislativa una nueva normativa de movilización de dinero.

En entrevista televisiva, Mayorga expuso que con esta nueva ley se facilitará “la movilización del dinero a través, incluso, de inversiones”. Es una “ley especial donde se les va a incentivar”, recalcó.

El Estado guatemalteco fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). De acuerdo al organismo, el Estado violó la libertad de expresión de tres pueblos indígenas luego de la persecución penal y los allanamientos realizados en radios comunitarias.

Por medio de un comunicado, la Corte-IDH indicó que «encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas maya» kaqchikel, achí y mam.

«La Corte determinó que la forma por la cual se encuentra regulada la radiodifusión en Guatemala consiste en una prohibición de facto, casi absoluta, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas», añadió.

La sentencia del organismo explica que las radios Ixchel y Uqul Tinamit La Voz del Pueblo fueron allanadas en 2006 y 2012 por «autoridades estatales como resultado de órdenes judiciales dictadas en el marco de procesos penales».

«Sus equipos de transmisión fueron confiscados y algunos de sus operadores, miembros de las respectivas comunidades, fueron procesados criminalmente», recalca el texto.

Las acciones violaron los derechos de los pueblos indígenas en los municipios de Sumpango, Cajolá, Todos Santos Cuchumatán y San Miguel Chicaj, detalló la Corte-IDH.

Como medidas de reparación ante estos hechos violatorios, la Corte-IDH ordenó «reservar a las radios comunitarias indígenas parte del espectro radioeléctrico». Además de  «abstenerse inmediatamente de (…) allanar dichas radios y aprehender sus equipos de transmisión».

«En Guatemala se encuentran un aproximado de 424 emisoras de radio licenciadas en frecuencia FM y 90 en frecuencia AM, de las cuales, una es emisora comunitaria indígena. Por otro lado, existen diversas radios comunitarias operadas por pueblos indígenas que no cuentan con licencia del Estado para su funcionamiento», expone la Corte.

En Panamá, diversos gremios de periodistas y medios de comunicación denunciaron nuevas amenazas de represión al ejercicio periodístico. Señalan que el objetivo de reprimir la libertad de expresión es silenciar la opinión pública.

Por medio de una conferencia en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Guillermo Antonio Adames, presidente del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), expuso que “la libertad de expresión y el derecho de la ciudadana de escoger cómo informarse ha estado bajo ataque”. Al respecto, agregó que “llegó el momento de poner un alto al acoso”.

Dentro del pronunciamiento, suscrito también por el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR), señalan la vulneración del sistema judicial por parte de la “clase política y empresarios corruptos”.

Sobre este punto, Adames añadió que hay precedentes que demuestran la vulnerabilidad del sistema judicial. Además de la incapacidad del gobierno para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a expresar opiniones sobre la cosa pública. 

“No nos quedaremos callados ante nuevas amenazas para reprimir el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión para todos los ciudadanos en Panamá”, recalcó Adames. quien reiteró que dichos principios no solo están  establecidos en la Constitución como “una garantía fundamental de los ciudadanos, sino también en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es signataria”.

Por otro lado, señaló que en Panamá se permite la penalización de la calumnia y la injuria y no establecen límites en las cuantías para las demandas civiles y secuestros judiciales por supuestos daños morales.

Asimismo, cuestionó la permisividad para el secuestro de bienes de propiedad de medios de comunicación y el uso de argumentos confusos relacionados a delitos como violencia de género, violencia política y maltrato de menores para procesar penalmente a ciudadanos.

De acuerdo a Adames, estas “deficiencias institucionales”  tienen como objetivo “silenciar la opinión pública” y permitir de manera sistemática el “acoso, la persecución, la intimidación y las amenazas”.

La organización Human Right Watch (HRW) señaló que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y las instituciones del Estado están violando el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía. Esto a raíz de los múltiples bloqueos de redes sociales que el mandatario y las carteras de gobierno hacen a personas y organizaciones que hacen cuestionamientos a la actual administración. 

Un informe de HRW indica que las “autoridades de El Salvador, incluido el presidente Nayib Bukele, están bloqueando a personas críticas del gobierno en redes sociales (…) Estos bloqueos constituyen una violación de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y a participar en el debate público».

Human Right Watch recalca que estos bloqueos, que incluyen a periodistas,  abogados y activistas, transgreden la libertad de expresión y el derecho a la información pública. Lo anterior basado en la relevancia que da el presidente al uso de los medios digitales para transmitir información sobre sus decisiones y políticas públicas.

Al respecto, el investigador sénior para las Américas de HRW, Juan Pappier, aseguró que la cantidad de personas que han sido bloqueadas por el presidente salvadoreño puede ser más alta que la detectada por la organización. HRW ha identificado 91 cuentas bloqueadas por el gobierno, la mayoría en Twitter.

Además de las cuentas del mandatario, otras instancias gubernamentales que han bloqueado a la población en redes sociales son la Secretaría de Prensa, la Secretaría de Comunicaciones y la oficina de Casa Presidencial.

Pappier manifiesta que detrás de estos bloqueos hay una “estrategia más amplia del gobierno para silenciar a críticos” y de este modo “reducir la transparencia”.

“El presidente Bukele utiliza las redes sociales como uno de los principales medios de comunicación para anunciar decisiones gubernamentales e interactuar con el público, a tal punto que su cuenta de Twitter prácticamente se ha convertido en el Diario Oficial de El Salvador”, expuso Pappier.

El investigador añade que al bloquear a las personas con las que no está  de acuerdo, el presidente “les niega el acceso a información pública y restringe su interacción con los funcionarios que las representan”. A su juicio, esto impide la participación en el debate público, lo que viola su libertad de expresión y discrimina sus opiniones.

En el caso de las personas bloqueadas que se desempeñan como periodistas, estos se ven inhabilitados para solicitar información y hacer preguntas. Con lo que se viola la libertad de prensa.

En Guatemala, organizaciones civiles, como Acción Ciudadana y la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad, han señalado lo que consideran la “institucionalización” de la corrupción en el Estado.

A través de un comunicado recalcaron su rechazo a la corrupción “que merma nuestra débil democracia”. Las organizaciones denuncian que “la alianza oficialista, conformada por el pacto de corruptos que ha cooptado los poderes del Estado y los órganos de control, como la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, durante el año 2021  han impulsado una agenda marcada por la corrupción, la impunidad y la violación de Derechos Humanos”.

Las organizaciones civiles señalan entre estas acciones la destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, licenciado Juan Francisco Sandoval, por parte de la fiscal general, Consuelo Porras.

Asimismo, cuestionan lo que denominan “criminalización selectiva” de parte del Ministerio Público, jueces y magistrados pro corrupción contra defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas que se manifiesten contra el accionar del gobierno.

Otro punto es el retraso “malicioso” en el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Para las organizaciones, este aspecto permite que los magistrados actuales hayan nombrado ilegal e ilegítimamente a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, “para mantener el manto de impunidad a favor del pacto de corruptos”.

Además, exponen la aprobación de un presupuesto general de la Nación desfinanciado, con mínima inversión pública y que no está apegado a la realidad nacional. Indican que el plan de gasto prioriza “grandes bolsos de corrupción”, y mencionan a “la cartera de Comunicaciones, los concejos departamentales de desarrollo y el seguro médico escolar”, entre otros.

“Estos actos de corrupción han acentuado la crisis generada por el covid-19 en materia democrática y de desarrollo económico social que se reflejan en mediciones internacionales como el Índice de Percepción de Corrupción, que califica a Guatemala con una puntuación de 25/100”,  posicionando al país en la casilla 149 de 180 países en el mundo, junto a naciones como Haití y Nicaragua, añaden las organizaciones.

Edi Cux, director jurídico de Acción Ciudadana, mencionó que eso provoca que el país esté en una de las situaciones más difíciles de los últimos años en cuanto a niveles de pobreza, desnutrición y muerte. “El 2021 ha sido el año en que el gobierno ha institucionalizado la corrupción no solo en el Ejecutivo, sino en todos los poderes del Estado”, recalcó.

Durante su participación en una entrevista televisiva, el asesor jurídico de la Presidencia de El Salvador, Javier Argueta, instó a los funcionarios del gabinete señalados por actos de corrupción que “actúen” contra quienes dañen su honor realizando investigaciones o publicaciones sobre las sanciones impuestas por los Estados Unidos.

Argueta hizo referencia a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra la jefa de gabinete, Carolina Recinos; el director de Centros Penales, Osiris Luna; y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín.

Los documentos  difundidos por las autoridades norteamericanas señalan a Luna y Marroquín como operadores del pacto entre el gobierno de Nayib Bukele con las pandillas MS-13 y Barrio 18. En el caso de Carolina Recinos, ha sido sancionada por comandar un esquema de corrupción durante la pandemia.

“Yo recomendaría a los funcionarios de gobierno que ejerzan acciones correspondientes, posiblemente no contra un país, pero posiblemente sí contra quien lo escribe, porque tenemos leyes que protegen el honor», expuso en la entrevista.

El asesor jurídico de Presidencia agregó que el gobierno estadounidense “dañó el honor” de los funcionarios sancionados. Por tanto, los instó a analizar si se tomarán acciones internacionales o en tribunales en los Estados Unidos ya que se vulneró “su derecho de audiencia y defensa”.

Argueta recalcó que la recomendación también abarca a las personas que escriben en El Salvador sobre estos señalamientos, incluso si las fuentes son del gobierno de los Estados Unidos.

“Jamás va a haber protección ni de libertad de expresión ni de libertad de información cuando se daña el honor», añadió Argueta.

“Ahora es delito señalar la corrupción. No sorprende. Un gobierno corrupto que tiene todos los poderes bajo su control, prefiere silenciar o culpar a otros antes que investigarse a sí mismo”, colocó en sus redes sociales la diputada Anabel Belloso.

Consultado sobre si los funcionarios serán separados de sus cargos, Argueta aseguró que no, ya que estos son “señalamientos” del gobierno de Estados Unidos. Agregó que en caso se inicie un proceso penal contra ellos “habría que ver”, y que si las autoridades norteamericanas presentan pruebas, el proceso se desarrollará allá.

En Panamá, el programa Capital Semilla es un fondo no reembolsable destinado para emprendedores. De acuerdo a la Ley 72 del año 2009, que regula a las micro, pequeñas y medianas empresas, para acceder a este fondo el solicitante deberá cumplir con la capacitación y la fiscalización que le seguirá la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).

Reportes de prensa en Panamá señalan que en una década (2009-2019), el programa ha desembolsado un total de $11.6 millones. Con dichos montos se han beneficiado a más de 17,000 personas. De acuerdo a la Ampyme, desde el año 2019 a la fecha, la actual administración ha realizado la entrega de $6.2 millones en concepto del programa. Para el caso, se ha logrado alcanzar a 3,808 emprendedores, señala.

Empero, no existe un informe que permita evaluar la eficacia del programa Capital Semilla. Mismo que desde 2009 ha desembolsado $17.8 millones y beneficiado a más de 21,000 personas, según reportes.

Al respecto, medios locales señalan que el director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Óscar Ramos, se ha negado a mostrar información que corrobore el alcance y eficacia de los montos erogados para el plan Capital Semilla.

La negativa del director de la Ampyme choca con lo estipulado por la ley, que obliga al funcionario a proporcionar y divulgar los datos al respecto. Mismos que la institución mantiene ocultos.

La entidad se ha negado a brindar información relacionada a los beneficiarios, la ubicación de estos, los montos que se han asignado, el ramo de negocios a los que pertenecen y datos sobre los comités de evaluación de los emprendimientos.

Para bloquear el acceso a esta información, la entidad se ampara en la Ley de Protección de Datos y el Código de Comercio, indica el periódico La Prensa.

El mes pasado, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó la inyección de $10 millones adicionales a la Ampyme. Cabe destacar que la mayor parte de dichos fondos están destinados a Capital Semilla. Al respecto, el medio menciona que se solicitó al director de la entidad información acerca del detalle del uso de presupuesto adicional asignado. Empero, tras tres semanas, el funcionario no proporcionó los datos.