La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), denunció «deplorables condiciones» de los opositores detenidos en Nicaragua.

De acuerdo con el órgano de la OEA, las autoridades nicaragüenses deben liberar a todos los capturados de manera arbitraria en el marco de la crisis desatada tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018.

Ante ello, la CIDH llamó al gobierno de Daniel Ortega a liberar a quienes fueron capturados «arbitrariamente». Además, piden al Ejecutivo que deben garantizarle el debido proceso y el acceso a una defensa adecuada. Así como «cesar todo hostigamiento en su contra».

Según cifras de la CIDH, al 31 de diciembre recién pasado, unas 160 personas seguían detenidas en Nicaragua desde las protestas de abril de 2018.

«El pasado 4 de enero, familiares denunciaron públicamente la persistencia de tratos crueles e inhumanos; insalubridad en celdas; despojo de pertenencias; falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; falta de atención médica adecuada, oportuna y especializada; así como de medicamentos», recalcó la CIDH.

Asimismo, el organismo indicó que algunos de los detenidos, entre ellos líderes estudiantiles, presentan un estado de salud crítico. Además, señaló represalias contra mujeres «por su importante rol de liderazgo en el país».

Por su parte, Daniel Ortega, que está en el poder desde 2007, y quien asumió un segundo mandato el 10 de enero tras lograr la reelección en unas cuestionadas elecciones, ha manifestado que los opositores presos son «criminales» que planeaban un golpe de Estado con apoyo de los Estados Unidos.

Entre junio y diciembre de 2021, más de 40 críticos del gobierno de Ortega fueron detenidos en Nicaragua, entre ellos siete potenciales contrincantes electorales del mandatario. A ellos se añaden las 120 personas aprehendidas desde las protestas de 2018.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central, República Dominicana y el Caribe (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron a El Salvador a realizar una investigación por el espionaje a periodistas con el software Pegasus.

De acuerdo con un informe del laboratorio Citizen de la Universidad de Toronto y la iniciativa Access Now, los teléfonos móviles de al menos 35 miembros de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador fueron intervenidos con el referido software malicioso.  

Según el peritaje, de las 35 personas, al menos 22 son miembros periódico digital salvadoreño El Faro. Y de estos, 19 se encontraban bajo medidas cautelares de la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desde enero del año pasado.

Por medio de un comunicado publicado este lunes 31 de enero, la CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la OACNUDH llaman a El Salvador «a investigar los hechos denunciados». Además, recalcan que debe «velar por la protección de la integridad de las víctimas».

Agregan que el gobierno debe proporcionar libertad de expresión y el derecho a la privacidad, “en particular respecto del ejercicio del periodismo y de la labor de las y los defensores de derechos humanos».

Asimismo, las organizaciones solicitaron “investigaciones conducidas con la debida diligencia y que sean completas, efectivas e imparciales».

De acuerdo con el documento presentado, El Salvador afirma que el origen de las “intervenciones es desconocido”. Razón por la que se encuentra desarrollando las investigaciones correspondientes. Esto con el objetivo de determinar la responsabilidad y autoría de los referidos hechos, mismo que “habrían vulnerado también dispositivos y comunicaciones de funcionarios estatales», añade el documento.

Además, la CIDH, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la OACNUDH solicitan una moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y uso de la tecnología de vigilancia hasta que «se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos».

De acuerdo con un informe de Human Rights Watch (HRW), El Salvador se ubica dentro de una lista de países que son considerados como gobernados por autócratas. Esto a raíz de las decisiones tomadas por el gobierno, las cuales han sido consideradas como atentatorias contra la independencia judicial, la separación de poderes y la libertad de prensa.

El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, indica que la democracia está ante una clara afrenta debido a tendencias autocráticas que aparecen desde diferentes países. Así lo recoge el más reciente informe de la organización. En el documento la institución presenta un análisis sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.

De acuerdo con Roth, «la sabiduría convencional en estos días es que la autocracia está en ascenso, la democracia en declive. Ese punto de vista cobra vigencia a partir de la intensificación de la represión de las voces de la oposición en China, Rusia, Bielorrusia, Myanmar, Turquía, Tailandia, Egipto, Uganda, Sri Lanka, Bangladesh, Venezuela y Nicaragua”.

El director de HRW recalcó que lo anterior “obtiene sustento del surgimiento de líderes con tendencias autocráticas en democracias una vez o aún establecidas como Hungría, Polonia, Brasil, El Salvador, India, Filipinas y, hasta hace un año, los Estados Unidos».

HRW menciona como punto preocupante en este escenario las recurrentes violaciones a derechos humanos que suceden en los países que son gobernados por personas con tendencias autocráticas. En el informe en cuestión, la institución hace un análisis de las acciones ejecutadas por el gobierno salvadoreño. Mismas que considera representan un socavamiento a la democracia nacional.

Asimismo, Roth reprochó la falta de acción de los gobiernos ante los mandatarios autócratas en ascendencia en las naciones de occidente. «Fuera de occidente, los gobiernos han tomado al menos alguna acción por la democracia contra los golpes militares abiertos», expuso, y señaló casos como Myanmar, Sudán, Guinea y Malí.

Empero, recrimina que «no han mostrado un interés comparable en abordar los derechos endémicos, abusos de líderes autocráticos de larga data”.  «La Organización de Estados Americanos se ha alzado contra las dictaduras de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua pero aún da un pase a las tendencias autocráticas de Bolsonaro en Brasil y el presidente Nayib Bukele en El Salvador», señala.

La Asamblea de Honduras vive un periodo de exaltación a pocos días de la toma de posesión de la presidenta electa, Xiomara Castro. El Congreso hondureño nombró ayer a dos presidentes por medio de ceremonias separadas. Situación que siembra incertidumbre antes de la asunción de Castro.

Un total de 18 parlamentario disidentes del partido Libertad y Refundación (Libre), al que pertenece Castro, con el apoyo de formaciones de derecha, eligieron a Jorge Cálix como presidente del Congreso. Por su parte, en paralelo, diputados de Libre que se mantienen alineados a Castro nombraron a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), como titular del legislativo.

Al respecto, Eugenio Sosa, analista y profesor de Sociología de la Universidad Nacional, considera que lo que se viene es una crisis de “altas dimensiones”. Peligra que ni tome posesión Xiomara Castro», expuso en declaraciones a agencias de noticias internacionales.

Por su parte, Raúl Pineda, analista y exdiputado, opina lo contrario. En su opinión, la presidenta electa «no está en riesgo”, sino que «se está consolidando».

De acuerdo con una alta fuente judicial -que pidió reserva de su nombre-, en declaraciones a la prensa, expuso que una juramentación de Xiomara Castro ante Luis Redondo «puede ser considerada ilegal». El señalamiento de la fuente se basa en que la jura el pasado viernes de Jorge Cálix como presidente provisional del Congreso contó con el aval en un acta del ministro de Gobernación, Leonel Ayala. Situación que “le da legalidad».

Acerca de la legalidad de la designación de Cálix, el analista Eugenio Sosa añadió que la votación de los disidentes fuera del Congreso tenía más diputados titulares. Este es un punto que le otorga «legalidad».

Empero, señala que será la presidenta electa quien no va a ceder. “Ella va a reconocer a Redondo, va a mandar a publicar en La Gaceta los decretos aprobados por Redondo. El Ejecutivo es el que manda a publicar en La Gaceta», mencionó.

«Reconozco la presidencia del Congreso encabezada por el diputado Luis Redondo, le invito a mi juramentación junto al pueblo el 27 de enero», apuntó Xiomara Castro en Twitter.

La presidenta electa, además, aprovechó para felicitar a los “diputados que rechazan 12 años de redes de corrupción” del presidente actual, Juan Orlando Hernández.

De acuerdo a Castro, los diputados disidentes de su partido se aliaron con el PN con la intención de impedirle el desarrollo de las transformaciones que prometió durante la campaña presidencial.

Días atrás, el Congreso costarricense aprobó la legalización del cultivo, producción, industrialización y comercialización del cáñamo y del cannabis medicinal. La normativa recibió el aval tras tres años de discusión. Empero, el gobierno aún no ha anunciado si sancionará o vetará la medida. Mientras, las presiones de diversos sectores continúan: unos para que se ratifique y otras pidiendo un paso atrás.

Al respecto, el presidente costarricense, Carlos Alvarado, está siendo presionado por los diputados de su partido para que firme el proyecto de ley.  Durante la sesión plenaria el lunes 24 de enero, Laura Guido Pérez, jefa de la bancada de Acción Ciudadana (PAC), instó al mandatario a sancionar la ley que se aprobó en el pleno el pasado 13 de enero.

La parlamentaria argumentó que la normativa permitirá combatir el mercado ilegal. Además de brindar acceso a las personas con enfermedades crónicas y tratamientos alternativos. Asimismo, señaló que se beneficiará al sector productivo por medio de la generación e investigación de este mercado.

“Por razones de índole humanitario, las personas que más necesitan estos tratamientos son las que acceso tiene a ellos debido a la forma en la que está en este momento construido el mercado”, explicó. Y señaló que por esa razón las personas se arriesgan avocándose a mercados ilegales.

Guido añade que es el mercado productivo el que está quedando fuera. “Sabemos que estos productos están para arriba y para abajo en nuestro país, pero no es el sector productivo el que se beneficia de las oportunidades de producir, investigar y desarrollar”, expuso.

Iglesia pide reflexionar la medida

Por su parte, la Iglesia Católica solicitó al gobierno y a los parlamentarios “reflexionar” sobre el proyecto de ley que se aprobó en segundo debate. José Manuel Garita, presidente de la Conferencia Episcopal, considera que la normativa contiene disposiciones que presentan riesgos para la salud y la seguridad pública, además de algunas incongruencias.

La Iglesia argumenta que puede darse un “difícil control de las plantaciones ilícitas”. Además, indica que teme que “un cultivo descontrolado de cannabis psicoactiva” provoque un “grave daño a la salud pública”.

El gobierno ha señalado que enviará a la Asamblea una contrapropuesta. Empero, la oposición considera que es un mecanismo para justificar un eventual veto al proyecto.

Javier Argueta, asesor jurídico de Casa Presidencial, aseguró que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no pretende promover su reelección. Esto pese a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dio luz verde para que se postule como candidato en 2024.

En un fallo dirigido al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la CSJ avaló el 3 de septiembre de 2021 que «una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión».

Bukele no se ha pronunciado sobre la resolución. Al menos no de momento. Empero, su asesor jurídico adelantó que el presidente «nunca ha tenido la intención» de promoverse a sí mismo para un nuevo período en Casa Presidencial.

Durante su participación en una entrevista televisiva, Argueta recalcó que el presidente salvadoreño no tiene el deseo de postularse. Pero añadió que es “la población” la que pide su reelección.

“La gente lo pide. Además, más del 90 % de la población, sin duda, quisiera que él se inscriba” como candidato presidencial en 2024, expuso Argueta.

De acuerdo con el asesor jurídico de la Presidencia, Bukele «sin duda» estudiará el tema de la reelección «en su momento. Pero enfatizó que «es un tema que se ha dado por la Sala de lo Constitucional».

La decisión de la Sala de lo Constitucional no pasó desapercibida por diversos sectores nacionales y a escala internacional. De hecho, esta generó preocupación incluso en el gobierno de los Estados Unidos, que la consideran como una medida inconstitucional.

De hecho, la exencargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, condenó la resolución. «Es claramente contraria a la Constitución salvadoreña, que establece que la reelección inmediata no está permitida», dijo en su momento.

La semana pasada, los diputados costarricenses aprobaron la legalización del cultivo, producción, industrialización y comercialización del cáñamo y del cannabis medicinal. El aval a la normativa se dio tras tres años de discusión del proyecto en el Congreso de Costa Rica.

La diputada Zoila Volio, impulsora de la iniciativa, manifestó estar sumamente satisfecha “después de un larguísimo camino y múltiples atrasos”.  “Tenemos el proyecto aprobado (…) va a generar reactivación económica, va a abrir oportunidad al país para generar inversión y eso va a generar empleo», recalcó.

Volio hizo énfasis en que lo más importante de la aprobación es que los pacientes crónicos conseguirán un medicamento de calidad y a un precio razonable.

La propuesta de legalización del cannabis fue promovida por la parlamentaria en 2019. Empero, una serie de obstáculos en la Asamblea Legislativa, con diputados que se oponían a la medida, sumado al Ejecutivo, que no lo vio como un tema relevante, provocó que tuviera pocos avances hasta la fecha.

Datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) señalan que para el 2025 el mercado mundial del cáñamo y el cannabis medicinal moverá $35,000 millones anuales.

A escala mundial, hay más de 20 países que permiten esta actividad, varios de ellos en América Latina: Argentina, Chile, Panamá, México, Colombia.

Tras el aval del Congreso, solo falta que el presidente costarricense, Carlos Alvarado, estampe su firma para convertir la iniciativa en ley. El mandatario aún tiene la potestad de vetar el decreto o emitir un veto parcial. Sobre este punto, el Ministerio de Salud ha manifestado dudas acerca de algunos puntos de la ley.

El principal cuestionamiento ha sido que permite el cultivo propio de personas diagnosticadas como pacientes.

Volio y otros legisladores que votaron a favor de la legalización del cannabis exigen que se respete la decisión de la Asamblea.

La Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial obtuvo 29 votos a favor y 10 en contra, con 39 diputados presentes de los 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Tras la denuncia en un informe canadiense sobre el uso del software Pegasus en El Salvador, el gobierno de los Estados Unidos tildó como «preocupante» el presunto espionaje a periodistas y activistas en el país.

«Preocupantes los reportes de espionaje telefónico a periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil» en El Salvador, dijo Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, en Twitter.

De acuerdo con el periódico digital El Faro, citando un informe del laboratorio Citizen de la Universidad de Toronto, que se especializa en ciberseguridad, 22 miembros de su personal fueron intervenidos con Pegasus, de la empresa israelí NSO Group. Añaden que las intervenciones se dieron 226 veces entre el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021.

El diario señala que «los teléfonos de las jefaturas editoriales, periodistas y personal administrativo fueron intervenidos en algunos casos hasta por un año y de forma constante”.

Los señalamientos fueron negados por el gobierno. «Reitero que el gobierno de El Salvador no tiene los recursos ni las licencias para utilizar este tipo de software», señaló la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, en un comunicado.

Esta denuncia, de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, indica que en El Salvador se pretende callar a las voces críticas. 

«Nos oponemos a los esfuerzos para silenciar voces críticas. Libertad de Expresión y medios independientes son esenciales para cualquier democracia», insistió Nichols en redes sociales.

Durante los últimos meses las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador se han mantenido tensas. De hecho, Washington cortó la ayuda a través de USAID y la redireccionó a la sociedad civil para la lucha contra la corrupción.

Confirman uso de Pegasus

Por su parte, Amnistía Internacional indicó que verificó el «uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas» y activistas de derechos humanos en El Salvador.

Por medio de un comunicado, el organismo expuso que «una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab ha identificado el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador”.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, recalcó que “el uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador devela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país».

El activista social Marvin Pleitez presentó en la Asamblea Legislativa una propuesta de modificación al Código Penal. La iniciativa se refiere específicamente a los artículos 341 y 342.

Las modificaciones solicitadas por Pleitez establecen sanciones para toda aquella persona, natural o funcionario público, que promueva la reelección presidencial en El Salvador. En el caso de las personas naturales, las condenas serían de cinco años de prisión. Mientras que para los funcionarios públicos las penas oscilarían entre los ocho a 10 años.

Actualmente el artículo 341 señala que serán sancionados con prisión de diez a quince años quienes, sin desconocer la autoridad del Gobierno constitucional, se alzaren pública y tumultuariamente para conseguir con violencia cualquiera de los objetivos siguientes: impedir, por actos directos, la promulgación o ejecución de las leyes o la celebración de un acto eleccionario o del escrutinio.

Mientras que el artículo 342 establece que la proposición y conspiración para cometer los delitos de rebelión o sedición serán sancionadas con prisión de seis meses a dos años. Si el autor fuere funcionario o empleado público agente de autoridad o autoridad pública, se le impondrá además inhabilitación absoluta del cargo o empleo por el mismo término.

El ciudadano señaló que el motivo principal de su propuesta es la inconformidad con las prácticas y políticas del gobierno salvadoreño. Principalmente en el tema electoral. Recalcó que no es la única persona inconformes “con muchas de las imposiciones que este gobierno ha estado haciendo”.

La propuesta de Pleitez fue acompañada por la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS. De acuerdo con la parlamentaria, abrir la puerta a la reelección implicaría un camino sin retorno.

Ortiz dijo que la iniciativa representa a los grupos “que no están de acuerdo, a los grupos decepcionados, a los grupos que desean que el poder se ejerza de una manera abierta”.

“Si permitimos la reelección, no hay vuelta atrás. Cuando te sientas defraudado y traicionado, no habrá manera de cambiar al que esté en el poder”, indicó Ortiz.

“Nunca la indulgencia con los gobernantes ha llevado a algo bueno. Por eso he acompañado esta propuesta ciudadana”, agregó.

Insumo de debate

Para la diputada Ortiz, la propuesta de modificación al Código Penal plantea un importante insumo para el debate nacional.

“La propuesta es importante como un insumo a un debate nacional. Las personas no se deberían de reelegir en la presidencia. Así funciona la democracia. Es importante que no tengamos miedo de defender esa democracia», enfatizó.

Las autoridades costarricenses adoptaron nuevas restricciones a ciertas libertades de los ciudadanos. El gobierno de Costa Rica argumenta que la razón es el acelerado incremento de casos de covid-19 en las últimas semanas.

«El Gobierno anunció la necesidad de acciones rápidas y concretas ante el reto de la velocidad de contagio de la variante (ómicron), la cual ha hecho que en países europeos y norteamericanos los picos de contagios sean hasta cinco veces más altos», indicó el gobierno en un comunicado.

Las medidas restrictivas estarán vigentes del martes 11 al domingo 23 de enero. Entras las disposiciones adoptadas están el cierre de salas de cine, teatros, actividades académicas y espacios de culto. Además de la prohibición de público en eventos culturales y deportivos.

Asimismo, se estableció que ningún vehículo particular tendrá el derecho de circular en el país entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.

La reacción de las autoridades costarricense se ampara en que en los primeros siete días del 2022 se registraron 11,999 contagios. La cifra representa la misma cantidad de casos registrados durante los meses de noviembre y diciembre. En dicho periodo se contabilizaron 12,200 casos positivos.

Además, algunas medidas previas, como el aforo de 50 % para restaurantes y bares, continuarán vigentes. A las que se sumarán las nuevas restricciones.

Llamado a vacunarse

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para acudir a los centros de vacunación. Añaden que son alrededor de 320,000 personas las que aún ninguna dosis contra el virus.

Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indicó que el país podría alcanzar los 5,000 casos diarios esta semana.

La institución agregó que un 69 % de la población (5 millones de habitantes) ya tiene ambas dosis, el 77 % tiene una dosis y un 8 % cuenta con las tres.

Al respecto, el lunes se inició el proceso de inoculación para niños entre los 5 y los 11 años. Este grupo etario no había tenido acceso a la vacuna desde que arribó al país en diciembre de 2020.

Sobre ese punto se manifestó dijo el presidente Carlos Alvarado. «Este es un momento de felicidad y de ilusión para los padres que tenemos hijos e hijas en edades de cinco a 11 años. Este es un escalón más en el camino para salir de la pandemia porque amplía la población costarricense protegida», expuso.