Para el mes noviembre se analizaron un total de siete medidas para la herramienta del Libertómetro. Costa Rica resultó con una calificación de -21.40% demostrando el continúo desempeño negativo para la defensa de la libertad. Las siete fueron emitidas por el Órgano Ejecutivo.

La calificación de las medidas negativas, cuatro en total, también se comporta de manera uniforme. El promedio de estas fue de -2. Dentro de estas acciones se destacan las ya conocidas restricciones sanitarias, también la restricción de ingreso a los extranjeros tanto en turismo como en lo laboral, un nuevo incremento en los impuestos del combustible en detrimento de los consumidores y para terminar una ley que buscar “motivar” la industria nacional pone como requisito en la evaluación de las compras privadas que el 10% de dicha calificación corresponda a productos manufacturados nacionalmente, evitando así que el estado pueda tener ahorro sustanciales o considerables en las compras estatales si los productos importados sean más baratos.

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En cuanto a la medida calificada de manera neutral es un decreto que crea la Estrategia nación de Redes Eléctricas Inteligentes, si bien es cierto puede ser bueno pero también seguimos sin la apertura necesaria en el mercado eléctrico.

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Las medidas positivas corresponden a evitar que se pida obligatoriamente el código QR de esquema de vacunación completa en todos los comercios y así mismo se logra la apertura a la realización de eventos masivo, sin dida alguna super necesario para la reactivación económica y la ampliación automática de los permisos a los dueños transporte de estudiantes ya que aun se desconoce cuales serán los condiciones y con ello es imposible presentar dichos contratos con los padres de familia.

Durante este mes nuestra asamblea continua con las sesiones convocadas por el ejecutivo donde única y exclusivamente se están discutiendo los préstamos con los entes internacionales.

Nos queda debiendo mucho el poder ejecutivo ya que tiene el control de la agenda del legislativo.

Durante el mes de noviembre en Guatemala se evaluaron un total de dos medidas, las cuales ambas son de carácter negativo, dejándola en el libertómetro con un -75% y posicionando con esa cifra a Guatemala en el último puesto en la región centroamericana.  De las medidas analizadas una pertenece al órgano legislativo y otro ejecutivo.

Durante noviembre se bajó período de tiempo de las restricciones en donde el toque de queda, restringiendo la circulación, se redujo de 30 a 15 días, aunque aún no se levantó la restricción va en buen camino.

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La medida negativa emitida por parte del ejecutivo dio peores resultados al ser una aprobación para intensificar la vigilancia epidemiológica por la variante ómicron de covid-19, haciendo con esto un cierre de fronteras de llegadas de áfrica, vulnerando así el turismo en Guatemala.

Por otro lado, se aprobó en el congreso un subsidio de tres meses para consumidores de gas propano. Para esto aseguraron un movimiento de presupuesto que se desconoce de dónde saldrá. Es un claro aprovecho irracional de fondos, dejando sin solución alguna en términos globales la razones de la implementación y sirviendo más que nada como una herramienta populista en momentos donde los ciudadanos están vulnerables.

Guatemala es un país que hasta la fecha continúa con una fuerte vista en la pandemia lo cual puede resultar contraproducente para su economía ya que está cada vez más cerrando las puertas y limitando libertades, y aún cuando hay momentos en los que se ven indicios de dejar de lado tantas restricciones, vuelven a retroceder ante cualquier noticia.

Con esto, nos queda claro que la agenda pública se está dejando influenciar por noticias que muchas veces son más alarmantes que ciertas, por lo que es un buen momento para analizar las diferentes medidas se están tomando y evaluar si éstas de verdad de ayuda ciudadana o son una herramienta de coacción ciudadana.

Ante las recientes reformas avaladas por la Asamblea Legislativa de El Salvador a la Ley de Delitos Informáticos y Conexos y al Código Procesal Penal, organizaciones internacionales de derechos humanos externaron su preocupación.

Señalan que dichos cambios normalizan “la vigilancia estatal”. Además, consideran que crean las condiciones idóneas para que se den abusos contra los ciudadanos, personas críticas y periodistas. Estos tras proporcionarle a la Fiscalía General de la República (FGR) amplios “poderes de investigación penal” sin restricción ni control.

El conglomerado de organismos insta al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, “a no sancionar las reformas al Código Procesal Penal”. Además, pidió que junto a la Ley de Delitos Informáticos y Conexos, ambas se sometan a un análisis. Asimismo, solicitan que cumplan con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El objetivo es impedir que sean utilizadas para la “persecución, vigilancia o silenciamiento” de ciudadanos o periodistas.

Por medio de una carta pública, las organizaciones Derechos Digitales América Latina, Human Rights Watch, la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ) de El Salvador, Acción Ciudadana de El Salvador y la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (TRACODA), indican que las reformas aprobadas por la Asamblea tanto al Código Procesal Penal como a la Ley de Delitos Informáticos “puede favorecer el abuso y la criminalización” de derechos legítimos de los ciudadanos. Además de “poner en riesgo la privacidad y la libertad de expresión en el país”, recalcan.

“La ambigüedad, imprecisión y amplitud de las reformas puede favorecer el abuso y la criminalización de actividades en ejercicio legítimo de derechos, así como poner en riesgo la privacidad y la libertad de expresión en el país, con graves consecuencias para su democracia”, reza parte de la misiva.

Explican que el artículo 25 de la Ley de Delitos Informáticos “pone en riesgo el ejercicio periodístico, la libertad de expresión, así como la protección de empleados de gobierno que revelan irregularidades” en el Estado. Esto debido a la criminalización de la obtención de información que el Gobierno pueda clasificar como confidencial.

Respecto a las reformas al Código Procesal Penal, señalan que estas “legalizan el empleo de técnicas de investigación y operaciones encubiertas invasivas a la privacidad y al derecho a la protección de datos personales, con la creación de una figura de ‘agente encubierto digital’ y la autorización de uso de herramientas de extracción de información”.

“No podemos dejar de señalar que, para dictar normas de esta naturaleza, es necesaria una discusión amplia con todos los sectores de la sociedad civil, que será la destinataria de leyes que pueden afectar sus derechos; así como también debe incorporar la opinión de expertos en la materia, cosa que no ha sido posible verificar en el caso de las reformas aprobadas”, añaden.

De acuerdo con el Índice de Democracia del año 2021 publicado por la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist, la democracia de Costa Rica es la tercera más sólida de todo el continente americano. La nación centroamericana se ubica solo detrás de Canadá y Uruguay, según el prestigioso índice.

Dentro de una escala de 1 a 10, la democracia costarricense puntúa en 8.07. Esta calificación la coloca en el puesto 20 entre un total de 167 naciones. En América le superan Canadá, con 8.87, y Uruguay, con 8.85.

Por otra parte, según el estudio del grupo británico The Economist, menos de la mitad de la población mundial vivió en democracia en 2021. Recalcó que solo 21 países gozan de una «democracia plena”.

De acuerdo con la sección de investigación y análisis del grupo (EIU), el índice de democracia en 2021 pasó de 5.37 en 2020 a 5.28. Este dato refleja la mayor caída anual desde el año 2010.

«Los resultados reflejan el impacto negativo de la pandemia en la democracia y en la libertad en el mundo por segundo año consecutivo, con la extensión considerable del poder del Estado y la erosión de las libertades individuales», recalca el estudio.

Suecia, Luxemburgo y el Reino Unido, que cayeron dos posiciones y se acercan a las democracias deficientes, permanecen en la primera categoría de la clasificación; así como Costa Rica, Uruguay, Corea del Sur, Japón y Mauricio, indican.

Por otro lado, exponen que entre los «regímenes autoritarios» se encuentran Nicaragua, Cuba, Venezuela, Argelia, Egipto, Rusia, Ruanda, Vietnam y China.

Tras cuatro años en los pasillos del Congreso de Guatemala, los parlamentarios dieron sus votos para avalar la Ley de Vacunación. De acuerdo con los diputados, el objetivo de la normativa es garantizar a la población la protección contra enfermedades inmunoprevenibles. Esto por medio de su administración universal.

El texto aprobado tomó en cuenta el derecho de los guatemaltecos para decidir sobre la aplicación de las vacunas en sus organismos. Agrega que quienes están sujetos a atender la nueva ley son los organismos e instituciones públicas y privadas, municipalidades y organizaciones no gubernamentales y comunitarias entre cuyas competencias esté la temática de salud.

Con esta aprobación, Guatemala salió de la lista de países de América Latina que no contaban con una legislación sobre el tema de las vacunas.

Tras la votación del Congreso de la República, Mario Melgar, infectólogo pediatra y miembro del Consejo Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (CONAPI), y que además fue uno de los impulsores de la norma, manifestó que la ley dará más solidez a las bases legales para la vacunación.

El galeno añadió que inicialmente no se debe esperar ver grandes cambios en el tema de las vacunas. Melgar expuso a medios locales que “muchas de las políticas de vacunación dependen de la buena voluntad de la autoridad de turno” y que la nueva norma “permite que sea algo más establecido”.

Ministerio rector de vacunación

Con la recién aprobada ley se estableció que el rector de la vacunación será el Ministerio de Salud. Al respecto, si bien Salud proporcionaba las directrices de las inmunizaciones, no estaba claro que fuera el ente rector en la materia.

La normativa hace obligatoria la existencia del comité técnico asesor para que todas las acciones de vacunación, tema de vacunas y qué vacunas colocar pasen por esta entidad. En el caso de Guatemala, este el Consejo Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (CONAPI). Por ende, las decisiones no serán a voluntad de las autoridades de turno.

Sobre el financiamiento de las vacunas se decretó que se mantenga, sea suficiente y que no se utilice para otro fin. Además, establece que no haya transferencias o se cambie el destino de los fondos.

Acerca de la administración de las vacunas, se indica que está será ejecutada por profesionales de las ciencias de la salud, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, técnicos en salud o personas previamente capacitadas. Añade que será el Ministerio de Salud en encargado de garantizar la gratuidad de las vacunas incluidas en el Esquema Nacional de Vacunación.

Además, se creará e implementará un carné único para el registro y control de la edad y fecha de administración de cada dosis de vacunas.

Miguel Mora, exaspirante a la presidencia en Nicaragua, fue encontrado culpable por atentar contra la «integridad nacional». Este fue uno de los juicios contra una cuarentena de opositores al gobierno de Daniel Ortega que están capturados desde el año pasado. Así lo informó su abogado, Gerardo González.

«Fue declarado culpable por el delito de menoscabo a la integridad. La fiscalía pidió que le apliquen la pena de 15 años», dijo González a la prensa tras la conclusión del juicio el pasado viernes. La diligencia se desarrolló a puertas cerradas en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua.

Con esta condena son seis los opositores presos desde el año pasado que han sido sentenciados por el gobierno. Los juicios iniciaron este mes y no se conocen sus penas.

Mora, de 53 años, fue precandidato a la presidencia del Partido de Restauración Democrática (PRD). Esta es una de las tres agrupaciones opositoras anuladas por el tribunal electoral antes de los comicios del pasado 7 de noviembre.

Mora se desempeño como periodista y fue director del canal de televisión 100 % Noticias. En dicho espacio denunció y documentó la represión a las protestas antigubernamentales de 2018.

Dicho canal fue confiscado en diciembre del mismo año. Esa fue la fecha en la que Mora fue detenido por primera. Estuvo privado de libertad hasta junio de 2019, cuando fue beneficiado por una amnistía.

En junio del año pasado, fue capturado nuevamente. Es uno de los siete exaspirantes a la presidencia de la oposición arrestados en 2021 junto a una cuarentena de críticos del gobierno, bajo cargos en su mayoría de conspirar contra el gobierno.

Otros de los opositores sentenciados en estos días son la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y el líder estudiantil Lesther Alemán, quien en 2018 enfrentó al presidente Ortega y pidió su dimisión.

La comunidad internacional, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) han solicitado la liberación de los opositores en Nicaragua.

La situación convulsa en la política hondureña parece que no parará pronto. Mientras aún no se resuelve el tema de la legalidad del Congreso de Honduras, la nueva presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, promulgó este sábado una ley que exoneró de delitos diversos a funcionarios del gobierno del derrocado Manuel Zelaya.

Cabe destacar que Castro llegó al poder en la nación centroamericana con la promesa de combatir la corrupción. Asimismo, Manuel Zelaya, quien fue presidente entre 2006 y 2009, es el esposo de la mandataria.

La normativa fue avalada el pasado jueves por la noche en la Asamblea presidida por Luis Redondo, diputado leal a la presidenta Xiomara Castro.

Por el momento, la legalidad del Congreso sigue en entredicho y la disputa de la legitimidad de la presidencia del Parlamento, entre Redondo y su directiva y la compuesta por Jorge Cálix, quien fue electo por disidentes del partido de gobierno y apoyado por parte de la oposición, se mantiene.

Las negociaciones en este tema se mantienen y en ellas participa Manuel Zelaya, quien funge como coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre).

Publicado en La Gaceta

Dicha situación del Parlamento no le importó a la mandataria, quien promulgó la norma. Esta fue publicada el sábado en La Gaceta oficial. Dicha acción vuelve válida la norma. La «Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional y para que los Hechos no se Repitan» concede «amnistía general, amplia e incondicional (…) a funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de junio 2009».

La medida incluye a «acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el Golpe de Estado (contra Zelaya) y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados».

Asimismo, la amnistía favorece a quienes fueron encarcelados por manifestarse contra la reelección Juan Orlando Hernández en 2017.

Diversos sectores manifiestan que la norma, además de favorecer a funcionarios de Zelaya procesados tras su derrocamiento, podría hacerlo con otros que podrían estar involucrados en actos ilícitos.

«No podemos permitir que los delitos contra la administración pública puedan ser eximidos», dijo Odir Fernández, representante del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

La decisión de Castro ha sido rechazada incluso por su recién nombrado ministro asesor en materia de Transparencia, Edmundo Orellana. Por medio de su cuenta de Twitter, dijo:  «Un nuevo pacto de impunidad”.

El penúltimo mes del año estuvo cargado de actividad en el órgano legislativo salvadoreño. Como ha sido la dinámica desde el pasado 1.º de mayo, la mayor parte de las iniciativas son llevadas al seno de la Asamblea a través de los ministros de las diferentes carteras estatales.

En noviembre, el análisis del Libertómetro tomó un total de 10 decretos que fueron aprobados en las diferentes plenarias realizadas. De estas, seis están relacionadas con la recién creada Dirección de Obras Municipales (DOM), entidad que se encargará de ejecutar las obras en los 262 municipios del país.

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Del total de leyes analizadas, siete tienen una puntuación negativa. La más peligrosa según la evaluación es la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales, con un -3. Esta ley en particular representa un claro ataque a la propiedad privada, pues establece un mecanismo de expropiación con la justificación de que un terreno sea designado de interés público. Y lo único que el dueño puede apelar es su “justa indemnización”.

Por su parte, la Ley de Creación de la DOM recibió un -2 de calificación. Con ella se establece una centralización total, pues será la entidad encargada de calificar, aprobar, contratar y ejecutar las obras municipales. Además, sus funciones se ejercerán en coordinación con el Gobierno Central, que será el que designará a los miembros que conformarán su junta directiva.

Otra ley que recibió una puntuación de -2 fue la Ley de Escalafón del Ministerio de Cultura. La medida representa un claro uso irracional de los fondos y desigualdad ante la ley, pues establece un sistema de incentivos que remunera a los empleados sobre la base del mérito personal y tiempo de servicio.

Esta ley permitirá hasta un máximo de 11 escalafones y se actualizará cada tres años. Además, quedó establecido que a su entrada en vigencia, quienes ya tengan tres años de trabajo se les aplicará el 4 % de aumento de escalafón sin el requisito de la evaluación.

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Volviendo al tema de la DOM, se aprobó reformar la Ley de Presupuesto 2021 para efectuar la incorporación del presupuesto de la Dirección de Obras Municipales, recibiendo una puntuación de -1. En el decreto se indica que los fondos servirán para ejecución de obras municipales en lo que resta del ejercicio fiscal 2021. Llama la atención que de los $274,703,524 incorporados, $1.8 millones corresponden al rubro de salarios.

En seguidilla con la Dirección de Obras Municipales, la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales (-1) deja de lado la Ley de Adquisiciones (LACAP) para  establecer un régimen jurídico especial “para atender las necesidades” de la DOM. Lo peligroso es que deja en manos del director, subdirector y la junta directiva el poder para decidir los resultados de los procesos de adquisición y contratación.

La Ley de Disolución y Liquidación del ISDEM fue una de las dos leyes con puntuación positiva (1). En este caso particular, resulta positivo pues se reduce el tamaño del aparato estatal. Aunque en el fondo no cambia pues se creó la DOM.

La otra normativa evaluada positiva (1) fue la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), que redujo a 1.5 % la asignación a las alcaldías del presupuesto general del Estado (antes era 10 %).

Por último, como en casi todos los meses desde la entrada de la nueva Asamblea, se aprobó otro contrato de préstamo. En este caso será con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un $214,700,000, el cual servirá para el “Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador”. Este se calificó con -1 ya que no da cuentas de cómo se emplearán dichos fondos para el objetivo señalado.

El mes de octubre en el Libertómetro se presentó como un periodo un tanto atípico a lo que se venía observando en la región durante los últimos meses. Si bien la tendencia global del istmo se mantiene negativa, hubo algunas pinceladas hacia medidas que coadyuven a la tan necesaria recuperación económica.

A nivel regional, el puntaje global de las naciones evaluadas reportó una mejora si se compara con los meses previos. Aunque siempre se mantiene en el rango de lo negativo basados en los índices de Libertad. El ranking global de octubre registró un -9.50 % de puntuación.

Previamente, en agosto la región presentó una calificación negativa con un  -42.70 %. Luego, en septiembre, el registro global fue de -15.80 %. Una mejora en dicho trimestre, pero aún lejos de ser lo necesario para el respeto de las libertades de la población.

El ranking pone a la cabeza a Guatemala, con un -100 % de calificación. Para este mes, El Salvador presentó un resultado neutro (0.00 %). Mientras que el resto de naciones entraron en el rango positivo: Costa Rica con 62.5 %, Panamá con 66.7 % y Honduras con 100 %.

Al revisar las medidas más negativas avaladas este mes, la peor corresponde a Guatemala. En este caso se refiere a la ratificación del Estado de Sitio en el municipio de El Estor, que reporta una evaluación de -3 %. Esta medida establece la clara limitación de los derechos fundamentales de los ciudadanos con el argumento de que en la zona se realizaron “acciones que afectan el orden y la gobernabilidad”.

La siguiente medida que encabeza el top negativo proviene de Costa Rica. Se trata de las reformas avaladas al reglamento de la Ley de Impuesto sobre Valor Agregado, con -2 %. La continua voracidad fiscal, reflejada en dichas modificaciones de impuestos, provocan un daño considerable a la economía.

Por último, top 3 lo cierra El Salvador con la Ley de Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. Con ella se siguen engrosando las filas del Estado al crear una nueva dependencia. Este es un punto que diversas publicaciones periodísticas han señalado, pues si bien aparentemente se han recuperado los niveles de empleo prepandemia, es el número de empleados públicos el que ha impulsado dicho repunte.

En contraste, en las medidas consideradas positivas tras la evaluación sobresale la ley para regular el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados (2 %). Cabe destacar que esta aprobación coloca a Panamá como el primer país de la región en legalizar dicha actividad.

Por su parte, Costa Rica dictaminó para la entrega de leves incentivos a los emprendimientos y microempresas (1 %). Esta medida, si bien es vista como positiva, no genera el impacto que requiere el sector.

En El Salvador destacó la  Ley especial para cumplir con el Principio de Publicidad (1 %). Esta normativa facilita a las personas el cumplimiento de la obligación legal de dar publicidad a distintos actos o hechos con consecuencias jurídicas, facultándolas a usar medios tecnológicos, digitales o virtuales que se encuentren disponibles.

La última medida evaluada como positiva dentro del top es el Plan Maestro de Proyectos de Inversión y Desarrollo Económico en el Golfo de Fonseca. Con ella Honduras declaró soberanía sobre una serie de islas del archipiélago del golfo.

Con ello, indicó que continuará su gestión para establecer y convenir la delimitación de los espacios marítimos que le corresponden en el océano Pacífico; además de constituir el Instituto para el Desarrollo del Archipiélago del golfo de Fonseca.

Por tanto, al dar un vistazo general, y comparado a los meses previos, Centroamérica ha dado algunos leves pasos de mejora en la evaluación del respeto a las libertades.

De acuerdo con el informe anual de Transparencia Internacional (TI), América Latina lleva 10 años de completo estancamiento en su lucha contra la corrupción. Esto, aseguró, socava la democracia y los derechos humanos. Asimismo, la organización indicó que existen retrocesos alarmantes en países de Centroamérica.

Sobre la región centroamericana, TI manifestó que la lucha contra la corrupción está en su punto más bajo. Al respecto, afirmó que Nicaragua representa el ejemplo más alarmante. Para Transparencia Internacional, el país «no cuenta con la transparencia y el contrapeso al Ejecutivo necesarios para combatir la corrupción».

Señalan que la concentración de poder del presidente Daniel Ortega, quien fue releecto en noviembre, y de su esposa, Rosario Murillo, «ha permitido que el gobierno viole los derechos humanos y se burle del sistema electoral».

Por su parte, Honduras, en el lugar 23, también presenta señales preocupantes, de acuerdo con la organización. TI expone que desde 2015 perdió siete puntos en la lista. Además, menciona que su su presidente saliente, Juan Orlando Hernández, fue acusado de narcotráfico.

Otro punto que destaca TI es la llegada a la silla presidencial de la izquierdista Xiomara Castro, quien se comprometió a eliminar las «leyes de impunidad».

Sobre la situación de Guatemala (25.°), la institución indica que hay alarmas debido a que hay élites económicas y políticas, e incluso sectores del «crimen organizado», que se han apoderado del poder judicial. Además, agrega, «han forzado al exilio a fiscales y jueces reconocidos por luchar contra la corrupción».

De El Salvador (34.°), Transparencia Internacional indica que existe una fuerte amenaza del autoritarismo. Explica en su informe que el gobierno ha tomado medidas que socavan la independencia del poder judicial.

Añade las sospechas que ciernen sobre altos funcionarios del gobierno que habrían participado en «esquemas de corrupción multimillonarios», y que estarían vinculados con fondos destinados a la lucha contra la pandemia del coronavirus.