Javier Argueta, asesor jurídico de Casa Presidencial, aseguró que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no pretende promover su reelección. Esto pese a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dio luz verde para que se postule como candidato en 2024.

En un fallo dirigido al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la CSJ avaló el 3 de septiembre de 2021 que «una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión».

Bukele no se ha pronunciado sobre la resolución. Al menos no de momento. Empero, su asesor jurídico adelantó que el presidente «nunca ha tenido la intención» de promoverse a sí mismo para un nuevo período en Casa Presidencial.

Durante su participación en una entrevista televisiva, Argueta recalcó que el presidente salvadoreño no tiene el deseo de postularse. Pero añadió que es “la población” la que pide su reelección.

“La gente lo pide. Además, más del 90 % de la población, sin duda, quisiera que él se inscriba” como candidato presidencial en 2024, expuso Argueta.

De acuerdo con el asesor jurídico de la Presidencia, Bukele «sin duda» estudiará el tema de la reelección «en su momento. Pero enfatizó que «es un tema que se ha dado por la Sala de lo Constitucional».

La decisión de la Sala de lo Constitucional no pasó desapercibida por diversos sectores nacionales y a escala internacional. De hecho, esta generó preocupación incluso en el gobierno de los Estados Unidos, que la consideran como una medida inconstitucional.

De hecho, la exencargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, condenó la resolución. «Es claramente contraria a la Constitución salvadoreña, que establece que la reelección inmediata no está permitida», dijo en su momento.

La semana pasada, los diputados costarricenses aprobaron la legalización del cultivo, producción, industrialización y comercialización del cáñamo y del cannabis medicinal. El aval a la normativa se dio tras tres años de discusión del proyecto en el Congreso de Costa Rica.

La diputada Zoila Volio, impulsora de la iniciativa, manifestó estar sumamente satisfecha “después de un larguísimo camino y múltiples atrasos”.  “Tenemos el proyecto aprobado (…) va a generar reactivación económica, va a abrir oportunidad al país para generar inversión y eso va a generar empleo», recalcó.

Volio hizo énfasis en que lo más importante de la aprobación es que los pacientes crónicos conseguirán un medicamento de calidad y a un precio razonable.

La propuesta de legalización del cannabis fue promovida por la parlamentaria en 2019. Empero, una serie de obstáculos en la Asamblea Legislativa, con diputados que se oponían a la medida, sumado al Ejecutivo, que no lo vio como un tema relevante, provocó que tuviera pocos avances hasta la fecha.

Datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) señalan que para el 2025 el mercado mundial del cáñamo y el cannabis medicinal moverá $35,000 millones anuales.

A escala mundial, hay más de 20 países que permiten esta actividad, varios de ellos en América Latina: Argentina, Chile, Panamá, México, Colombia.

Tras el aval del Congreso, solo falta que el presidente costarricense, Carlos Alvarado, estampe su firma para convertir la iniciativa en ley. El mandatario aún tiene la potestad de vetar el decreto o emitir un veto parcial. Sobre este punto, el Ministerio de Salud ha manifestado dudas acerca de algunos puntos de la ley.

El principal cuestionamiento ha sido que permite el cultivo propio de personas diagnosticadas como pacientes.

Volio y otros legisladores que votaron a favor de la legalización del cannabis exigen que se respete la decisión de la Asamblea.

La Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial obtuvo 29 votos a favor y 10 en contra, con 39 diputados presentes de los 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Tras la denuncia en un informe canadiense sobre el uso del software Pegasus en El Salvador, el gobierno de los Estados Unidos tildó como «preocupante» el presunto espionaje a periodistas y activistas en el país.

«Preocupantes los reportes de espionaje telefónico a periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil» en El Salvador, dijo Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, en Twitter.

De acuerdo con el periódico digital El Faro, citando un informe del laboratorio Citizen de la Universidad de Toronto, que se especializa en ciberseguridad, 22 miembros de su personal fueron intervenidos con Pegasus, de la empresa israelí NSO Group. Añaden que las intervenciones se dieron 226 veces entre el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021.

El diario señala que «los teléfonos de las jefaturas editoriales, periodistas y personal administrativo fueron intervenidos en algunos casos hasta por un año y de forma constante”.

Los señalamientos fueron negados por el gobierno. «Reitero que el gobierno de El Salvador no tiene los recursos ni las licencias para utilizar este tipo de software», señaló la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, en un comunicado.

Esta denuncia, de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, indica que en El Salvador se pretende callar a las voces críticas. 

«Nos oponemos a los esfuerzos para silenciar voces críticas. Libertad de Expresión y medios independientes son esenciales para cualquier democracia», insistió Nichols en redes sociales.

Durante los últimos meses las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador se han mantenido tensas. De hecho, Washington cortó la ayuda a través de USAID y la redireccionó a la sociedad civil para la lucha contra la corrupción.

Confirman uso de Pegasus

Por su parte, Amnistía Internacional indicó que verificó el «uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas» y activistas de derechos humanos en El Salvador.

Por medio de un comunicado, el organismo expuso que «una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab ha identificado el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador”.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, recalcó que “el uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador devela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país».

El activista social Marvin Pleitez presentó en la Asamblea Legislativa una propuesta de modificación al Código Penal. La iniciativa se refiere específicamente a los artículos 341 y 342.

Las modificaciones solicitadas por Pleitez establecen sanciones para toda aquella persona, natural o funcionario público, que promueva la reelección presidencial en El Salvador. En el caso de las personas naturales, las condenas serían de cinco años de prisión. Mientras que para los funcionarios públicos las penas oscilarían entre los ocho a 10 años.

Actualmente el artículo 341 señala que serán sancionados con prisión de diez a quince años quienes, sin desconocer la autoridad del Gobierno constitucional, se alzaren pública y tumultuariamente para conseguir con violencia cualquiera de los objetivos siguientes: impedir, por actos directos, la promulgación o ejecución de las leyes o la celebración de un acto eleccionario o del escrutinio.

Mientras que el artículo 342 establece que la proposición y conspiración para cometer los delitos de rebelión o sedición serán sancionadas con prisión de seis meses a dos años. Si el autor fuere funcionario o empleado público agente de autoridad o autoridad pública, se le impondrá además inhabilitación absoluta del cargo o empleo por el mismo término.

El ciudadano señaló que el motivo principal de su propuesta es la inconformidad con las prácticas y políticas del gobierno salvadoreño. Principalmente en el tema electoral. Recalcó que no es la única persona inconformes “con muchas de las imposiciones que este gobierno ha estado haciendo”.

La propuesta de Pleitez fue acompañada por la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS. De acuerdo con la parlamentaria, abrir la puerta a la reelección implicaría un camino sin retorno.

Ortiz dijo que la iniciativa representa a los grupos “que no están de acuerdo, a los grupos decepcionados, a los grupos que desean que el poder se ejerza de una manera abierta”.

“Si permitimos la reelección, no hay vuelta atrás. Cuando te sientas defraudado y traicionado, no habrá manera de cambiar al que esté en el poder”, indicó Ortiz.

“Nunca la indulgencia con los gobernantes ha llevado a algo bueno. Por eso he acompañado esta propuesta ciudadana”, agregó.

Insumo de debate

Para la diputada Ortiz, la propuesta de modificación al Código Penal plantea un importante insumo para el debate nacional.

“La propuesta es importante como un insumo a un debate nacional. Las personas no se deberían de reelegir en la presidencia. Así funciona la democracia. Es importante que no tengamos miedo de defender esa democracia», enfatizó.

Las autoridades costarricenses adoptaron nuevas restricciones a ciertas libertades de los ciudadanos. El gobierno de Costa Rica argumenta que la razón es el acelerado incremento de casos de covid-19 en las últimas semanas.

«El Gobierno anunció la necesidad de acciones rápidas y concretas ante el reto de la velocidad de contagio de la variante (ómicron), la cual ha hecho que en países europeos y norteamericanos los picos de contagios sean hasta cinco veces más altos», indicó el gobierno en un comunicado.

Las medidas restrictivas estarán vigentes del martes 11 al domingo 23 de enero. Entras las disposiciones adoptadas están el cierre de salas de cine, teatros, actividades académicas y espacios de culto. Además de la prohibición de público en eventos culturales y deportivos.

Asimismo, se estableció que ningún vehículo particular tendrá el derecho de circular en el país entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.

La reacción de las autoridades costarricense se ampara en que en los primeros siete días del 2022 se registraron 11,999 contagios. La cifra representa la misma cantidad de casos registrados durante los meses de noviembre y diciembre. En dicho periodo se contabilizaron 12,200 casos positivos.

Además, algunas medidas previas, como el aforo de 50 % para restaurantes y bares, continuarán vigentes. A las que se sumarán las nuevas restricciones.

Llamado a vacunarse

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para acudir a los centros de vacunación. Añaden que son alrededor de 320,000 personas las que aún ninguna dosis contra el virus.

Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indicó que el país podría alcanzar los 5,000 casos diarios esta semana.

La institución agregó que un 69 % de la población (5 millones de habitantes) ya tiene ambas dosis, el 77 % tiene una dosis y un 8 % cuenta con las tres.

Al respecto, el lunes se inició el proceso de inoculación para niños entre los 5 y los 11 años. Este grupo etario no había tenido acceso a la vacuna desde que arribó al país en diciembre de 2020.

Sobre ese punto se manifestó dijo el presidente Carlos Alvarado. «Este es un momento de felicidad y de ilusión para los padres que tenemos hijos e hijas en edades de cinco a 11 años. Este es un escalón más en el camino para salir de la pandemia porque amplía la población costarricense protegida», expuso.

De acuerdo con el informe de los gastos del gobierno de Panamá durante la pandemia de la covid-19, el gobierno realizó un gasto de más de $3 mil millones. Así lo indicó el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. EL funcionario realizó la presentación de los datos en el Consejo de Gabinete.

La información proporcionada por Carrizo indica que la administración del presidente Laurentino Cortizo empleó más de $3 mil 544 millones para atender la pandemia. El monto se refiere a lo empleado en el periodo comprendido entre 2020 y 2021. Además, se estableció que de esa cifra el 58 % fue destinado para el programa Panamá Solidario.

El informe establece que, de esa cantidad, $3 mil 103 millones han sido traslados de partidas gestionadas por el Ministerio de la Presidencia a otras entidades. Todo conla justificación de la pandemia.

Sobre el 58 % destinado al financiamiento del plan Panamá Solidario, el desglose del uso de los fondos presentado indica que a ese rubro se destinaron $2 mil 73 millones.

De los recursos autorizados a las entidades públicas para atender la emergencia nacional $1 mil 621 millones corresponden a 2020. Mientras que $1 mil 923 millones al año recién pasado.

Carrizo agregó que el monto asignado al Ministerio de la Presidencia para enfrentar la pandemia durante 2020 y 2021 fue de $465 millones 275 mil 640 con 80 centésimos. De estos, $462 millones 503 mil 500 con 27 centésimos se utilizaron para cubrir los gastos durante el estado de emergencia, añadió.

Por medio de la Resolución de Gabinete No. 130-21, el pasado 30 de diciembre, a través del Consejo de Gabinete, se declaró concluido el término para la utilización del procedimiento especial para la adquisición de bienes y servicios durante la pandemia de la Covid-19.

La Asamblea Nacional de Panamá instaló su nuevo periodo de sesiones ordinarias el pasado domingo 2 de enero. Crispiano Adames, presidente del órgano legislativo, estuvo a cargo de la instalación de las sesiones.

Al respecto, Miguel Fanovich, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, destacó el fin de semana que serán varios los proyectos prioritarios a discutirse en 2022.

Fanovich mencionó el proyecto de ley 625. Dicha normativa adopta en Panamá la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos. Además mencionó la iniciativa de reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Otro punto que consideró de prioridad para el legislativo es la reforma a la ley de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Sobre los temas de interés para el órgano legislativo, Adames coincidió con lo expuesto por Fanovich. También mencionó las iniciativas de la extinción de dominio, las reformas al reglamento interno de la Asamblea y la descentralización de los gobiernos locales.

Además, mencionó las propuestas relacionadas a la estabilidad de los trabajadores del Canal de Panamá, el establecimiento del 20 de diciembre como día de duelo nacional y la designación del conflicto de interés en el sector público.

“Trabajemos en conjunto para generar los consensos necesarios que nos permitan fortalecer la institucionalidad, dinamizar la economía y alcanzar un nivel superior de bienestar humano para nuestro pueblo”, expuso Adames en su discurso de instalación. .

En Centroamérica se continúan cimentando los ataques contra la libertad de expresión. Así lo expuso la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios). La organización destaca la complicada situación que se vive en el istmo. Sobre todo en Nicaragua.

Empero, recalca que si bien Nicaragua «se convirtió en una dictadura sin atenuantes”,  “sus prácticas lamentables fueron replicadas por sus países vecinos”. En referencia a El Salvador y Guatemala. De acuerdo a Fundamedios el objetivo es claro: “callar a las voces disidentes».

“La libertad de expresión retrocedió en 2021 en las Américas, incluido Estados Unidos, con al menos 30 periodistas asesinados y el ´mal ejemplo´ de Nicaragua que siguieron El Salvador y Guatemala”, denunció la institución al cierre del año pasado.

Fundamedios expuso que en Nicaragua el 2021 cerró con más de 160 presos políticos. Además del exilio forzoso de 45 periodistas. Sobre el caso salvadoreño, destacó como punto negativo la propuesta del gobierno sobre la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

La organización señaló que el discurso estigmatizante de Nayib Bukele «llegó hasta a involucrar a medios en delitos de evasión tributaria y obligar a sus periodistas a salir del país».

Sobre Guatemala, expuso que la administración de Alejandro Giammattei «ha significado un grave retroceso en el respeto a los derechos fundamentales”.

Fundamedios destacó que la denominada Ley de las ONG pretendió generar «una ley mordaza». Además, tildó de “relevantes” los ataques dirigidos  a los medios de comunicación comunitario. Asimismo, la institución elevó una advertencia y denunció las acusaciones por «sedición, incendio y robo agravado» realizadas contra periodistas.

El otro país que integra el Triángulo Norte también ha sido parte de esta espiral de acoso. Para Fundamedios, Honduras vive “un ciclo de agresiones a la libertad de expresión».

Al respecto destacó la entrada en vigor de un nuevo código penal por medio del cual se regula la injuria y la calumnia. Al respecto, exponer que según estándares internacionales, deberían estar bajo el derecho civil.

En Nicaragua, Guatemala y El Salvador, sus líderes «se han encargado de desacreditar la labor de la prensa, lo que se ha materializado en ataques y agresiones, protagonizadas por simpatizantes, en contra de periodistas», sentenció Fundamedios.

Y afirmó que es un escenario que se replica en las Américas, donde «proliferan» los líderes políticos con discursos basados en ataques a la prensa.

Los cambios en las normativas relacionadas al área financiera continuarán en El Salvador. Así lo indicó el presidente del país el pasado fin de semana. Por medio de sus redes sociales, Nayib Bukele dijo que el Ejecutivo prepara un nuevo paquete de iniciativas al órgano Legislativo.

La indicación del mandatario surgió como respuesta a una publicación en Twitter de la revista Forbes Centroamérica. “Un mercado de deuda de Centroamérica puede ser una realidad para marzo de 2022, y para el BCIE solo hay tres países con las condiciones para tener su sede: El Salvador, Panamá y República Dominicana”, colocó la revista.

Ante dicho tuit, el presidente de El Salvador respondió diciendo que mandarán 20 leyes a la Asamblea Legislativa. Con ello alegó que el país debería ser elegido como sede. “Con las 20 nuevas leyes que enviaremos a la Asamblea Legislativa, sobre innovación y libertad financiera, lo lógico es que sea en El Salvador”, replicó Bukele.

Al respecto, el mencionado mercado comenzaría operaciones con el dólar como moneda. En este se integrarían, además de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Si bien el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no descarta incorporar colocaciones de entes privados, en principio sus operaciones se enfocarán en emitir deuda soberana.

Ley de valores digitales

Previo al anuncio del presidente de El Salvador, Samson Mow, ejecutivo de Blockstream, indicó en Twitter que en El Salvador se prepara una ley de valores digitales.

Cabe destacar que Blockstream es una de las firmas que tiene a cargo la estructuración de la emisión de $1,000 millones en bitcoin que el mandatario salvadoreño anunció en noviembre del año pasado.

Respecto a esta ley de valores digitales, permitiría tomar activos como deuda o fondos y “tokenizarlos” con la tecnología de Blockchain. De este modo podría conseguir financiamiento.

Sobre este punto se refirió la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga. Al cierre del año anterior, la diplomática dijo que en 2022 se aprobará en la Asamblea Legislativa una nueva normativa de movilización de dinero.

En entrevista televisiva, Mayorga expuso que con esta nueva ley se facilitará “la movilización del dinero a través, incluso, de inversiones”. Es una “ley especial donde se les va a incentivar”, recalcó.

El Estado guatemalteco fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). De acuerdo al organismo, el Estado violó la libertad de expresión de tres pueblos indígenas luego de la persecución penal y los allanamientos realizados en radios comunitarias.

Por medio de un comunicado, la Corte-IDH indicó que «encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas maya» kaqchikel, achí y mam.

«La Corte determinó que la forma por la cual se encuentra regulada la radiodifusión en Guatemala consiste en una prohibición de facto, casi absoluta, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas», añadió.

La sentencia del organismo explica que las radios Ixchel y Uqul Tinamit La Voz del Pueblo fueron allanadas en 2006 y 2012 por «autoridades estatales como resultado de órdenes judiciales dictadas en el marco de procesos penales».

«Sus equipos de transmisión fueron confiscados y algunos de sus operadores, miembros de las respectivas comunidades, fueron procesados criminalmente», recalca el texto.

Las acciones violaron los derechos de los pueblos indígenas en los municipios de Sumpango, Cajolá, Todos Santos Cuchumatán y San Miguel Chicaj, detalló la Corte-IDH.

Como medidas de reparación ante estos hechos violatorios, la Corte-IDH ordenó «reservar a las radios comunitarias indígenas parte del espectro radioeléctrico». Además de  «abstenerse inmediatamente de (…) allanar dichas radios y aprehender sus equipos de transmisión».

«En Guatemala se encuentran un aproximado de 424 emisoras de radio licenciadas en frecuencia FM y 90 en frecuencia AM, de las cuales, una es emisora comunitaria indígena. Por otro lado, existen diversas radios comunitarias operadas por pueblos indígenas que no cuentan con licencia del Estado para su funcionamiento», expone la Corte.