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Panamá carente de leyes y decretos de fondo a la necesidad de la población     

Panamá tuvo una calificación en el Libertómetro de -7.6% durante elmes de noviembre.

Para el mes en cuestión se analizan 7 medidas, seis emitidas por la Asamblea Nacional y uno por el Gabinete. De ellas 4 negativas, 2 positivas y una neutra.

La calificación de las medidas positivas, con una calificación promedio de 2 y entre ellas están:

Una ley de tratado de libre con los Estados Unidos Mexicanos. Una ley que crea un fondo de contingencia para imprevistos o siniestros en los centros penitenciarios.

De las medidas negativas, con una calificación promedio d e-1.66 y entre ellas están:

Una ley que abre un espacio más para la voracidad fiscal de pagos extraordinarios. Una ley que descentraliza a niveles micro funcionales de los municipios. La creación de un fideicomiso de drogas el cual claramente continúa violando la extensión de dominio.

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Por ultimo una ley neutra que a pesar de tener virtudes deja siempre abierto un portillo para la inmigración ilegal y se trata de la gratuidad de los servicios de embarazo y pre natales generalizando sin distinción de nada

Panamá a pesar de tener una buena producción de cantidad de leyes carecen de esa necesidad del pueblo porque emprender sea mas sencillo, para acceder a empleo y para genera riqueza. Urge que tanto el legislativo como el Ejecutivo trabajen en beneficio del individuo Panameño.




Panamá pobre e impresionante

Panamá tuvo una calificación en el Libertómetro de 33.3% durante el mes de diciembre.

Como ya es costumbre lamentablemente hacia final de año la situación en panamá paraliza todo hasta las políticas públicas

Para el mes en cuestión se analizan únicamente 3 medidas, todas emitidas por la Asamblea Legislativa De ellas 2 positivas y 1 negativa.

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La calificación de las medidas positivas, con una calificación promedio de 2 y entre ellas están:

Una ley que rigurosa las compras en los municipios con la intención de organizar y ser más eficiente y cuidadosos con los recursos económicos. La segunda es la reforma a la contraloría general de la República la cual le otorga y fortalece el manejo de las cuentas

La medida negativa, con una calificación de -5 y es:

Una ley que regula y atenta contra el ejercicio de la profesión de abogacía limitando y discriminado por nacionalidad y otros aspectos inexplicables   Es increíble por tanto por hacer que los gobiernos ni Diputados asuman el compromiso por gestionar políticas publicas en favor de los Panameños al contrario limiten ejercicios profesionales y solo se dediquen a leyes superficiales que según ellos auguran el control del gasto.




Diciembre pobre con resultados a la carrera

Para el mes de diciembre se analiza 4 medidas para la herramienta del Libertómetro de Costa Rica resultó con una calificación de 50% en esta ocasión continúa un balance en teoría positivo en las defensas de las libertades

Durante este mes se incluyen 4 medidas, de la cuales las 2 fueron emitidas por el Órgano Legislativo Ejecutivo 1 por el Ejecutivo y 1 por el Sala IV (Constitucional)

Las 4 medidas fueron evaluadas positivas con un promedio de calificación de 1.33% corresponden a:

Ley que autoriza los eurobonos, una ley que desgasto por el plazo de 10 meses al congreso y llegando a un supuesto equilibrio ya que el gobierno solicitaba la aprobación de 12.000 millones de dólares y termino siendo aprobada por 5.000 millones de dólares, esta ley se evalúa positiva a pesar de que sea mas deuda y del desgaste legislativo porque en la teoría y la defense de la misma fue desde la óptica de cambiar deuda cara por deuda barata. Otra de las medidas positivas es el decreto ejecutivo sobre “Ciudad Gobierno” medida que busca dejar de pagar altos , dudosos y hasta convenientes alquileres y concentrar gran parte de las instituciones en terrenos ya del estado y por último una resolución constitucional que avala la ley que prohíbe la reelección de los Alcaldes Municipales, esta media ha sido de las complicadas a evaluar ya que si bien es cierto limita la posibilidad de una persona a reelegirse o que sus votantes lo continúen eligiendo, nuestra historia nos ha arrojado que los cambios en la democracia son sanos y evitan otras prácticas coercitivas.

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Como medida negativa con un valor de -2, está el quinto presupuesto extraordinario que se presenta el 1 de diciembre y se aprueba el 20 dejando solo 3 días para su ejecución, algo que demuestra inexperiencia, ineficacia o hasta

Diciembre solo sirvió para sacar pendientes añejos y que en nada ayuda a potenciar las soluciones que necesita el pueblo. Deseamos con ansias que llegue el 2023 y traiga consigo un número importante de acciones que colaboren con la reactivación económica.

Felices fiestas…




Se concretó la jugada con las pensiones en El Salvador

Durante el mes de diciembre El Salvador obtuvo una puntuación de -100% con un total de 5 medidas analizadas.

A continuación analizaremos cada una de las medidas analizadas:

*Contribución de sector azucarera para el CONSAA, obtuvo una puntuación de -2 en el análisis de los 31 subíndices. Establecieron la contribución de los productores de caña de azúcar y las centrales azucareras o AP:A, por libra de azúcar extraída durante la zafra 2022/2023, para financiar el presupuesto del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA). La aportación se hará de forma trimestral y anticipada dentro de los primeros 8 días hábiles del trimestre. Fue calificado como negativo ya que es un sector productivo que ve afectada su producción por pago arbitrario y da a la economía poca certeza.

* Exención de impuestos a bienes nuevos introducidos por viajero. La medida es por un valor total en aduana que no sea superior al equivalente a $3,000, esto se calificó con un -1 como desigualdad ante la ley.

* Exención de descuento de renta a aguinaldo, también con una puntuación de –1 por la misma razón. Aprobaron una Disposición Transitoria que declaró como renta no gravable y en consecuencia excluidas de la retención respectiva el aguinaldo a que se refiere el Código de Trabajo y la Ley de Compensación Adicional en Efectivo.

*Ley Integral de Pensiones. Con esta ley se establecieron, entre algunos, los parámetros siguiente.

+Se estableció al Estado como principal garante del sistema de pensiones

+Avalaron aumento generalizado de 30 % a todas las pensiones

+Pensión mínima por vejez pasa a $400

+Se eliminaron las pensiones VIP

+Se incrementó aporte de empleadores en 1%. El aporte de trabajadores se mantiene.

+Salvadoreños en el exterior podrán cotizar a una cuenta individual

+Se creó el Instituto Salvadoreño de Pensiones que garantizará la rectoría y rentabilidad de las pensiones.

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Esta ley fue la calificada con mayor puntuación negativa en el mes, con 3 índices atacados: propiedad privada, libertad empresarial y libre contratación y Igualdad ante la Ley.

* Asuetos remunerados empleados públicos y privados. Se estableció asueto el 26 de diciembre y el 2 de enero de manera discrecional, dejando en las empresas incertidumbre por decisiones arbitrarias de tinte populista. Esta medida fue calificada con un -2, atendando 2 de los 31 subíndices medidos por el libertómetro.

Además, 4 préstamos que sumaron un total de $472 millones. Un fin de año con una mezcla de populismo y expropiación.




El libreto del populismo como bandera

El cierre del año no presentó variaciones en las tácticas o el tipo de decreto aprobados en Honduras. Préstamos, estados de excepción y pérdida de derechos constitucionales estuvieron en la palestra política. Y las medidas populistas igual.

Similar a lo analizado en octubre y noviembre, el último mes del año contó con una serie de decretos que atentaron contra las Libertades Económicas. Para el caso, en diciembre se analizaron dos medidas, ambas con una calificación de -1.

Una de ellas fue el Acuerdo 1905-SE-2022 del Ejecutivo con el que se aprobó la reactivación del Programa Matrícula Gratis, el cual fue creado bajo el Decreto Ejecutivo PCM-01-2006, de fecha 30 de enero del 2006.

Este programa abarca centros educativos gubernamentales de los niveles de Prebásica, Básica y Media para brindar a los estudiantes la matrícula gratis. El decreto establece que los recursos serán provenientes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

Llama la atención que la medida establece que podrán obtener el beneficio del Programa Matrícula Gratis, los Centros Educativos Gubernamentales que su director ostente Acuerdo de Nombramiento Permanente o Resolución de asignación funcional para el cargo.

Los fondos para su funcionamiento serán proporcionados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, que transferirá el valor que resulte de multiplicar el monto destinado a cada educando de acuerdo con su nivel educativo, según la matrícula activa registrada en el Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE), indica el documento.

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El siguiente análisis se efectuó al Decreto 147-2022 con el que se facultó al Ejecutivo para que identifique, incorpore, asigne o reoriente recursos del Presupuesto General de la República para el pago de los salarios adeudados a los empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

El documento señala que el monto asciende a L. 306,110,789.69, correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, decimotercer mes, decimocuarto mes y sus colaterales del presente Ejercicio Fiscal del año 2022.

Además, establece que HONDUTEL debe reducir su masa laboral en 50 % en los próximos tres años y evitar contrataciones innecesarias. Con estas aprobaciones se establece que, al menos en el último trimestre, Honduras navegó entre la desigualdad y el uso irracional de fondos. Además del irrespeto a las garantías constitucionales. Algo que visto lo visto a la fecha, parece que será la constante para el 2023.




La pobreza no se resuelve por decreto

El populismo alcanzó a Guatemala el mes de diciembre y es que la solución mágica con la que el ejecutivo decidió enfrentar el alto costo de la vida y la inflación mundial resultado del aumento en los hidrocarburos y la secuela de pandemia es aumentar el salario mínimo.

Y es que el aumento del salario por decreto al final del día es un control del precio escondido y como todos los controles de precio lo único que generan es escasez y mercados negros, lo que va en detrimento de los desempleados y de las clases con menos posibilidad de obtener fuentes de ingreso competitivos.

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Lo que la economía y las empresas necesitan son más libertades económicas, que las dejen hacer lo que saben hacer que es producir, que se promuevan acciones que no los limiten y que les permitan innovar y desarrollar nuevos mercados que den opciones de más y mejores empleos a la sociedad guatemalteca.

Por lo pronto Guatemala retrocede y se asigna un menos tres en las libertades que permiten más progreso y movilidad social y excluye a los guatemaltecos, especialmente a los jóvenes para que tengan oportunidad de mejora su calidad de vida. El aumento sin análisis y por ley solo le pega un disparo al pie de la frágil y patoja economía guatemalteca, y sin duda podremos juzgar esa acción homicida de la libertad por sus resultados y no por sus acciones.




Noviembre positivo, pero con enfrentamientos claros entre Legislativo y Ejecutivo.

Para el mes de noviembre se analiza 8 medidas para la herramienta del Libertómetro de Costa Rica resultó con una calificación de 50% en esta ocasión continúa un balance muy positivo en las defensas de las libertades.

Durante este mes se incluyen 8 medidas, de la cuales las 5 fueron emitidas por el Órgano Ejecutivo y 3 por el Legislativo.

Las 5 medidas fueron evaluadas positivas con un promedio de calificación de 1.6% corresponden a:

Dos resellos de ley en referencia excepciones de la regla fiscal, dichos resellos mas que por el fondo se dan por la forma donde los Diputados le recuerdan el orden de poderes de la República al sr Presidente haciéndole ver que no puede ser un gobierno totalitario por decreto. Seguido de una aprobación de varias leyes donde se actualizan las leyes caducadas y permitiendo una mejor y eficaz labor legislativa. Una ley que trata de incidir en lo social levemente positivo de la celebración del Día de Acción de gracias sin gozar de feriado por ley dicho día. Por último, una ley donde se le obliga al Poder Judicial a transmitir de formas abiertas las sesiones de sus órganos otorgando la transparencia que el pueblo costarricense merece.  Así mismo un decreto en el cual se le quita un impuesto abusivo a las importación de las cervezas lo cual beneficia al consumidor i empresas importadoras no s permite una libre y sana competencia.

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Como medidas negativas con un valor de -1.5, dos decretos, uno que reforma la lista de la canasta básica donde se dejan muchos de alimentos de consumo ordinario y se les grava con impuestos haciendo que las todos los costarricenses paguen más por productos de consumo masivo y un nuevo decreto para permisos de uso sanitario lo cual encarece la producción empresarial e impide los nuevos emprendimientos.

Noviembre movido y confrontativo donde la agenda legislativa muestra el avance del tiempo ordinario en su primera quincena y decae estrepitosamente en su segunda quincena un poder ejecutivo golpeado por sus discursos rayando en lo populismo con sentencias en contra y destituciones de gabinete por no estar disciplinados con la posición del Presidente.




Noviembre en El Salvador: Un mes con esperanza

Durante el mes de noviembre se analizaron un total de 5 medidas, las cuales le dieron a El Salvador una calificación neutra debido a que dos fueron calificadas como negativas, dos de forma positiva y una neutra.

Por parte de las medidas negativas, la primera fue una disposición especial aprobada para la construcción de la carretera Los Chorros, fue catalogada por el libertómetro como una desigualdad ante la Ley debido a que exonera de impuestos a la constructora. También se calificó como negativa la pensión vitalicia mensual otorgada a los basquetbolistas René Montalvo García y Ricardo Renderos Mejía, por un monto equivalente a dos salarios mínimos del sector comercio, lo cual es un claro aprovechamiento irracional de los fondos.

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Por el lado de las medidas positivas, se reformó el artículo 257 del Código Penal y se establecieron penas de hasta tres años de cárcel, multas de hasta $25 mil y el cierre total de la empresa que ponga en peligro la salud y la calidad de vida de las personas y la naturaleza. Una ley positiva que pone límites al abuso empresarial ante el medio ambiente.

Además se realizó una reforma a la Ley de Protección al Consumidor. Esta reforma contempla diversas acciones en pro del consumidor considerando que en su libertad muchas empresas han infringido acuerdos de garantía volviéndose algo recurrente, por lo que la reforma ha contemplado ampliación de tiempo para que el consumidor comunique el defecto, y que el proveedor no pueda exonerarse de cumplir la garantía además de que lleven un control de garantías.

Otra medida evaluada que por sus diferentes matices dio número neutro fue la una reforma a la Ley Franca, en la cual se establece el período que se catalogará como abandono de operaciones dentro de la Zona Franca, aunque en una primera instancia parece positivo el hecho de dejar establecido el período de tiempo que se cataloga como abandono, resulta preocupante que la declaratoria la puede poner cualquier persona y la FGR, y que se toman los bienes, considerando que son acciones que solo tomaría el Estado.

Noviembre resultó un mes movido, y aunque en el libertómetro solo se analizaron 5 medidas también se contó con aprobaciones de préstamos. Un mes con más destellos positivos que negativos.




Humanidad como fachada de despilfarro

Una táctica de populismo. No es una acción nueva, pero desde la declaración de la pandemia los gobiernos han hecho de esta herramienta su estandarte. Unos más, otros menos. Y en la región centroamericana parece ser una acción de libreto.

En el mes de noviembre, el Libertómetro evaluó el Decreto Gubernativo 17-2022 que estableció la creación del “Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires de la Resistencia Hondureña”.

La medida presentada por el Ejecutivo estableció que se brindará apoyo a los descendientes y/o ascendientes directos de las víctimas de asesinato registradas por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los Organismos de Derechos Humanos en Honduras en el marco del Golpe de Estado de 2009.

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Asimismo, señaló que serán beneficiarios de este programa las personas que formen parte del núcleo familiar directo de las víctimas: descendientes y/o ascendientes, hermanos, cónyuges, uniones libres o de hecho y/o dependientes.

Las personas antes mencionadas obtendrán una serie de beneficios del Estado, entre ellos se establecieron becas de estudio, pensiones, atención psicológica, trabajo digno, salud y vivienda. 

Para la obtención de dicho beneficio, la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos elaborará un registro oficial de beneficiarios que reúnan las condiciones para aplicar a dicho programa, basado en estudios socioeconómicos, educativos y psicosociales, manifiesta el decreto.

Analizada la medida, esta recibió una calificación de -1 en Libertades Económicas y -1 en Libertades Individuales. Si bien a primera vista la medida parece muy humana, lo que realmente representa es un uso irracional de los fondos públicos por parte del Estado hondureño.

A lo anterior se añade que los daños fueron no solo a los fallecidos y sus familiares, sino a la ciudadanía en general. Por lo que parece ser más una medida populista bajo el manto del humanismo.

Comparado al mes previo, Honduras continúa en el camino de manejo inadecuado de los fondos.  




Guatemala estático en noviembre

Un mes completo y la clase política guatemalteca parece que tiene prioridades más importantes que atender los graves problemas del país, mientras los grandes retos para asegurar que el país sea uno más libre, todos los órganos de estado pasan inadvertidos frente a la realidad.

El congreso parece que se tapa los ojos frente a los problemas económicos, políticos y sociales que Guatemala enfrenta y se dedica en una suerte de inercia a aprobar personerías jurídicas de organizaciones religiosas y escuelas de manejo, mientras la realidad sigue exigiendo políticas públicas que respondan a las necesidades de los guatemaltecos.

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Sin duda la brecha crece y los guatemaltecos seguimos pagando una fiesta ostentosa e interminable en la clase política, lo que reafirma el reto de exigir rendición de cuentas y empoderamiento ciudadano para que esta realidad cambie.