Para el mes de julio, se recibe y se analiza 5 medidas para la herramienta del Libertómetro de Costa Rica resultó con una calificación de -9.1% demostrando un desempeño negativo para las defensas de las libertades.

Durante este mes se incluyen 5 medidas, de la cuales 4 fueron emitidas por el Órgano Ejecutivo y una por el Legislativo, mostrando una relativa pero preocupante “calma” en la dinámica de trabajo del Órgano Legislativo. De las medidas evaluadas, el 45% negativas, 45% positiva y 10% neutro.

La calificación de las medidas negativas, 2 en total, también se comporta de manera uniforme. El promedio de estas fue de -2. Dentro de estas acciones se destacan; las continuas e ineficientes medidas restrictivas por el COVID 19 tanto en tránsito entre semana y fines de semana y el cierre de fronteras a ciertos países.

En cuanto a las medidas calificadas de manera positiva, 2 en total el promedio fue de 3 donde resaltan: Una ampliación a territorios en zonas cuestionadas como la marítima terrestre o la milla fronteriza, en donde sus dueños puede seguir utilizándolas pero no pueden obtener su título de propiedad por estar en un litigio que solo se arregla con ampliaciones, las cuales ya vamos por 4 gobiernos y ninguno decide darle fin a este, pero lo positivo es que por 36 meses cuentan con el uso de sus propiedades al menos. La segunda es la aceptación de inmigrantes que vengan a trabajar especialmente en el área de agricultura con un permiso especial modificando los decretos de los cierres de fronteras, una excepción que la catalogamos como positivas al poder producir y darles empleos a los inmigrantes.

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Poco a poco, pero muy lentamente comenzamos a derribar mitos del as restricciones y nos enrumbamos muy lentamente a la anhelada y esperada recuperación de nuestra economía.

Ya para el mes de agosto vuelve al manejo de la agenda de las sesiones parlamentarias los mismo Diputados y entramos en la etapa final de los 4 años de gobierno. Veremos si los señores Diputados dejan aprueban buenos proyectos o se suman al populismo de las campañas políticas

Queda menos de un mes para la entrega del documento final con las propuestas de reformas a la Constitución de la República de El Salvador. De acuerdo a lo expresado por el equipo ad hoc que comanda el vicepresidente Félix Ulloa, son  215 modificaciones, 182 reformas puntuales y 147 nuevos contenidos los que se incluyen en el borrador actual. 

Entre estas modificaciones se plantea la obligatoriedad para los medios de comunicación a colaborar con el gobierno. De acuerdo al documento que se conoce, estos deberán ayudar al Estado a promover la cultura y la educación.

De acuerdo con el borrador divulgado, en el artículo 53 se incluye un agregado que señala que “los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la promoción de la educación y la cultura en los términos establecidos por la ley”.

El mismo apartado añade que será el gobierno el que propiciará el desarrollo filosófico y el quehacer tecnológico, así como el desarrollo científico e investigación incluidos en la Carta Magna vigente.

Para algunos juristas, este punto es complicado, pues daría facultades al Estado sobre los medios, como la revisión de contenido. A través de Twitter (“space”), Rodolfo González señaló que con esta medida el gobierno claramente tendría facultad de control a los contenidos.

González cuestionó cómo se vigilará y asegurará que los medios realizarán una labor de contribución con la divulgación de la cultura y educación. “¿Qué se va a entender por cultura? Revisarán contenido. Eso es muy grave. Hay que ponerle atención”, indicó.

Similar postura expuso el abogado German Rivera, quien consideró que si se vislumbra una regulación que “involuciona en el tema del derecho a la libertad de expresión, eso sería un tema de control constitucional”.

Mientras que para el abogado Enrique Anaya esta propuesta representa el mensaje de control del Estado  sobre los medios de comunicación.

El pasado viernes 20 de agosto, la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa de El Salvador inició el estudio del marco regulatorio de los intereses crediticios. La bancada cyan, con mayoría en dicha comisión y en el pleno legislativo, señalan que este sería se “segundo acto de justicia financiera”. Tras realizar las reformas a la Ley de Historial Crediticio.

La presidenta de la Comisión Financiera, diputada Dania González, expuso que en este análisis no solo se tomará en cuenta al sector de bancos. También serán incluidas las casas de empeño y las cooperativas, indicó.

“Estudiaremos la posibilidad de que la contabilización de intereses, al caer en mora, pueda tener un límite, que podría ser entre el 100 % o el 200 %”, explicó.

En Panamá, la diputada Zulay Rodríguez Lu, del Partido Revolucionario Democrático, presentó en la Asamblea Nacional una propuesta para controlar las tasas de intereses crediticios.

Debido a la pandemia de covid-19, el anteproyecto de ley 420 propone el establecimiento de un marco de regulación a las tasas de intereses de préstamos y créditos otorgados por bancos, las empresas financieras y las tarjetas de créditos. Entre ellas señala que la banca establecerá un techo máximo mensual de 1.25 % a las tasas de interés activas y pasivas de sus operaciones.

Ante esta iniciativa, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) señala que las tasas de interés en el país son de las más bajas de la región. Por lo que una nueva ley de moratoria o regulación de tasas de interés afectaría a los panameños, explican.

Por medio de una nota enviada al presidente de la Comisión de Comercio, Raúl Pineda, el presidente ejecutivo de la ABP, Carlos Berguido, expuso que el proyecto de ley “impedirá el acceso al crédito formal de grandes segmentos de la población”.

La nota añade que esto es causa directa de exclusión financiera, al instaurar topes a las tasas de interés sobre empréstitos y tarjetas de crédito. De acuerdo a la ABP, esto es “contrario al interés público y al bienestar de la población”.

«Si los bancos y financieras reducen su oferta de crédito a los más pobres, su necesidad de obtener créditos no desaparece, pero estos se verán condenados por ley de la república a pedir prestado a agiotistas, y bandas criminales y a pagar las exorbitantes tasas de usura, que rondan el 10 % semanal, y hasta diario», recalca la nota.

Los diputados que conforman la Comisión de Hacienda aprobaron un dictamen favorable para destinar un millón de dólares a la conmemoración del bicentenario de la independencia centroamericana.

La iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele,  presentada por medio del ministro de Hacienda, establece el refuerzo presupuestario de diferentes carteras del Estado a fin de que el Comité Especial para la Conmemoración del Bicentenario pueda coordinar las actividades vinculadas a la fecha.

Dichos fondos serían distribuidos entre la Presidencia de la República ($67,200), el Ministerio de Relaciones Exteriores ($57,600), el Ministerio de la Defensa Nacional ($165,600), el Ministerio de Gobernación ($172,900), el Ministerio de Educación ($273,900) y el Ministerio de Cultura ($262,800).

Con el monto asignado a Presidencia se ejecutarán los “Diálogos del Bicentenario”, espacios que servirán para fomentar la integración y temas de interés regional. Por su parte, Relaciones Exteriores realizará el relanzamiento de la biblioteca Gustavo Guerrero, además de emplear fondos para tema de iluminación y realización de exposiciones sobre la conmemoración.

En el caso de Defensa se llevará a cabo la compra de instrumentos musicales para los conciertos relacionados a la fecha y la adquisición de uniformes de guardia de honor. Además servirá para realizar la travesía naval del Bicentenario, un panel fórum y publicaciones de obras de colección.

Gobernación empleará los fondos para, a través de la Dirección de Correos, emitir un millón de sellos postales conmemorativos y colocar una torre de reloj con cuatro pantallas LED en la plaza Cívica, la cual servirá para  la cuenta regresiva de la fecha conmemorativa.

Por último, la cartera de Educación realizará la publicación de una serie de investigaciones y conversatorios. Además de la entrega de instrumentos musicales a 14 bandas de diferentes centros escolares. En el caso del Ministerio de Cultura, estará a cargo del concierto del Bicentenario, la ejecución de exposiciones, un concurso nacional de composición y diversos ciclos de conferencias.

Durante la vigésima sesión virtual del Congreso de Honduras, los parlamentarios aprobaron la admisión de dos contratos de préstamos para al país con organismos multilaterales. El monto de ambos empréstitos asciende a $61.3 millones, equivalentes a 1,464.4 millones de lempiras.

Uno de los préstamos será suscrito con el Banco Mundial por la suma de $45 millones. Este será empleado para la ejecución del proyecto de fortalecimiento de abastecimiento de agua urbana.

El siguiente financiamiento es por la suma de $16.3 millones. El contrato de préstamo avalado con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) tiene por objetivo ejecutar el proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales del noreste de Honduras.

Sobre las aprobaciones de más préstamos, Luis Redondo, diputado del Partido de Innovación y Unidad, denunció que esto genera preocupación, debido al alza del índice de endeudamiento nacional.

Añadió que esto se debe en gran parte por  prácticas antidemocráticas de parte de la Junta Directiva del Partido Nacional, que no permitió el ingreso de parlamentarios de oposición y no les otorgó la palabra en los debates.

Además de los empréstitos antes mencionados, también se dio luz verde a un préstamo en favor de la municipalidad de Trinidad, en Santa Bárbara. Este asciende a 3 millones de lempiras y será empleado para la compra de un terreno donde se edificará un mercado artesanal.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, informó las nuevas disposiciones de su gobierno para tratar de contener el avance de nuevos casos de coronavirus en el país, los cuales son atribuidos a la variante Delta. El mandatario decretó un nuevo Estado de Calamidad el pasado viernes 13 de agosto.

Asimismo, Giammattei informó del restablecimiento de un toque de queda nocturno como medida de combate al alza de contagios. Las restricciones de movilidad anunciadas por el gobierno comenzaron a ser efectivas desde el domingo 15 de agosto.  

Por medio de un mensaje televisado, el presidente guatemalteco indicó que en Consejo de Ministros se decidió decretar Estado de Calamidad Pública por un lapso de 30 días. La medida anunciada por el mandatario restringe varios derechos constitucionales, como la libre circulación. 

De acuerdo al presidente de Guatemala, «la variante Delta es altamente contagiosa. Está provocando nuevos brotes por lo que muchos gobiernos han tenido que imponer nuevas restricciones a sus poblaciones como medida de mitigación. Guatemala no puede ser la excepción».

El Estado de Calamidad establece un toque de queda de las 10 de la noche a las 4 de la madrugada, contempla agilizar la compra de insumos para enfrentar la pandemia y el establecimiento de precios mínimos y máximos para productos esenciales.

Asimismo, prohíbe las reuniones masivas y espectáculos públicos. Empero, señala que permitirán las manifestaciones que sigan las medidas de higiene y el distanciamiento físico.

El año pasado, Guatemala decretó Estado de Calamidad desde marzo a inicios de octubre.

La comisión ad hoc que estudia las propuestas de reformas a la Constitución de El Salvador entró en la recta final. El equipo, comandado por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, espera entregar el documento final al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el próximo 15 de septiembre.

Esta semana, el vicemandatario manifestó que en el borrador de reformas a la Carta Magna se proponen 215 modificaciones, 182 reformas puntuales y 147 nuevos contenidos. Además de siete artículos nuevos, ocho sustituciones y un total de 18 derogatorias. Explicó que este documento será consultado con organizaciones y el sector académico.

Entre los cambios que se plantean está que el periodo presidencial quede establecido en seis años. En esta propuesta de reforma al artículo 154 de la Constitución, si bien se mantiene el principio de alternabilidad, deja abierta la posibilidad de una reelección temprana.

Actualmente en El Salvador las presidencias de la República tienen una duración de cinco años. Sobre la reelección, la Constitución establece que se puede llevar a cabo tras dos periodos, es decir 10 años. Empero, la enmienda propuesta agrega un inciso que señala que para buscar nuevamente la presidencia deberá transcurrir un periodo equivalente a su mandato.

Asimismo plantea una “armonización” de los mandatos de diputados, alcaldes y funcionarios de segundo grado. Así, indica que los periodos presidenciales deben ser de seis años, para alcaldes y diputados de tres (con límite de tres gestiones para reelegirse), seis años para puestos de segundo grado y nueve años para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado, propone que el artículo 83 establezca la opción de realizar consultas a través del plebiscito, referéndum, revocatoria de mandato presidencial y las iniciativas de los ciudadanos. Sobre el artículo 85, se plantea la eliminación del texto que establece que “la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático”.

Otros puntos que se proponen son la supresión de la Corte de Cuentas y la Sección de Probidad, las cuales se integrarían a una nueva institución que se denominaría “Contraloría General de la Nación”. 

En el tema del aborto, si bien no lo regula, sí establece derechos iguales para la madre y el no nacido. Además, contemplaría el derecho a donar órganos y a la muerte digna.

El presidente de Costa Rica, Carlos Acevedo, firmó el pasado 11 de agosto una ley con la que manifestó se pretende incentivar el turismo, empleo e inversión en el país centroamericano.

“Bienvenidos los y las nómadas digitales. Firmé la ley que permite que una persona extranjera pueda teletrabajar en Costa Rica hasta por un año, que puede ampliarse por uno más. Incentivo para el turismo, empleo e inversión en las diversas regiones”, escribió en sus redes sociales.

La normativa establece un grupo de beneficios fiscales y migratorios para que los “nómadas digitales” realicen teletrabajo desde Costa Rica. Entre ellos la exención total sobre el impuesto a las utilidades o que la licencia de conducir de su país de origen será válida en suelo costarricense.

La denominada “Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional» establece que los extranjeros con un ingreso superior a los $3,000 mensuales permanezcan hasta por un año en el país con una visa, misma que podría prorrogarse por un año más. En el caso de que esta persona viaje con su familia, el ingreso debe ser de $5,000, indica la normativa.

Los impulsores de la ley señalan que los «nómadas digitales» contribuirán a la economía a través del consumo de servicios de alojamiento, alimentación, alquiler de vehículos y servicios médicos, entre otros.

Los diputados de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador llevaron a cabo la primera sesión plenaria extraordinaria de la presente legislatura. Dicha reunión se llevó a cabo el viernes 6 de agosto, durante el periodo de vacaciones en honor al Divino Salvador del Mundo.

El motivo de la convocatoria fue para tratar como punto único la aprobación de la entrega de un incentivo económico para los integrantes de la selección de fútbol playa. La medida fue una iniciativa presentada por el bloque oficialista tras la clasificación de El Salvador al mundial de la modalidad, que se disputará en Rusia del 19 al 29 de agosto del presente año.

Esta medida fue avalada por casi la totalidad de los parlamentarios (81 votos). El monto económico que se entregará a cada jugador de la selección y a los miembros del cuerpo técnico asciende a $8,000.

De esa cantidad, $6,000 corresponden al incentivo por lograr la clasificación mundialista. Estos serán entregados en 12 cuotas de $500, según el acuerdo legislativo. Los $2,000 restantes serían recibidos de manera completa en concepto de viáticos previo a su partida a Rusia. Cabe destacar que ese monto estaría exento del cobro al impuesto sobre la renta. 

Al respecto, los diputados señalaron que el dinero serviría para que los jugadores vayan tranquilos al mundial y den “el todo por el todo”.

Esta medida es similar a otras aprobadas en pasadas legislaturas. Por ejemplo, en noviembre del 2020, los diputados decidieron entregar una pensión vitalicia a los jugadores de la selección de fútbol once que disputaron los mundiales de México 1970 y España 1982.

El dictamen, que contó con los votos de todas las fracciones legislativas que integraban la anterior Asamblea Legislativa, estableció una retribución de $600 mensuales, los cuales serían cancelados del fondo general de la nación.