Informe regional – Los avances de la educación dual y profesional en la región

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En la comunidad Las Tapias, en el municipio de San Marcos de Colón, los pobladores han expresado su preocupación por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Los lugareños han externado a agencias internacionales su temor desde que comenzaron a edificar hileras de invernaderos desde principios de este año.

Añaden que no fue sino hasta junio que se les comunicó que la zona donde habitan forma parte de las ZEDE. Sobre este punto, el presidente Juan Orlando Hernández señaló que el proyecto, perteneciente a la empresa Agroalpha, será “el más grande de su tipo en Centroamérica”.

El mandatario expuso que creará más de 4,500 empleos en Las Tapias. De acuerdo a los habitantes de Las Tapias, las oportunidades laborales son bien recibidas, pero temen perder sus tierras.

Las ZEDE fueron autorizadas por el Congreso de Honduras en el 2013, cuando Juan Orlando Hernández era el presidente del organismo. Entre las características de estas zonas de empleo y desarrollo están la exención de impuestos a las importaciones y exportaciones.

Además, están habilitadas para establecer sus propias formas internas de gobierno. Así como sus tribunales, fuerzas de seguridad, escuelas e incluso sistemas de seguridad social. Agregado a ello, de contar con puertos marítimos y aéreos, son administrados por ellos.

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) han sido punto de debate entre quienes apoyan la normativa y quienes no están a favor. Los detractores de las zonas manifiestan que crean un “Estado dentro de un Estado”. Lo que a su criterio socava la soberanía del país.

Esto pese a que la ley establece que las ZEDE están obligadas a acatar la mayor parte de los principios constitucionales de Honduras, además de los acuerdos internacionales de derechos humanos.

Por el contrario, los que están a favor de la normativa señalan que las ZEDE atraerán la suficiente inversión para que el ingreso per cápita de Honduras pueda multiplicarse en el lapso de unas décadas.

La medida, estancada por algunos años, ha tomado un nuevo impulso por parte del presidente Juan Orlando Hernández. Además, la Corte Suprema eliminó las impugnaciones judiciales contra la ley.

Al respecto, representantes de las Naciones Unidas en Honduras han advertido que las ZEDE podrían “implicar serios riesgos al cumplimiento de la obligación general del Estado de Honduras de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos” de los habitantes.

Tras varios años desde su presentación, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó una ley para regular el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. La medida fue avalada el 30 de agosto.

«El Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó en tercer debate, el Proyecto de Ley No.153 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados y dicta otras disposiciones», indicó el legislativo en sus redes.

La ley aprobada establece que el Ministerio de Salud definirá la cantidad de licencias de fabricación de derivados de cannabis medicinal. Empero, agrega que como medida preventiva, hasta cinco años después de su promulgación, únicamente “podrán ser autorizadas hasta siete licencias”. Esto con la intención de supervisar y monitorear el desarrollo del mercado interno.

«Después de cumplido el plazo de cinco años descrito anteriormente, no podrá reducirse el número de licencias previamente aprobadas», expuso la Asamblea Nacional en un comunicado.

Por otra parte, la ley avala a Salud a desarrollar el Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados. La finalidad de dicho plan será la promoción de la investigación e iniciativas educativas y de uso adecuado, añadió el legislativo.

Asimismo, la ley estipula que la importación de derivados del cannabis medicinal podrá ser otorgada únicamente con la finalidad de suplir a los pacientes del Programa de Uso de Cannabis y el mercado nacional. Además, «prohíbe, terminantemente, la comercialización de productos derivados de cannabis medicinal a domicilio o vía internet dentro del país».

Sobre este tema, agencias internacionales, retomando una publicación del  diario La Prensa, señalan que la empresa Canna Med Panama S.A. (de origen canadiense) patrocinó un viaje a Luisiana, en los Estados Unidos, a cinco funcionarios. Varios de los cuales son considerados claves en la toma de decisiones en el negocio del uso medicinal de la marihuana.

Ante ello, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información inició una investigación.

La normativa fue aprobada con 44 votos a favor y ninguno en contra. Al ser publicada en el Diario Oficial, Panamá se establecerá como el primer país de Centroamérica en regular el consumo de cannabis.

De acuerdo a los mocionantes de la medida, con ella se mejorará la calidad de vida de personas con problemas de glaucomas, epilepsia, artritis, esclerosis múltiples, migrañas, convulsiones y cáncer.

En El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una resolución en la que dio paso a la posibilidad de una reelección presidencial. La sentencia, emitida el pasado 3 de septiembre, da luz verde a la opción de que un presidente de la República se pueda reelegir inmediatamente, pese a estar prohibido en la Constitución.

Actualmente, la Constitución salvadoreña, en su artículo 152, indica que “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial”, no podrá ser candidato a presidente.

En su sentencia, la Sala ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir que “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido Presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.

Ante esta resolución, el organismo electoral afirmó a través de un comunicado que acatará la medida de la Sala. El TSE señaló que cumplirá lo mandatado «en virtud de que las resoluciones y sentencias de la Sala de lo Constitucional son inapelables y de obligatorio cumplimiento».

Asimismo, explica que la inscripción será permitida si la persona que ejerce la presidencia “así lo desea y si un partido político legalmente inscrito lo postula para dicho cargo”.

Sobre este punto, Julio Olivo, magistrado del TSE, señaló que la decisión del ente colegiado es “inválida”.  Olivo expuso estar sorprendido por el comunicado. Manifestó que la institución no sesionó para discutir la resolución de la Sala. Agregó que fue un acuerdo “exprés” surgido del chat de la magistrada presidenta del Tribunal, Dora Esmeralda Martínez. “No tiene validez”, sostuvo.

“Nosotros al momento de tomar posesión de nuestros cargos como magistrados, juramos defender y hacer cumplir la Constitución, y la misma nos ordena en su Art. 88 que es obligatoria la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República”, colocó Olivo en sus redes sociales.

El magistrado agregó que el artículo 152 de la Carta Magna prohíbe que el mandatario de la República pueda ser nuevamente candidato a presidente y que en el artículo 154 prohíbe que un presidente pueda quedarse un día más en el ejercicio de su cargo.

Durante la sesión plenaria ordinaria N.º 18, los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron, con dispensa de trámite, dos piezas de correspondencia en el sentido de reformar la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Ambas piezas estipulan, entre otros puntos, la remoción y envío a retiro de jueces y fiscales mayores de 60 años o con 30 años de servicio. 

La reforma a la carrera judicial, que se aprobó con 63 votos a favor y 18 en contra,  establece que «el ejercicio de la función de magistrados y jueces cesará, de manera obligatoria, cuando las personas que ejercen dichos cargos cumplan sesenta años de edad, lo cual implica el cese del funcionario en su cargo, la presente regla no aplicará a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia».

Asimismo, la normativa avalada faculta «ordenar traslados por razones justificadas de conveniencia del servicio; o por la necesidad, en una determinada sede judicial, dada la complejidad y especialidad de los asuntos que ahí se traten».

Por su parte, con 64 votos a favor y 18 en contra, se avaló reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Dando la facultad para retirar a los fiscales mayores de 60 años y realizar traslados de funcionarios en dicha institución. Esta última acción estará a cargo del fiscal general.

“La carrera fiscal se regirá por las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que de conformidad con la misma dicte el fiscal general, este régimen prevalecerá sobre cualquier otra disposición de carácter general”, estipula la normativa.

Jueces rechazan medida

Tras la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, magistrados, jueces de Primera Instancia y jueces de Paz rechazaron el decreto que faculta a la corte plena hacer traslados y remover a los  jueces.

En un comunicado, los jueces y magistrados tildaron de ofensivo e indigno la normativa que establece el cese de labores para quienes tienen más de 60 años de edad. Agregan que con la medida se han violado sus derechos constitucionales, de trabajo y estabilidad laboral. Además del derecho de igualdad, dignidad humana, debido proceso y seguridad jurídica.

Asimismo, indicaron que el decreto es inconstitucional. Esto debido a que la Asamblea no tiene iniciativa en los temas relacionados a la ley judicial, externaron.

Los datos obtenidos tras el análisis de las medidas evaluadas por el Libertómetro en el mes de julio revelan resultados negativos en cuanto al respeto de las libertades económicas, individuales y políticas. La puntuación global del istmo arroja una puntuación de -62.40 %.

Al dar un vistazo a cada país de la región, las naciones que conforman el Triángulo Norte encabezan los resultados. En primer lugar se ubica Honduras, con una puntuación de -80 %; le sigue de cerca El Salvador, con -79.30 %; y en tercer puesto aparece Guatemala con -40 %. Más atrás están Panamá (-34 %) y Costa Rica (-9.10 %).

Cabe destacar que entre todo el pliego de leyes evaluadas en el mes de julio (51 en total) hay un factor común en las medidas consideradas más negativas. Y es que cada uno de los países centroamericanos dio luz verde a normativas enfocadas en la restricción de derechos fundamentales y la movilidad de la población.

Estas han tenido como eje de justificación la emergencia sanitaria por el coronavirus. Esto sin importar que se violenten libertades económicas e individuales, como la libertad de tránsito y el derecho al trabajo. Las aprobaciones han variado desde la declaratoria de estado de prevención nacional, suspensión de concentraciones, restricciones vehiculares por horas y el establecimiento de medidas de movilidad.

Asimismo, el análisis regional del mes presenta que las acciones catalogadas más peligrosas para Centroamérica tienen que ver con las restricciones relacionadas al covid-19 (aprobadas en El Salvador, Honduras y Panamá). Ante este punto se mantiene la incertidumbre de la posibilidad de nuevos cierres totales de la economía. Algo que sin duda afectaría aún más a los sectores productivos, golpeados por la medidas adoptadas en 2020 para tratar de contener el avance del virus.

Empero, a estas se añaden dos de índole económica. En El Salvador, por ejemplo, se ratificó el incremento de monto de capital autorizado del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la suscripción de acciones nuevas para el país. Mientras que en Panamá se prorrogó un decreto que regula los precios de más de una docena de productos que componen la canasta básica familiar.

Sin embargo, entre el universo de 51 medidas calificadas por el Libertómetro, hay algunas que destacan como las más positivas o prometedoras. Por ejemplo, en el caso de Guatemala se aprobó una política pública de protección a la vida e institucionalidad de la familia.

Por su parte, en Costa Rica se reformó el procedimiento de ingreso, documentación y permanencia legal de personas extranjeras, con lo que se da paso a la creación de fuentes de empleo para migrantes que busquen trabajar en el rubro de la agricultura.

Y en el caso de Panamá, destaca el establecimiento de condiciones para la obtención del bono solidario. Previamente quienes recibían el dinero lo hacían sin dar alguna retribución. En cambio, ahora deberán comprometerse a recibir una capacitación o al desarrollo de trabajo comunitario por 24 horas.

Queda por ver cómo se desenvuelven los países de Centroamérica en los meses que restan del presente año. Pues mientras la pandemia por covid-19 parece que seguirá por un buen tiempo, se mantiene abierta la ventana los gobiernos empleen dicha carta para prolongar o establecer nuevas medidas restrictivas y se continúe afectado a los ciudadanos.

Durante la sesión plenaria ordinaria 18, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley de Creación del Fideicomiso del Bitcoin. Para su financiamiento, los parlamentarios destinaron $150 millones provenientes de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de $600 millones.

Este empréstito con el BCIE estaba destinado para la recuperación económica de las empresas que resultaron afectadas por la pandemia. El fideicomiso será manejado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), según lo establecido en la normativa avalada.

Tras la votación, algunos diputados señalaron que la Ley Bitcoin es una medida inconsulta y que obliga a los salvadoreños al uso de una criptomoneda de la cual aún se desconoce cómo funcionará. Esto pese a que el bitcoin entrará en vigencia como moneda de curso legal en El Salvador el próximo 7 de septiembre.

Por otra parte, el decreto establece que el fideicomiso tendrá la facultad de seguir financiándose a través de la emisión de títulos valores. Además de seguir recibiendo transferencias de parte del Ministerio de Hacienda.

Al respecto, René Portillo Cuadra, jefe de la bancada de ARENA, dijo que el fideicomiso es “inconstitucional”. De acuerdo al parlamentario, el Banco Central de Reserva (BCR) es el que está facultado para el manejo de las monedas en El Salvador, y no un fideicomiso con BANDESAL.

Sobre la Ley Bitcoin, Cuadra dijo que “hay alguien detrás de este negocio, el tiempo nos va a dar la respuesta”.

Posición contraria expresó el diputado Rodrigo Ayala, de Nuevas Ideas. El también miembro de la junta directiva de la Asamblea dijo que el bitcoin proporcionará estabilidad a largo plazo. Ayala mencionó que el bitcoin será mayor que una moneda que “sí está controlada por alguien». En referencia al dólar.

Piden que pensiones no se paguen en bitcoin

Previo al inicio de la plenaria, representantes de sindicatos y profesionales pensionados presentaron una iniciativa en la Asamblea Legislativa en el sentido que excluya de la obligatoriedad del pago de pensiones en la criptomoneda. Solicitaron que el pago se mantenga en dólares.

“Solicitamos que la Asamblea conozca nuestra propuesta de reforma a la ley del sistema de pensiones a efecto de establecer que sean pagados en dólares a través de depósitos bancarios corrientes sin que figure el uso de monedas virtuales”, expresaron.

El alza de casos positivos de covid-19 y las medidas para contener el repunte del virus siguen generando polémica entre diversos sectores en Guatemala. Esta semana, los diputados de la Comisión de Salud del Congreso se reunieron con un grupo de médicos.

Para los galenos es necesario,  de “forma urgente, drástica e impostergable”, implementar medidas de mitigación total o parcial con el objetivo de bajar la curva y controlar el número de contagios.

La diputada Evelyn Morataya confirmó el encuentro a través de sus redes sociales. “Convocatoria extraordinaria y urgente buscando soluciones a la crisis sanitaria”, escribió en su Twitter.

En la reunión participaron Francisco Coma, el viceministro de Hospitales; Jorge Ranero, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala; Iris Cazali, jefa de Infectología del Hospital Roosevelt; y Erwin Calgua, epidemiólogo de la Universidad de San Carlos.

En el encuentro fue presentada la “Propuesta de medidas urgentes de mitigación para controlar la pandemia por covid-19 en la República de Guatemala”. El documento plantea tres opciones para contener el avance de casos en el país.

Primero, proponen el establecimiento de la restricción total de la movilidad en el país. Como segunda opción, los médicos ven la posibilidad de implementar toques de queda parciales. Por último, indican que si las cosas se mantiene como hasta ahora, los casos se duplicarían en un periodo de tres meses.

En específico proponen la prohibición de actividades deportivas y reuniones sociales para evitar aglomeraciones, esto por un periodo de cuatro semanas que puede ampliarse a 60 días.

Sobre los toques de queda, indican que podría implementarse de las 7 de la noche a las 4 de la mañana horas del día siguiente. Estos horarios podrían variar los fines de semana. Además, la circulación sería libre solo para personal de salud y servicios esenciales. 

En la misma línea, la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas presentó un comunicado en el que expuso su postura por la situación sanitaria en el país. Entre los puntos mencionados señala la limitación de la movilidad de la población, la restricción de horarios con un toque de queda y medidas para reducir la interacción social.

“Consideramos que en este momento la única opción para reducir la transmisión es la reducción de la movilidad e interacción social, lo cual hasta el momento no se ha logrado óptimamente de manera voluntaria, por lo que las autoridades deben hacer algo al respecto pues tienen la obligación de velar por el bienestar de la población”, señaló la asociación.

Honduras registró una calificación de -80% en el Libertómetro durante julio de 2021, mostrando así un nuevo retroceso en las libertades.

El análisis de julio incluye un total 4 medidas, 55.6% menos que el mes anterior. Tres de ellas obtuvieron  una calificación negativa, mientras que una tuvo efecto neutro.

Por tercer mes consecutivo, la medida más grave fue la prórroga de las medidas de restricción de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 69, 78, 81 y 84 de la Constitución; la misma violenta una serie de libertades económicas e individuales, como la libre circulación y el derecho al trabajo, bajo el amparo de la emergencia del COVID-19.

La única medida neutra, que evitó que Honduras resultara mal por completo, fue la Ley de Fomento para la Explotación de Rutas de Transporte Aéreo de Bajo Costo. La cual pretende impulsar la industria del transporte aéreo aplicando tarifas que estimulen el desarrollo de la aviación civil. Si bien la medida puede aumentar el número de alternativas disponibles para los consumidores del mercado de transporte aéreo, ese efecto positivo se cancela al considerar aspectos de centralización incluidos en la ley, como lo es la creación de una comisión en la que se concentran muchas decisiones que deberían corresponder a las empresas del mercado.

Debe mencionarse, además, que se vale de incentivos tales como descuentos en tarifas de operación y tasas aeroportuarias, revelando de esa manera una de dos cosas: o que dichas tarifas y tasas no responden a una lógica de costo marginal (y, por tanto, son confiscatorias), o bien que se estaría vulnerando la capacidad de las autoridades aéreas para prestar los servicios por la reducción de sus ingresos.

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A nivel conceptual, el efecto negativo de julio de 2021 tiene un matiz económico. El pilar de libertades económicas fue el que más retrocedió, con una nota de -60% siendo los subíndices más afectados los relativos al aprovechamiento racional de los fondos públicos y del medio ambiente (50% de las medidas analizadas). Esto deja a Honduras en una posición complicada aunque no grave, y nos dice que el tema Covid-19 sigue siendo en este país la excusa para que el Estado exceda sus atribuciones y se entrometa más en la vida de los ciudadanos.

El Salvador registró una calificación  de  -79.3%  en el Libertómetro durante julio de 2021, sumando así un mes más con desempeño negativo en la defensa de las libertades.

El análisis de julio incluye un total de 27 medidas, 46% menos que el mes anterior (que de por sí había sido un mes atípicamente activo). De ellas, el 88.9% obtuvo una calificación negativa, mientras que el restante 11.1% fue positivo. El mes se caracterizó por la aprobación inmisericorde de más deuda, así como el surgimiento de una nueva pieza de restricciones al desarrollo de eventos en razón del fenómeno COVID-19.

La aprobación del decreto “Disposiciones Especiales y Transitorias de Suspensión de Concentraciones y Eventos Públicos o Privados” fue la medida más negativa aprobada en julio. Su calificación de -10 fue estadísticamente atípica, esta suspende por 90 días la realización de todo tipo de eventos o concentraciones públicas o privadas relacionados con deporte, mítines, conciertos, fiestas patronales y similares; asimismo, introduce multas por incumplimiento de la normativa. Días después de su aprobación, el alcance del decreto fue suavizado solo de manera parcial, al introducir en el caso de los eventos deportivos la salvedad de admitir público con cartilla de vacunación completa.

En tiempos donde el mundo entero y en particular El Salvador se avanza con la vacunación para prevenir el COVID-19, cae esta normativa que viola diferentes libertades, entre ellas: el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo, la libertad de empresa, la libertad de asociación y de circulación, entre otras. Llama la atención que esta ley surge solo semanas después de aprobarse la controversial Ley Bitcoin (que, curiosamente, también fue el dato atípico del mes pasado), por lo que mucho se ha especulado sobre que este decreto busca atajar las potenciales manifestaciones públicas en contra de aquella medida, así como el más cercano estallido de la crisis fiscal.

El resto de medidas negativas se centran, sobre todo, en autorizaciones de préstamos y modificaciones a la ley del presupuesto vigente, con el fin de reforzar presupuestariamente determinadas instituciones y programas; esto se considera negativo, como ya se ha apuntado, por la nula demostración de la conveniencia de estas reorientaciones, así como por las nefastas señales para el ambiente de negocios el hecho de modificar semanalmente el marco de gastos del Estado.

En el aspecto positivo, destaca la aprobación de varias reformas a la Ley de Firma Electrónica, ya que brindan seguridad jurídica respecto de las reglas por aplicar en un tema demasiado actual como el de la transformación digital; de igual manera, introduce algunas definiciones que no estaban en la versión anterior de la ley, como la de algunos tipos de sellos electrónicos y mejora algunas explicaciones.

A nivel conceptual, el retroceso de julio de 2021 tiene un matiz económico. De hecho, julio es el cuarto mes en fila en el que la degradación de las libertades se explica prioritariamente por el factor económico. Si bien los tres índices mostraron notas promedio negativas, el de libertades económicas fue el más golpeado, con un -46.7%. El subíndice que más empeoró en el mes dentro de esta categoría fue, nuevamente, el aprovechamiento racional de los fondos públicos, que bajó en el 77.8% de las medidas analizadas.

Vale la pena destacar que, mientras todo esto sucedía, la Asamblea Legislativa organizó un circo más para distraer la atención sobre la debacle nacional. Se instaló una comisión que estudia casos de sobresueldos en gobiernos anteriores, convocándose semanalmente a diferentes ex presidentes y vicepresidentes de la República, así como funcionarios relacionados. El tema realmente no tiene asidero legal, puesto que la discrecionalidad de ese gasto estaba amparado por el marco jurídico del momento. Lo curioso es que no se trate con la misma medida la abundante evidencia de ese tipo de prácticas en el presente gobierno. Mientras tanto, el público aplaude mientras el país sigue su caída libre a la esclavitud. Y ha sido un mes muy polémico por el circo de discusiones en la comisión abierta lo cual nos recuerda que la opinión pública sigue dictándose por el show y no por lo realmente importante.