El Ministerio de Hacienda de El Salvador presentó en la Asamblea Legislativa la propuesta de la Ley Especial y Transitoria que otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras. Con ella se pretende establecer un periodo para que las personas que lo deseen puedan regular su situación con el fisco.

La propuesta establece que todos los contribuyentes que tengan problemas con sus declaraciones tributarias tendrán hasta el próximo 10 de diciembre para cancelar esa deuda tributaria. El ministro Alejandro Zelaya recalcó que la amnistía fiscal tendrá vigencia una vez haya sido aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada en el Diario Oficial.

El titular de Hacienda manifestó que el decreto presenta la posibilidad de cancelar las deudas tributarias hasta en siete cuotas. El objetivo es beneficiar a quienes por razones de la pandemia no hayan podido regularizar su situación, dijo.

Piden cancelación de deudas agrarias

Por su parte, el diputado Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, presentó una disposición transitoria a la Ley Especial para Facilitar la Cancelación de las Deudas Agraria y Agropecuaria.

El parlamentario expuso que la medida se debe a “la crisis económica que sufre el sector” y las condiciones en las que se ha mantenido por años. “El objetivo de esta reforma es facilitar la cancelación de las deudas por medio de créditos preferenciales a un interés más bajo que del mercado, y con periodos de gracia de hasta dos años, que permiten solventar y mejorar la economía familiar”, explicó.

Agregó que en la propuesta se establece que durante un año se suspende todo proceso civil o mercantil, declarativo o especial ya iniciado o en cualquier etapa del mismo, incluidas las diligencias de ejecución forzosa y hasta los embargos.

“Esta disposición transitoria permitirá que con el pago del 10 % del saldo de capital e intereses se den por cancelados los préstamos adeudados”, agregó.

El Salvador presenta un alza sostenida de casos de coronavirus desde hace un par de semanas, de acuerdo a los datos presentados por las autoridades del Ministerio de Salud. Empero, por el momento, ni el titular del Ministerio de Salud o personeros del Ejecutivo se han expresado sobre la implementación de medidas de restricción para tratar de contener los contagios.

Sobre este punto se pronunció el diputado Guillermo Gallegos, de GANA. El parlamentario descartó que por el momento la Asamblea vaya a aprobar medidas restrictivas.

Si bien dijo que el Legislativo no está pensando en “establecer restricciones a la población”, indicó que en caso se llegara a dar la discusión, sería en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud y el gobierno.

“Desgraciadamente siguen habiendo descuidos, personas que no se cuidan”, manifestó Gallegos. Pero añadió que no considera que se intenten declarar medidas drásticas como el cierre de la economía. Al menos no a día de ahora.

El parlamentario considera que no se aprobaría un cierre porque la recuperación de la economía ha “costado” y “sería bastante complicado retroceder”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad, siempre que sea solicitado por el Ministerio de Salud o la Presidencia de la República.

“Son ellos los que llevan el mejor control o saben cómo está la situación. Si ellos lo solicitan, no dudaremos en dar las medidas”, dijo Gallegos.  Y agregó que si bien la Asamblea tiene la facultad para decretar este tipo de medidas, no sería conveniente ejecutarla “sin coordinar con el ministerio”.

Alza de casos

Actualmente, El Salvador presenta un reporte diario de más de 340 detecciones de casos de coronavirus. Sobre los decesos, el país registra un promedio diario de 12 muertes, que incluye todos los grupos etarios.

El Salvador reporta más de 14 mil casos activos y más de 14 mil sospechosos de portar el virus.

Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alabí, ha manifestado que se pueden tomar decisiones “de contención epidemiológica”, para lo cual se está haciendo los análisis. “Esto no solo parte de una institución, parte de un análisis integrado y articulado; y en su tiempo se van a tomar las decisiones correspondientes”, dijo.

Las autoridades de Costa Rica aprobaron este 28 de septiembre la obligatoriedad para que los trabajadores del sector público se vacunen contra el covid-19. En el caso del ámbito privado, la medida queda potestad de los empleadores, añadieron.

“La Comisión de Vacunación aprobó la obligatoriedad de la vacuna contra covid-19 para todos los funcionarios públicos, así como para empleados del sector privado cuyos patronos, dentro de sus disposiciones internas, hayan optado por incorporar dicha vacunación como obligatoria”, colocó en redes el Ministerio de Salud.

Y agregó: “Será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra covid-19”.

El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó que «esta decisión está basada en variables epidemiológicas como la cantidad de casos de covid, una ola que ha estado muy fuerte y muy extendida, la mortalidad de la enfermedad que lamentablemente también ha estado incrementada y una circulación alta de la variante Delta».

Hasta la fecha, en Costa Rica se obligaba a inmunizarse solamente a los funcionarios de atención de primera línea del sector de la salud. Empero, dicho lineamiento provocó que un grupo de trabajadores de la mencionada área interpusiera un reclamo ante la Sala Constitucional.

En el escrito alegaron que «no se sentían seguros con la aplicación del tratamiento» o que la vacuna atentaba contra sus «creencias religiosas». Sin embargo, la causa fue rechazada.

Sobre la medida aprobada, el ministro Salas agregó que la saturación en los hospitales, además de la desaceleración en la asistencia de personas a los centros de vacunación para recibir la primera dosis, impulsó la toma de la decisión.

La idea es que los centros de trabajo «sean lugares más seguros» y que «disminuyan las posibilidades de interrupción de servicios y labores a raíz de posibles contagios», para despejar la vía hacia la recuperación económica, expuso  la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología,

La fuerza laboral formal en Costa Rica es de 2 millones de personas, de las cuales el 13.7 % pertenece al sector público (273,000) y  86.3 % al sector privado (1,727,000), según la última Encuesta Continua de Empleo.

El desglose del presupuesto de la Asamblea Legislativa de Panamá para el ejercicio fiscal del año 2022 expone que un alto porcentaje del mismo estará dedicado para el pago de salarios y dietas.

De acuerdo a reportes de medios locales, el 81 % del presupuesto legislativo sería destinado a los rubros antes mencionados. Para el 2022, el congreso dispondría de un plan de gastos anual equivalente a $126,571,124. De ese monto, $103,072,569 serían usados para pagar sueldos, dietas y otros gastos relacionados.

Al observar el desglose del presupuesto, añaden, se observan gastos operativos (alquiler de locales, vehículos y equipos de oficina). Asimismo, exponen que la Asamblea pretende destinar más de $508,000 para el pago de viáticos tanto al interior como fuera de Panamá. Esta cifra representa un alza de $313,241 comparado a 2021.

Además se proyectan unos $3,201,000 para transporte de bienes y personas (un aumento de $1.5 millones comparado al presupuesto previo).

El presupuesto también contempla destinar $635,000 para alimentos y bebidas y $162, 500 para textiles y vestuario. En el rubro de contratación de consultorías y servicios profesionales, para 2022 la Asamblea plantea destinar $7,200,000. Esta área también presenta un aumento al compararlo con el ejercicio previo.

En contraste con el presupuesto anterior,  supone un alza sustancial: $433,000. Empero, no se detalla cuáles son los tipos de consultorías que se contemplan en este apartado del plan de gastos del año entrante. Los retos son infinitos y el presupuesto es finito, expuso el presidente de la Asamblea, Cispriano Adames, durante la exposición del plan de gastos del legislativo en la Comisión de Presupue

Human Rights Watch (HRW) señaló, a través de un informe, que decenas de ciudadanos críticos al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, han sido encarcelados en meses recientes mediante cargos sin pruebas. La mayoría, añade el documento, han sido detenidos bajo la acusación de “traición a la patria”. 

HRW menciona que las personas detenidas generalmente son sometidas a prolongados procesos de interrogatorios y que permanecen en condiciones de detención abusivas.

El organismo menciona que el mandatario ha acusado a muchos de los arrestados del cometimiento de delitos graves sin haber aportado pruebas que fundamenten los cargos. Esto es tildado por HRW como “persecuciones por motivos políticos”, los cuales se estarían efectuando como represalia por su oposición.

De acuerdo con Human Rights Watch, en Nicaragua desde mayo pasado se han realizado las detenciones arbitrarias de 36 figuras opositoras al gobierno. Esto sucede previo a la realización de las elecciones presidenciales del país centroamericano, el 7 de noviembre. En dicho proceso Daniel Ortega se presenta en busca de la reelección.

HRW añade que las personas detenidas enfrentan acusaciones cuyas penas pueden equivaler a entre 15 y 25 años de prisión. Entre ellas están lavado de dinero y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.

Para el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, la forma apresurada en la que se han ejecutado las capturas, y sin que cuenten con una base y el debido proceso, muestra que el actual presidente de Nicaragua no “tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”.

Entre las personas arrestadas hay siete candidatos presidenciales opositores y 29 personas críticas del Ejecutivo (opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, líderes comunitarios y del sector privado).

Estados Unidos condena posibilidad de reelección presidencial en El Salvador

En El Salvador, recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio una interpretación de la Constitución de la República que da paso a la opción de la reelección presidencial inmediata en el país.

“El gobierno de Estados Unidos condena el fallo del 3 de septiembre de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que autorizó la reelección presidencial inmediata en contravención de la Constitución salvadoreña. La Constitución salvadoreña prohíbe claramente a los titulares de la presidencia la reelección para un mandato consecutivo”, indicó la embajada de los Estados Unidos en El Salvador por medio de un comunicado. 

Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, presentó en la Asamblea Legislativa una propuesta enfocada en eliminar el cobro del IVA en la canasta básica de El Salvador.

“Queremos una canasta básica sin IVA para apoyar a las familias salvadoreñas. Esto no es ahogar al Estado. Es no permitir que nuestra gente se ahogue”. expuso la parlamentaria.

La disposición presentada tiene por objetivo establecer una tasa diferenciada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para un conjunto de alimentos de primera necesidad. La tasa cero para los alimentos de primera necesidad tendría una vigencia de un año, a partir de la entrada en vigencia del decreto.

Entre los productos que incluye la medida están verduras, cereales, productos de café, carnes crudas, productos de harina, pan, harina de trigo o maíz, leche fluida en polvo y sustitutos, queso y otros lácteos, huevos de gallina, panela, azúcar morena, aceites y grasas vegetales, explicó Ortiz.

“Los alimentos incluidos en la canasta básica son bien pocos, así que decidimos incluir otros que también forman parte de la dieta de las familias salvadoreñas”, agregó en una entrevista radial.

La propuesta de la fracción legislativa de Vamos está basada en los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019. El informe señala que de cada $10 que gasta una familia salvadoreña, $4.50 son empleados en alimentos.

El partido considera que la situación se torna peor dependiendo del nivel económico de las familias. Explican que entre más bajo es el nivel económico, un porcentaje más elevado de sus recursos es destinado para su alimentación.

“Con esta iniciativa honramos una de nuestras promesas de campaña. A la vez ponemos sobre la mesa que, legislando con sencillez, pero comprometidos con los intereses de la gente, podemos darle dignidad a su vida diaria”, expuso Ortiz al momento de presentar la iniciativa en la Asamblea Legislativa salvadoreña.

El Ministerio de Hacienda presentó a los diputados del congreso costarricense los motivos del presupuesto general de la nación para el año 2022. De acuerdo al plan de gastos del próximo año, el gobierno tiene una obligación de pago relacionada a la contratación de préstamos que asciende a ¢22,546 millones.

La cartera estatal acepta que el alza en la cantidad de empréstitos adquiridos con organismos internacionales en el último año ha provocado una variación absoluta de  ¢3,218 millones. Esto representa un aumento del 16.6 % en la partida presupuestaria de “Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector externo”.

“Este gasto se explica por el financiamiento de apoyo presupuestario que podría estar pactado en el 2022 y en el comportamiento de los desembolsos por los créditos que se encuentran en ejecución y con los que se proyectan desembolsar en el transcurso del próximo año”, explicó el gobierno costarricense sobre el plan de gastos del otro año, y que asciende a ¢11.5 billones. 

El documento, que fue presentado por el ministro de Hacienda, Elián Villegas, detalla que uno de los elementos más importantes dentro del plan de gastos lo representa el pago de amortización e intereses de la deuda. Para el 2022, esta línea presupuestaria requerirá el 43.2 % del total

El gobierno de Costa Rica se pronunció por medio de un comunicado en el que detalló que «se realizaron ajustes necesarios para cumplir el compromiso de proteger la situación fiscal del país con responsabilidad, sin dejar de brindar a la ciudadanía los bienes y servicios públicos».

«A pesar de que el ambiente económico nacional e internacional presenta condiciones adversas provocadas, principalmente covid-19, este presupuesto contempla los recursos necesarios para hacer frente a compromisos adquiridos», agregó.

En Costa Rica, el sector industrial ha solicitado a la Asamblea Legislativa mandar a archivo un proyecto de ley que daría “fuero” a los empleados cuando la pareja está embarazada. Días atrás, en la Comisión de Jurídicos del congreso se dio luz verde  al proyecto N.º 21468 “Modificación a los artículos 94y 94 bis del Código de Trabajo”.

Para los industriales, la presentación y trámite del proyecto envía una mala señal para la reactivación. Para el líder del sector, Enrique Egloff, esta iniciativa, al igual  que otros proyectos dentro de la Asamblea en el área laboral, incluyen “rigideces y aumentan costos sin tomar en cuenta que, en su mayoría, los aspectos que pretenden cubrir ya están incluidos en los cuerpos normativos vigentes”.

Egloff añade que esta situación provoca un alza en la incertidumbre para la atracción de la inversión nacional y extranjera.

El punto también ha sido señalado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Indican que la reforma, que impediría el despido de trabajadores cuya pareja esté embarazada, podría ser inconstitucional.

Para el sector empresarial, la medida atenta contra la libertad de empresa. Explican que con ella se limita la potestad del patrono para realizar los despidos cuando las circunstancias lo ameriten. Señalan, por ejemplo, que la ley representaría un problema en los casos donde ya no se requiera un puesto de trabajo o el empleador ya no cuente con los recursos para sostener un número determinado de colaboradores.

“Costa Rica atraviesa una crisis económica que se agudizó con la pandemia y que provoca una clara afectación al sector productivo. Un proyecto como este desincentivaría la atracción y generación de inversión, afectando la generación de empleo”, expuso la Unión de Cámaras.

Recientemente la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR). Casi en paralelo, la Sala de lo Constitucional de El Salvador emitió una resolución en la que realizó una interpretación del artículo 152 de la Constitución.

El artículo en mención se refiere a la prohibición de la reelección presidencial inmediata en El Salvador. Empero, de acuerdo a la Sala, sus predecesores realizaron una interpretación errónea, por lo que ahora avalaron la posibilidad de que el presidente de la República busque un segundo mandato contínuo.

Al respecto, la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) expuso su rechazo a la “depuración del sistema judicial del país” establecida en la reforma a la carrera judicial. Asimismo manifestaron su oposición a la reciente a la reelección presidencial.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, luego de oficiar la misa dominical en catedral, leyó el comunicado de la CEDES. «Creemos que es importante la depuración del sistema judicial, pero respetando el debido proceso», expone el documento.

Sobre la reelección, CEDES recalcó que «los artículos pétreos de nuestra Constitución política no pueden ser reformados, deben conservarse como tales, porque de lo contrario, se vulneraría el sistema democrático que siempre ha defendido nuestro pueblo».

La iglesia aprovechó para enviar un mensaje a la Asamblea Legislativa en torno al tema del bitcoin. En la misiva, solicitó que ante la preocupación de la población por el uso de la criptomoneda se «reforme la ley, en el sentido de que no sea obligatorio el uso de dicha moneda».

Defiende reelección

El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, aseguró que el presidente Nayib Bukele tiene el derecho de presentar su candidato en los comicios de 2024 elecciones. Lo anterior bajo el amparo de la decisión de la Sala de lo Constitucional.

«No se necesita ninguna reforma constitucional, no se necesita una Asamblea Constituyente, sino que ya el artículo 152, textualmente dice que el presidente puede ser candidato, siempre y cuando no haya sido presidente en el período inmediato anterior. El texto, confirma la Sala, permite que él entre a la competencia y el pueblo decide si lo elige o no», dijo Argueta.

Tras la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin, el asesor jurídico de la presidencia de El Salvador, Javier Argueta, expuso algunos puntos sobre la normativa en una entrevista con agencias de noticias internacionales. Entre ellos, uno de los que llamó la atención es el referente a la exención de impuestos a las ganancias. 

El funcionario aseguró que El Salvador hará exoneración de impuestos a las ganancias por alzas en el precio del bitcoin. Argueta manifestó que el objetivo de la medida es atraer inversiones extranjeras en la criptomoneda, que tiene curso legal en el país desde el pasado 7 de septiembre.

Desde esa fecha, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcoin como una divisa de curso legal. En el caso salvadoreño, lo hace a la par del dólar, que rige la economía desde hace dos décadas.

En declaraciones a la agencia AFP, Argueta explicó que «si una persona tiene bitcoin como activo y tiene alta ganancia, no va a haber ningún impuesto. Esto es obviamente para incentivar las inversiones extranjeras».

«No se paga ni ganancia de capital, ni renta, ni ningún impuesto. Ese es un atractivo que ha llamado muchísimo la atención», reiteró el funcionario.

El tema de la adopción del criptoactivo ha generado descontento e incertidumbre en diversos sectores de la población. Incluso ha impulsado manifestaciones en rechazo por la entrada en vigencia de la ley.

Entre las dudas de la población está si los salarios o las pensiones terminarán siendo pagados en bitcoin. Este es un punto de preocupación tomando en cuenta la volatilidad de la criptomoneda.

Al respecto, Argueta negó dichos señalamientos. “No es cierto que los salarios los vamos a pagar en bitcoin, los salarios siempre se pagan en dólares. Las pensiones siempre se pagan en dólares. De hecho, la contabilidad está en dólares”, dijo.

Sumado a lo anterior, expertos en materia económica señalan las altas posibilidades de alza en los precios tras la entrada del bitcoin. Sobre este punto se pronunció el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador (Colproce). 

Advierten que al darle al bitcoin las funciones del dinero, existe el riesgo de que se genere un aumento de precios y se altere el equilibrio monetario y financiero que actualmente posee la economía.