El gobierno de Costa Rica, por medio del Ministerio de Salud, planea implementar a partir de diciembre de este año un proyecto de acceso a comercios y a eventos privados por medio de un código QR. Este código serviría para validar el esquema de vacunación contra el coronavirus, mencionan las autoridades gubernamentales.

Empero, se cuestiona que el proyecto QR pueda violentar la Ley 8969, referente a la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. La normativa señala, en sus artículos 30 y 31, los supuestos bajo los cuales podrían sancionarse a instituciones que empleen datos privados de las personas sin su consentimiento para trasladarlos a un servidor o banco informativo.

De acuerdo al Ministerio de Salud, los datos de los costarricenses y extranjeros radicados en el país y que han sido vacunados, ya sea con esquema completo o incompleto, estarían alojados en un servidor de la plataforma operativa de la empresa Amazon, un servicio de almacenamiento en la nube denominado Amazon Web Services (AWS).

Al respecto, los diputados Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana, y Erick Rodríguez Steller, parlamentario independiente, cuestionan la legalidad y la transparencia del proyecto que pretende impulsar el gobierno.

Rodríguez Steller considera que el proyecto QR es una clara violación a la intimidad de las personas. Añade que a su juicio es discriminatorio solicitar un certificado para que la población pueda acceder a espacios públicos. “Es una medida totalitaria”, dijo.

El parlamentario cuestionó además que el gobierno primero menciona diciembre de 2021 y luego enero de 2022 como el mes de inicio del proyecto. Señaló que espera que, ya que en enero estarán a un mes de las elecciones, esta no sea una estrategia para aumentar el abstencionismo y “promover a los votantes del PAC”.

Por su parte, el candidato presidencial Otto Guevara acudió al Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar la anulación de la entrada en vigencia del proyecto del código QR.

“Es una transgresión absoluta a la normativa vigente”, recalca Guevara. En el documento enviado al tribunal, el candidato presidencial señala que no se garantizan los fines con los que serán empleados los datos de los ciudadanos, no se sabe si la base está registrada y regulada y que ningún “administrado ha sido puesto en conocimiento de que sus datos personales serán albergados en el extranjero”. 

El pasado domingo 17 de octubre, miles de salvadoreños volvieron a salir a las calles a marchar como muestra de rechazo a las políticas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Una de las medidas más cuestionadas ha sido la entrada del bitcoin como moneda de curso legal.

El pasado 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país en usar el bitcoin como divisa de curso legal. El gobierno insiste en que la medida ayudará a recuperar la economía del país.

Ricardo Navarro, director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), consideró que estas acciones demuestran que “la gente se está comenzando a cansar de este gobierno”. “Nos está llevando por un despeñadero con sus malas ideas que ya afectan la economía con ese bitcoin», dijo.

Otro de los temas que motivaron la marcha fue la Ley de Recursos Hídricos que se estudia actualmente en una comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa. Al respecto, el coordinador del Frente Sindical Salvadoreño (FESS), Wilfredo Berríos, expuso que salieron a las calles «para exigir al gobierno y a los diputados que no se privatice el agua».

Al igual que el bitcoin y la ley del agua, otros puntos que generan descontento en los salvadoreños es el alza de las desapariciones en el país, y de las cuales el Ejecutivo no plantea una postura. Asimismo están las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, con la que se realiza la destitución ilegal y forzada de un gran número de jueces.

Los veteranos de guerra y excombatientes también han demandado respuesta del gobierno, al que señalan de abandonar al sector. El tema de la reelección presidencial inmediata, avalada en una resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta por la nueva Asamblea Legislativa, también genera zozobra en la población, que teme una consolidación total del poder.

«Se atentó contra la independencia judicial, eso solo lo hace un gobierno dictatorial y no queremos eso en El Salvador», dijo a medios y agencias internacionales Medardo Gonzalez, exsecretario general del FMLN, sobre la reforma a la ley de carrera judicial.

Durante la jornada de protesta, la cuarta en un periodo aproximado de mes y medio, usuarios de redes sociales reportaron bloqueos de parte de la Policía Nacional Civil y el Ejeŕcito en diferentes puntos de acceso a la capital. Los retenes tenían por objetivo retrasar o evitar que la población externara su descontento con el actual gobierno.

Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, elevó las críticas al gobierno de Nicaragua. El funcionario lo tildó como «una de las peores dictaduras del mundo» y que se prepara a organizar «falsas elecciones».

De acuerdo con Borrell, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo «se aseguraron el triunfo en las elecciones del 7 de noviembre encarcelando a la oposición». Esa es la razón por la que se asegura que los comicios presidenciales serán «falsas elecciones, organizadas por una dictadura».

«Es una de las peores dictaduras del mundo», recalcó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea. «En Nicaragua la represión y la deriva autoritaria es más que preocupante, es inaceptable», agregó.

Borrell manifestó que la UE insiste en «democracia, derechos humanos, Estado de derecho, la liberación de los prisioneros políticos, el retorno de organizaciones internacionales de derechos humanos y la realización de elecciones libres y justas».

La semana pasada, el Consejo de la UE anunció la prórroga, por un año, del régimen de sanciones contra 14 funcionarios nicaragüenses, a quienes señala de ser responsables por «abusos o violaciones de derechos humanos, o la represión a la sociedad civil».

Entre los sancionados por la UE se encuentran Bayardo Arce Castaño, consejero económico de Ortega; Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional; y Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema. Además de la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa, y dos responsables de la Policía.

También se incluyó al hijo del presidente Ortega, Juan Carlos, quien es el jefe del movimiento sandinista 4 de mayo y que a su vez conduce Canal 8, una de las principales cadenas de televisión del país.

El gobierno de Guatemala indicó que apoyará una iniciativa de los Estados Unidos encaminada a combatir la movilización o el blanqueo de dinero producto de actividades criminales en los países del Triángulo Norte (que complementan El Salvador y Honduras).

La medida busca «combatir el crimen organizado transnacional y contribuir a gestiones más transparentes mediante el seguimiento en su sistema financiero de capitales que podrían originarse en actividades ilícitas en países de Centroamérica», señala a través de un comunicado.

El viernes pasado, el gobierno de Joe Biden informó sobre la creación de una línea directa para brindar información de denuncias sobre corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Kenneth Polite, vicefiscal general de la División Penal del Departamento de Justicia, señaló que «la corrupción y la impunidad en la región debilitan la democracia, incentivan la migración y representan una amenaza a la seguridad nacional».

De acuerdo al funcionario, la iniciativa permitirá «detectar, inmovilizar y extinguir grandes flujos de capital ilícito que se mueven en la región y socavan la institucionalidad de las naciones, en detrimento del desarrollo de los pueblos».

Se prevé que la línea de denuncias habilitada al público posibilite investigaciones «sobre posibles actos de corrupción o movimientos de capitales mal habidos» que empleen el sistema financiero de Estados Unidos, y que sean originados en el Triángulo Norte.

La Fuerza de Tarea Anticorrupción del Triángulo del Norte, lanzada en junio por la fiscalía estadounidense para atender la creciente afluencia de migrantes indocumentados a la frontera sur del país norteamericano, será la encargada de examinar posteriormente la información que se reciba por medio del canal. 

La medida cuenta con el respaldo de los agentes especiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la agencia antidrogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Interior (DHS). Señalan que el objetivo es enjuiciar en los tribunales estadounidenses a quienes sean responsables de actos de corrupción.

Para el mes de Agosto, se analizó un total de cinco medidas para la herramienta del Libertómetro de Costa Rica, en donde resultó con una calificación de 20% demostrando el continúo desempeño positivo para las defensas de las libertades.

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Durante este mes se incluyen cinco medidas, de la cuales 5 fueron emitidas por el Órgano Ejecutivo y una por el Legislativo, mostrando una relativa pero preocupante “calma” en la dinámica de trabajo del Órgano Legislativo. De las medidas evaluadas, el 40% negativas, 60% positiva.

El promedio de las medidas negativas fue de -2.5 Dentro de estas acciones se destacan; las continuas e ineficientes medidas restrictivas sanitarias vehiculares por el COVID 19 tanto en tránsito entre semana y fines de semana. Así como una nueva afectación al sector productivo de restaurantes y bares donde se les vuelve a limitar más su campo de acción imposibilitándolos de producir y emplear, son muchos ya los comercios que se han visto obligados a cerrar contribuyendo a las cifras escandalosas de desempleo e informalidad laboral.

En cuanto a las medidas calificadas de manera positiva (tres en total) el promedio fue de 1.5 donde resaltan: la apertura de las fronteras terrestres lo que lleva consigo que la fuerza laboral de los inmigrantes que vengan a trabajar especialmente en el área de agricultura la catalogamos como positivas al poder producir y darles empleos a los inmigrantes y reactivar las zonas más vulnerables. Una ampliación mínima por día a la restricción sanitaria vehicular y la libertad de los fines de semana donde ya se puede circular ambos días, esperando que esta medida ayude al comercio en general y colabore con la salud mental de las costarricenses y por ultimo una modificación de la ley que intenta al menos tener datos más reales y que las proyecciones de presupuestos sean más aterrizadas, así mismo limita las emergencias nacionales a dos años con el fin de cuidar los gastos que tiene la CNE en esta herramienta.

Poco a poco, pero muy lentamente comenzamos a derribar mitos del las restricciones y  pero est emes no logramos avanzar en decretos o leyes que nos ayuden y aporte con la anhelada y esperada recuperación de nuestra economía.

Para setiembre soplan los vientos electorales una vez finalizadas las convenciones internas de los partidos y dando entrada a la futura campaña electoral. Esperamos que con esto venga un nuevo compromiso por parte del gobierno y de las autoridades legislativas para que se haga lo realmente necesario para el país.

Que la celebración del Bicentenario sea aprovecha en positivo para los costarricenses y veamos acciones que nos inviten a celebrar.

El Salvador registró una calificación de -84-1% en el Libertómetro durante agosto de 2021.

El análisis de agosto incluye un total de 23 medidas, 14.8% menos que el mes anterior. De ellas, el 82.6% obtuvo una calificación negativa, 8.7% fueron positivas y 8.7% con efecto neutro. El mes se caracterizó por la profundización del ataque al Órgano Judicial en particular y a la independencia judicial en general; también se aprobaron diversas medidas económicas adversas a la libertad.

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La calificación de las medidas negativas se comportó de manera uniforme. El promedio de notas negativas fue de -2.16, con una desviación estándar de 1.3, sin datos atípicos; comparado a julio, las “malas noticias” fueron 3.4% más feas, aunque notablemente más homogéneas (33.9% menos de dispersión). La más jayana de todas las medidas fue la reforma a la Ley de la Carrera Judicial (-5), que consolida el golpe de estado asestado por la Asamblea desde el inicio de la actual legislatura, en esta ocasión violando la independencia judicial al introducir una restricción para ejercer como juez si se tiene 60 años de edad o más; el argumento esgrimido por la horda de zombies que apoyaron la medida es que así “se combate la corrupción del Órgano Judicial”, como si la edad per se volviera corrupta a la gente… Similar efecto tuvo la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (-4), que incluyó la misma restricción de edad, abriendo así a un ejercicio de la justicia con criterios eminentemente políticos. Otra de las medidas más nefastas fue la aprobación de una “contribución” (nombre elegante que usan los ladrones que en lugar de armas usan leyes ilegítimas para atracar a sus víctimas) que los productores de caña de azúcar y centrales azucareras deberán pagar para financiar al Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA); la disposición introduce una nueva traba para la exportación, al tiempo que lastima más aún la ya lacerada seguridad jurídica de nuestro clima de negocios. Finalmente, se debe apuntar que continuó la adquisición inmisericorde de más deuda, así como modificaciones de la Ley del Presupuesto General de la Nación vigente, desdibujando así la señal que el proceso de formación de ley dio en su momento.

La puntuación de las dos medidas positivas también tuvo un comportamiento uniforme. El promedio de notas positivas fue de 1.5, con una desviación estándar de 0.71, sin datos atípicos; respecto del mes anterior, hubo 33.3% menos medidas positivas, que, a su vez fueron 10.2% menos buenas y 38.8% más parecidas entre sí. La más destacada fue la aprobación de la Ley Especial para la Delimitación de Derechos Proindivisos Inmobiliarios (2) se considera positiva en la medida que establece reglas claras para la determinación del derecho de propiedad en zonas rurales.

A nivel conceptual, el retroceso de agosto de 2021 tiene un matiz económico. De hecho, agosto es el quinto mes en fila en el que la degradación de las libertades se explica prioritariamente por el factor económico. Si bien los tres pilares de la metodología utilizada mostraron notas promedio negativas, el de libertades económicas fue el más golpeado, con una nota de -1.22. El subíndice que más empeoró en el mes dentro de esta categoría fue, nuevamente, el aprovechamiento racional de los fondos públicos, que bajó en el 65.2% de las medidas analizadas.

Sin duda alguna, el café se disfruta mejor caliente y la cerveza bien fría. La tibieza de los diversos actores del mapa político salvadoreño han dejado espacio a este monstruoso escenario. Talvez así se nos va pasando esa odiosa maña de dejar de decir la verdad por no incomodar. El pichiche se apresta a morder, pero basta con recordar la fiera que llevamos dentro para tirárselo a los zopes para que lo devoren. Talvez no es mucho pedir…

Honduras registró una calificación de -60% en el Libertómetro durante agosto de 2021, mostrando así un nuevo retroceso en las libertades.

El análisis de agosto incluye un total de 5 medidas, 25% más que el mes anterior. Cuatro de ellas obtuvieron  una calificación negativa, mientras que una tuvo calificación positiva.

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A pesar que el resultado fue menos grave, tuvo mayor variabilidad: el promedio fue de -2.25 (25% mejor que el promedio de las negativas de julio), en tanto que la desviación estándar fue 1.89 (9.3% más dispersos que en julio); esta combinación, no obstante, no generó datos atípicos.  

Por cuarto mes consecutivo, la medida más grave fue la prórroga de las medidas de restricción de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 69, 78, 81 y 84 de la Constitución; la misma violenta una serie de libertades económicas e individuales, como la libre circulación y el derecho al trabajo, bajo el amparo de la emergencia del COVID-19. Otra medida negativa fue la reforma a varios artículos de la Ley del Régimen de Administración de Pensiones, ya que introduce barreras de entrada artificiales en forma de requerimientos mínimos de capital que, en un mercado libre, no debieran ser un tema.

La única medida positiva fue el de las reformas a varios artículos de la recién aprobada Ley Electoral de Honduras. En esencia, dicho paquete de reformas (Decreto No. 62-2021) mejora las consideraciones de la ley original al especificar detalles logísticos de la conformación de las Juntas Receptoras de Votos, convirtiéndose con ello en una medida que favorece el derecho de vigilancia sobre la elaboración, organización, publicación y actualización del registro electoral.

A nivel conceptual, el efecto negativo de agosto de 2021 tiene un matiz económico. El pilar de libertades económicas fue el que más retrocedió, con una nota de -1.4, siendo el subíndice de seguridad jurídica en la actividad empresarial el más castigado, reduciéndose en el 60% de las medidas analizadas.

En agosto, el Libertómetro de Guatemala resulta con una calificación de 0 (cero), mostrando que no hubo un avance positivo o negativo para las defensas de las libertades, algo “mejor” si se compara con la calificación negativa obtenida en julio.

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Para este mes solo se incluyen 3 medidas, dos emitidas por el Órgano Ejecutivo y una por el Congreso de la República; de estas acciones se considera el 33.33% negativa, una neutra con el 33.33% y una positiva que complementa con el 33.34%. Es de destacar que el 100% de las medidas en estudio están relacionadas al estado de calamidad que el Ejecutivo propuso por 30 días para todo el territorio guatemalteco, el cual incluía medidas para tratar de contener el avance del COVID19 pero que impactaba en muchas libertades de la población.

La calificación de la medida negativa, el Decreto Gubernativo No. 6-2021, tuvo una calificación de -4; al comparar esto con los datos obtenidos en julio, la medida presenta una degradación de 1.67 puntos, demostrando que, a pesar de ser solo una acción la que se incluye en este ámbito, ésta es más negativa que todas las incluidas en el mismo grupo para julio.

Básicamente el Consejo de Ministros de la  presidencia de Guatemala propuso imponer un estado de calamidad para tratar de frenar el avance del COVID19 y su variante Delta. La medida incluía algunas acciones como toques de queda en todos los municipios, suspender algunos derechos, la colocación de precios mínimos y máximos en la mayoría de productos, y dar acceso a que todas las instituciones públicas pudieran disponer de gasto para la compra de elementos relacionados al combate de la pandemia. Posteriormente, a través del Decreto Gubernativo No. 7-2021, la presidencia trató de corregir esto último y delimitó que solo el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Salud Pública (IGSS) pudieran realizar las compras públicas.

Fue interesante como el Ejecutivo trató de “volver a combatir” la pandemia a través de una medida que ya habían impulsado antes. La medida genera un impacto negativo, ya que vulnera muchas libertades para toda la nación, y da paso a poder incrementar el gasto a través de mecanismos de compras exprés que pudieran estar beneficiando a algunos actores allegados a los tomadores de decisiones, ¿qué será lo que se pretendía?

Se destaca que la única medida positiva, el Decreto Legislativo No. 9-2021, obtuvo una calificación de 4, contrarrestando el impacto negativo ocasionado por el Decreto Gubernativo No. 6. Al comparar esta medida positiva con la evaluada en julio, se observa una mejora en 3 puntos. La acción catalogada como positiva detiene por completo lo impulsado por el Ejecutivo, y deniega el estado de calamidad que se quería imponer en toda la nación.

Lo ocurrido durante agosto en Guatemala es señal que el Ejecutivo no está trabajando de la mano con los sectores económicos ni el resto del Estado, mucho menos está conectando con la población, ya que los posibles impactos negativos superaron con creces el tratar contener la pandemia, evento mundial en el que ya se demostró que la prevención y la vacunación es el mejor mecanismo para disminuir los contagios. En este caso, el Legislativo fue el encargado de darle Control Z a las acciones impulsadas por el Ejecutivo, pero es de destacar que no se presentaron propuestas alternas que generen las dos cosas que Guatemala necesita: frenar el avance de la variante Delta e impulsar su ya deteriorada economía, ¿será que en septiembre veremos un escenario diferente?

La Corte de Cuentas de la República (CCR) de El Salvador presentó tres avisos ante la Fiscalía General de la República señalando la posible malversación de los fondos entregados a igual número de alcaldías para combatir la pandemia por covid-19.

De acuerdo a los abogados de la Corte de Cuentas, las comunas de Guaymango, San Lorenzo y El Refugio, del departamento de Ahuachapán, habrían realizado un uso inadecuado de los fondos destinados para enfrentar los efectos de la pandemia de coronavirus el año pasado. Así como del dinero entregado por las tormentas que afectaron al país en 2020.

Napoleón Domínguez, director jurídico de la Corte de Cuentas, expuso que dichas alcaldías habrían cometido los delitos de malversación de fondos públicos y actos arbitrarios.

Domínguez agregó que este tipo de ilegalidades se ejecutaron con ayuda de auditores de la Corte de Cuentas. Indicó que estos habrían creado informes en limpio para beneficiar a funcionarios municipales.

En el caso de la alcaldía de Chalchuapa y del Ministerio de Educación, se establece el posible cometimiento del delito de peculado en la administración de fondos públicos.

Sobre la cartera del Estado, se expuso que el delito pudo haber sido cometido en el año 2017.  De acuerdo a la Corte de Cuentas, una dependencia de la cartera estatal no logró justificar el uso de una cantidad de recursos durante el año en mención

Mientras que la comuna de Chalchuapa habría cometido el delito el año pasado. A la alcaldía se le señala de presuntamente realizar cobros a usuarios del mercado municipal que no fueron reflejados en las cuentas de la alcaldía.

En Educación “estamos hablando de todo el periodo de 2017. En el caso de San Lorenzo, Ahuachapán, estamos hablando del periodo del 1 de enero de 2019 a diciembre de 2020”, expuso Domínguez.

Asimismo, reiteró que en los casos de Guaymango, El Refugio y San Lorenzo se habrían usado para cubrir otras áreas los fondos que estaban destinados a la emergencia sanitaria durante el año 2020. Es decir, habrían incumplido los decretos legislativos 650 y 608.

La filtración de casi 12 millones de documentos de decenas de despachos a escala mundial dio paso a la presentación de la investigación “Pandora Papers”.  La pesquisa, a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglás en inglés), contó con la participación de más de 100 medios y cerca de 600 periodistas de todo el mundo. 

Dentro de la investigación, el despacho panameño de abogados Alcogal es señalado como el bufete involucrado en la creación de sociedades destinadas a esconder el dinero de grandes personalidades alrededor del mundo. La información vuelve a poner en el ojo al país centroamericano, cuya reputación ya había sido perjudicada con su vinculación en los “Panama Papers”.

El consorcio de periodistas señala que “cuando la élite latinoamericana quiso ocultar su riqueza , recurrió a la firma Alemán, Cordero y Lee (Alcogal). De acuerdo a los datos filtrados de decenas de despachos, fue a través del bufete panameño que se establecieron compañías opacas para unos 160 políticos y funcionarios. 

El ICIJ agrega que entre los funcionarios señalados en los Pandora Papers hay algunos que son acusados de “saquear” a sus respectivos países. Además se establece que Alcogal ayudó en escándalos como la trama de sobornos Odebrecht y el “Fifagate”.

De acuerdo a la investigación, a este bufete asistieron tres exmandatarios panameños, Ernesto Pérez Balladares, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela; el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo; y el exmandatario de El Salvador, Alfredo Cristiani.

Asimismo, habría facilitado la creación de sociedades al rey de Jordania, Abdulá II; al primer ministro de República Checa, Andrej Babis; y al presidente de Montenegro, Milo Djukanovic.

“Alcogal rechaza las conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones”, indicó en un comunicado. El bufete se ofreció a colaborar con las autoridades y anunció posibles medidas legales en defensa de su reputación.

En 2016, otra investigación de ICIJ, basada en 11.5 millones de documentos filtrados provenientes del bufete Mossack Fonseca, colocó a Panamá en el epicentro de lo que se conoció como “Panama Papers”.

Panamá permanece en la lista de paraísos fiscales de Francia y la Unión Europea.