Panamá tuvo una calificación en el Libertómetro de 27.1% durante el mes de agosto.

Para el mes en cuestión se analizó un total de ocho medidas, en su mayoría decretos que vienen del poder ejecutivo, siete, y una del poder legislativo.  

La calificación de las medidas negativas, tres resultaron negativas. Dentro de las medidas catalogadas están las ya conocidas e ineficientes restricciones sanitarias, las cuales continúan coartando las libertades de las personas y no existiendo alguna validación científica que haga valer estas prohibiciones con menos contagios.

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La otra norma de calificación extremadamente negativa es el inconstitucional otorgamiento de privacidad a los acuerdos del Concejo de Gabinete, violando todos los derechos democráticos de los panameños, algo que atenta contra cualquier medida de transparencia un decreto sin precedentes donde esperaremos cuáles serán las reacciones de los ciudadanos, Legisladores y representantes de la Justicia ante tal atentado a la democracia Panameña.

Aunque de las ocho medidas evaluadas, solo tres resultaron negativas, es indudable que esto no dejó en positivo a Panamá debido a la restricción de acceso a información del gobierno. Lo cual fue calificada por el libertómetro con un “-7” atentando los índices medidos en el libertómetro en especial el índice de libertades políticas.

Dentro de las cinco medidas positivas, destaca una modificación de las medidas sanitarias otorgando un poco, tan solo un poco, más de libertad a las personas de ahí que su puntuación es positiva por el avance, mas no por la escencia de la medida ya que se continúa con toques de queda y otras afectaciones. Otro decreto positivo es que iguala a Panamá con muchos países del mundo en una práctica para las empresas comercializadora de cigarrillos, donde se les obliga a usar imágenes que informen a sus consumidores sobre el daño del producto que están consumiendo.

También se ve con buenos ojos, una norma que lleva a otro nivel de la región a Panamá donde incursiona de muy buena forma en la movilidad urbana dándole un incentivo y empujón al uso de bicicleta como medio de transporte igualando condiciones a los otros tipos de transporte, garantizando así el derecho de elegir.

Notamos en Panamá una agenda aún pandémica y sin duda, esto sigue siendo una limitante para la economía panameña. Es interesante recalcar que aunque las mayoría de medidas fue analizada de forma positiva, solo un par es de datos esperanzadores, el resto responde a un comparativo donde se levantan restricciones pero aún no es el ideal, ni la normalidad. Es importante esta aclaratoria porque al hablar de libertad es clave destacar lo que no se ve, más que lo que parece ser. Así Panamá sale reprobado durante el mes de agosto.

La encargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, aseguró que las relaciones entre el gobierno de su país y el salvadoreño no están en su mejor momento. La diplomática manifestó que hay un declive de la democracia en El Salvador y que por ende las relaciones “no están sólidas”.

“No están sólidas. Obviamente estamos en un momento muy complicado con el gobierno de El Salvador. De nuestra parte siempre vamos a tratar de seguir trabajando con los salvadoreños y vamos a buscar todos los caminos en los que podemos hacerlo”, destacó.

Ante lo que tildó como declive de la democracia salvadoreña, Manes manifestó que el gobierno estadounidense no puede “mirar hacia otro lado” mientras continúa dicho deterioro.

Consultada sobre cuándo se designará a un embajador en el país, Manes dijo que la decisión de nombrar a un nuevo diplomático, o incluso ratificarla a ella en el cargo, es un proceso que toma tiempo. No depende solo de la Casa Blanca, sino también del Senado estadounidense, expuso.

“Tenemos un proceso largo. No solamente en El Salvador. Estamos a la espera de embajadores permanentes en casi todos los países alrededor del mundo, eso depende no solamente de la Casa Blanca, no solamente en El Salvador”, dijo.

El diputado René Portillo Cuadra, jefe de la bancada de ARENA, se manifestó sobre la situación de las relaciones entre ambos gobiernos. «Cada día que pasa las relaciones se deterioran más por las declaraciones irresponsables del mandatario o de algunos funcionarios de gobierno», dijo Cuadra.

Desde el pasado 1 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos ha señalado un declive democrático en El Salvador. Ese día, durante la instalación de la nueva legislatura, los diputados aprobaron la separación de sus cargos del fiscal general y los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Asimismo, el gobierno estadounidense ha colocado a 19 salvadoreños en la Lista Engel, que incluye a personas que son consideradas corruptas y antidemocráticas por las autoridades norteamericanas. Entre los actores señalados se encuentran miembros del actual gabinete de gobierno y los cinco magistrados que fueron colocados por la Asamblea en la Sala de lo Constitucional.

Reporte de Libertad Económica 2021 Edición Centroamérica

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El pasado domingo 7 de noviembre, Daniel Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo como presidente de Nicaragua. Los comicios han generado múltiples reacciones a escala mundial, ya que han sido vistas como unas elecciones controvertidas con siete aspirantes opositores capturados. Además de un marcado abstencionismo y el reclamo de la comunidad de nicaragüenses exiliados.

Una vez finalizada la jornada electoral, la comunidad internacional condenó lo que calificó de votaciones ilegítimas. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de farsa las elecciones. Caso contrario del lado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien felicitó a Ortega ante su predecible victoria. “Nicaragua tiene quien la defienda”, agregó.

“Ortega asumirá su cuarto mandato consecutivo a fuerza de represión, censura y miedo. Es fundamental redoblar la presión internacional para exigir la liberación de los presos políticos y que se restablezca la democracia en Nicaragua”, exigió el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco.

Además de los Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea y otros miembros de la comunidad internacional han desconocido el proceso electoral nicaragüense, ya que señalan que no se efectuaron en condiciones libres.

“Las elecciones del 7 de noviembre han tenido lugar sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad», señaló Josep Borrell, alto representante de la UE para Política Exterior.

La UE acusó a Daniel Ortega de eliminar la competencia electoral y privar a Nicaragua del derecho a elegir libremente a sus representantes.

«La integridad del proceso electoral fue aplastada por la encarcelación sistemática, la intimidación y el acoso de los precandidatos presidenciales, líderes rurales, estudiantes, opositores, periodistas, representantes de empresarios y defensores de Derechos Humanos», subrayó la UE.

El bloque europeo instó a Ortega a devolver la soberanía de Nicaragua a la población. Además, añadieron que considerarán todos los elementos a su disposición para tomar medidas adicionales contra el gobierno. Igual postura tomó Estados Unidos, que amenazó con imponer nuevas sanciones por declarar ganador a Ortega de unas elecciones “no democráticas”. 

Las autoridades de Costa Rica confirmaron la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus de los menores de edad. Con la medida avalada, el país centroamericano se convirtió en la primera nación a escala mundial en obligar a los niños a ser parte del proceso de inmunización contra el virus.

Tras el anuncio de la ratificación de la medida por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), el ministro de Salud, Daniel Salas, manifestó que Costa Rica es un país “caracterizado por procurar el más alto grado de bienestar para las personas menores de edad”.

Por tal razón, señaló, la CNVE ratificó que la vacunación contra el coronavirus es obligatoria para los menores de 18 años. La inyección pasó a formar parte de la lista de vacunas básicas de la infancia que se requieren por ley, indicaron las autoridades costarricenses.

Ante ello, el gobierno de Costa Rica firmó un acuerdo con Pfizer para la adquisición de dosis con el objetivo de iniciar la vacunación de todos los menores de 12 años a partir de marzo del próximo año.

El acuerdo del gobierno tico con Pfizer señala que el país recibiría 3.5 millones de dosis. De estas, 1.5 millones serían reservadas para los menores entre las edades de 5 a 11 años.

El Ministerio de Salud indicó que entre las vacunas que se incluyen en el cuadro básico establecido por la CNVE se encuentran aquellas contra la varicela, la polio, contra el Virus del Papiloma Humano (añadida en  2017) y ahora se agrega la inmunización contra el covid-19.

Las autoridades manifestaron que los padres o representantes legales de los menores tienen la responsabilidad de cumplir la vacunación obligatoria de las personas que conforman el referido grupo etario, así como a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral.

La Caja Costarricense de Seguro Social, los ministerios de Salud y de Educación Pública, y el Patronato Nacional de la Infancia deberán velar, desde su competencia, por la garantía del derecho a la salud y la vida de los menores, reiteró el gobierno.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, informó que el Congreso hondureño tiene el tratado que su país firmó con Nicaragua, en el cual establecen sus fronteras en el mar Caribe y el océano Pacífico.

La semana pasada, Hernández y su par nicaragüense, Daniel Ortega, suscribieron un tratado de límites que define sus fronteras, con base en sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de acuerdo a lo expuesto por los presidentes de ambas naciones.

“Ya en manos del Congreso de Honduras el tratado que delimita nuestras fronteras marítimas con Nicaragua y que nos reconoce nuestra salida al Pacífico.

Esperamos su pronta aprobación a este paso histórico”, colocó el presidente Hernández en su cuenta de Twitter.

El documento, denominado “Tratado integracionista del Bicentenario”, fue suscrito por ambos mandatarios el pasado 27 de octubre en Managua. Un día después, el congreso de Nicaragua lo ratificó de manera urgente, con un total de 88 votos a favor.

Sobre la salida al océano Pacífico, específicamente el golfo de Fonseca, ha sido un punto de conflicto entre Nicaragua, Honduras y El Salvador. Dentro del tratado, Hernández y Ortega establecieron sus fronteras con base en la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 11 de septiembre de 1992, que «reconoce la presencia de una existencia tripartita en esas aguas».

“Al firmar este tratado, Nicaragua reconoce que su frontera marítima en el golfo de Fonseca es con la República de Honduras”, establece el documento.

El tratado limítrofe debe ser ratificado por los congresos de Nicaragua y Honduras. El mismo entrará en vigor la fecha del canje de los documentos de ratificación y luego del debido registro ante la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Mientras tanto, una comisión dirigida por la Cancillería de El Salvador, y conformada por el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, analiza el estado de la situación limítrofe del golfo de Fonseca. El objetivo de la comisión es entregar recomendaciones al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre qué hacer ante este acuerdo alcanzado por sus pares de Honduras y Nicaragua.

La comisión establecerá “las acciones que El Salvador tendría que tomar en materia diplomática y las cartas que El Salvador tiene que enviar”, expuso Argueta.

La Asamblea Nacional de Panamá decidió suspender la discusión en primer debate del proyecto de ley 364. Dicho proyecto establece la descentralización de la administración pública y dicta otras disposiciones.

La Comisión de Asuntos Municipales del congreso se mantenía en sesión permanente desde hace varias semanas. Al respecto, el diputado Javier Sucre, presidente de la comisión, informó que se proseguirá con la discusión y las consultas hasta el 2 de enero de 2022.

La iniciativa de ley 364 pretende modificar la Ley 37 del año 2009 y ha permanecido en discusión durante meses. Desde el 13 de marzo del año pasado, cuando se declaró el estado de emergencia por la pandemia de covid-19 en Panamá, la ley de descentralización ha sido modificada en tres ocasiones. El objetivo de dichos cambios ha sido que los municipios y las juntas comunales utilicen los fondos de inversión y sus acumulativos para efectuar “la compra de medicamentos y ayudas sociales” a los ciudadanos.

Y es precisamente esa erogación de fondos la que ha estado bajo el ojo público. Durante las últimas semanas, la entrega de fondos de la descentralización ha permanecido bajo escrutinio luego de la transferencia extraordinaria de millones de dólares a las juntas comunales controladas por el oficialista Partido Revolucionario Democrático.

Reportes de prensa de Panamá indican que la junta comunal de Barrio Norte, en Colón, recibió $1.7 millones entre junio y agosto pasado sin que se explique para qué es este dinero.

Sobre la discusión del proyecto, el diputado Sucre manifestó que el próximo año continuarán las consultas. En dicho proceso, dijo, se tomarán en cuenta a todos los gremios y las instituciones que estén interesadas en participar de la discusión de la iniciativa. Esto con el fin de “unificar criterios y fortalecer esta normativa”, aseguró el parlamentario.

El debate toma especial importancia para ciudadanos y parlamentarios debido a que la Comisión de Asuntos Municipales es la encargada de discutir las modificaciones a los montos que le corresponden a cada municipio. Además de buscar ampliar las instancias de participación y la fiscalización ciudadana en la norma.

Por ende, señalan que el debate de la normativa es importante para el desarrollo del país.

De acuerdo a fuentes oficiales, desde este día más de 30,000 policías y soldados comenzaron a ser desplegados en Nicaragua. La movilización de las fuerzas de seguridad tiene por objetivo el resguardo de las elecciones presidenciales del próximo domingo. En dichos comicios, Daniel Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo.

La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha, informó que ya se inició la distribución de las cajas con las papeletas electorales, la tinta indeleble y otros materiales. Estos serán enviados a los más de 3 mil centros de votación. Para la logística de la entrega del material electoral, el CSE cuenta con el apoyo de militares y policías.

Al respecto, el jefe del Ejército, general Julio Avilés, indicó que unos 15,000 efectivos participarán en el plan de seguridad. Para lo cual contarán con el apoyo de 600 medios de transporte terrestre, 400 equipos de comunicación de radio, siete medios aéreos y 80 naves de la Fuerza Naval, agregó.

Por su parte, la Policía desplazará a 16,665 agentes. Para ello dispondrá de 3,000 medios de transporte y 600 medios de comunicación. Estos elementos, señala la institución, servirán para proteger los centros de votación y ejecutar patrullajes.

Sobre el proceso de las elecciones se conoce que serán observadas por 180 «acompañantes» invitados por el gobierno de Ortega. Esto luego de que rechazó la observación internacional de organismos como la OEA y la Unión Europea (UE).

Daniel Ortega buscará mantenerse en el poder en una competencia contra cinco partidos derechistas, de los cuales sus candidatos son prácticamente desconocidos por la población de Nicaragua.

Para este proceso electoral, la oposición política fue prácticamente excluida: siete de los aspirantes presidenciales están presos y tres partidos fueron ilegalizados. Esto luego de que el gobierno de Ortega los acusara de «golpistas», «traidores a la patria» y de «lavado de dinero». Junto a ellos están detenidos más de 30 líderes y activistas opositores.

Una semana antes de las elecciones, el obispo Rolando Álvarez, crítico del gobierno de Daniel Ortega, instó a los nicaragüenses a no tener «miedo» ante las «amenazas» y los «chantajes» que reciben algunos.

La relación entre el gobierno y la Iglesia católica permanece tensa desde las protestas del año 2018, debido al apoyo que los templos dieron a los manifestantes durante la represión. Ortega acusa a los obispos de «golpistas terroristas» que están «al servicio de los yanquis».

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, declaró ayer estado de sitio en el municipio indígena de El Estor, ubicado al noreste del país. La medida estará vigente por un periodo de 30 días. Con ella se limitará el derecho de manifestación y se permitirá a las fuerzas de seguridad efectuar capturas sin orden judicial, entre otras restricciones constitucionales, detalló el gobierno.

“En el municipio de El Estor (…) diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad», indica parte del decreto.

“El estado de sitio se establece al considerar y determinar que (…) en El Estor (…) se han realizado acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes», agregó el gobierno de Guatemala.

El estado de sitio en el referido municipio se estableció un día después de que la Policía disolvió una protesta contra la minera suiza Solway Investment Group. La acción causó un saldo de cuatro agentes heridos de bala en las piernas, según el informe policial.

El sábado, elementos policiales despejaron una carretera en la cual un grupo de indígenas permanecía apostado desde el pasado 4 de octubre en medida de resistencia y denuncia contra la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza.

Las personas se mantenían en la zona denunciando que la empresa sigue ejecutando operaciones a pesar de que la justicia ordenó que fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.

En junio del año pasado, la Corte de Constitucionalidad suspendió las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, que iniciaron en 2014. La decisión se tomó luego de acoger el reclamo de las comunidades indígenas, las cuales denunciaron no haber sido consultadas sobre la explotación de minerales en sus tierras.

Al respecto, la Corte indicó que el gobierno obvió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta previa, libre e informada a los pueblos locales. Asimismo, dictaminó que se incumplió con un estudio de impacto ambiental de la zona, por lo que ordenó efectuar el referendo comunitario.

El estado de sitio debe ser ratificado por el Congreso para no perder vigencia.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, manifestó su pesar por la decisión tomada por la Asamblea Legislativa respecto a la despenalización del aborto. En la plenaria de la semana pasada, los diputados aprobaron con 76 votos un dictamen desfavorable contra la llamada “reforma Beatriz”.

La medida buscaba despenalizar el aborto en El Salvador en tres casos. El primero, para salvar la vida de la mujer cuando corre peligro; el segundo, cuando la vida sea inviable fuera del útero;  y tercero, por casos de violaciones sexuales a niñas, adolescentes y mujeres.

Al respecto, en una entrevista concedida a Europa Press, el vicepresidente Ulloa manifestó que El Salvador es «una vergüenza en ese campo». Lamentó la decisión tomada por el órgano legislativo y a la vez descartó que a corto plazo pueda darse un cambio sobre el tema.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, ha lamentado este lunes la decisión tomada recientemente por la Asamblea Legislativa del país, que ha cerrado la puerta a la despenalización del aborto en tres supuestos, y ha matizado que El Salvador es «una vergüenza en ese campo».

Además de señalar que el país cuenta con una de las leyes más restrictivas sobre el aborto a escala mundial, dijo que otros poderes han detenido avances en el tema. Ulloa destacó que él había propuesto que se cambiara la postura sobre la temática para la nueva Constitución, pero que “no avanza porque los sectores conservadores son muy poderosos, sobre todo la Iglesia Católica».

«La iglesia fue la primera que salió condenando el proyecto y diciendo que yo estaba promoviendo el aborto, que estaba promoviendo el matrimonio igualitario y la eutanasia», añadió Ulloa. Aseguró que esa razón «obligó al presidente a tomar una posición para no estar bajo ataque directo».

El pasado mes de septiembre, el vicepresidente entregó un pliego de reformas a la Constitución de la República. Días después de haberlas recibido, el presidente de El Salvador señaló que no se contemplarían cambios en los temas relacionados al aborto, el matrimonio y la eutanasia.

“He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia”, recalcó el mandatario.

En la entrevista, el vicepresidente Ulloa insistió en que un eventual avance en el tema del aborto en el país depende de la Asamblea Legislativa y sus diputados, a quienes se debe “presionar”.

“La presión no debe dirigirse hacia Bukele o el gobierno, sino hacia los diputados. Son los que toman las decisiones», recalcó.

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