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Costa Rica | Septiembre restrictivo y vacunado

Para el mes de Septiembre, se analizaron cinco medidas para la herramienta del Libertómetro de Costa Rica y resultó con una calificación de -16.7%, demostrando el continúo desempeño negativo para las defensas de las libertades.

Durante este mes se incluyen cinco medidas, de la cuales tres fueron emitidas por el Órgano Ejecutivo y dos por el Legislativo, mostrando una relativa pero preocupante “calma” en la dinámica de trabajo del Órgano Legislativo. De las medidas evaluadas, el 60% negativas, 40% positiva.

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La calificación de las medidas negativas, 3 en total, también se comporta de manera uniforme. El promedio de estas fue de -2 Dentro de estas acciones se destacan; las continuas e ineficientes medidas restrictivas sanitarias vehiculares por el COVID 19 tanto en tránsito entre semana y fines de semana.

Así como una nueva afectación al sector productivo de restaurantes y bares donde se les vuelve a limitar más su campo de acción imposibilitándolos de producir y emplear, son muchos ya los comercios que se han visto obligados a cerrar contribuyendo a las cifras escandalosas de desempleo e informalidad laboral. Aunque se amplió una hora de “disfrute” las empresas no toleran mas estos cierres.

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En cuanto a las medidas calificadas de manera positiva 2 en total el promedio fue de 1.5 curiosamente estas dos positivas son las dos de la Asamblea Legislativa donde resaltan dos proyectos de ley aprobado: El primero la creación de la agencia de Gobierno digital, a pesar de ser una ley muy valiosa y necesaria hoy en día, tiene un lunar que es la conformación de un nuevo ente público, donde prevalece la  burocracia que permea en nuestro país. La segunda ley es una ley simple donde se le incluye un procedimiento más de consulta facultativa a la sala constitucional durante el proceso de aprobación de la herramienta democrática del Referendum.

Seguimos sin proyectos de ley que ayuden y edifiquen en la reactivación económica, estamos a la espera del último mes de la agenda de ordinarias a cambio del legislativo .




Pedirán instalación de comisión contra la impunidad en Honduras

En declaraciones a medios internacionales, Xiomara Castro, quien asumirá la presidencia de Honduras el próximo 27 de enero de 2022, indicó que pedirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el envío de una misión que apoye a la lucha contra la corrupción. Asimismo, dijo que solicitará al Congreso hondureño la derogación de las «leyes de la impunidad».

Castro, de 62 años, y que se convertirá en la primera mujer que gobernará Honduras, manifestó que buscará eliminar las normas que «han encubierto toda la corrupción» durante los últimos años. Lo anterior en alusión al gobierno de su antecesor, Juan Orlando Hernández.

Hernández ha estado al frente del gobierno durante dos períodos. En su segundo mandato fue cuestionado por un posible fraude en los comicios.  Además, el aún presidente hondureño tiene señalamientos de narcotráfico en los Estados Unidos.

Sobre este punto, Juan Orlando Hernández es considerado por fiscales de Nueva York como “co-conspirador» del delito de narcotráfico. Mismo por el que su hermano, Antonio «Tony» Hernández, cumple cadena perpetua en una cárcel estadounidense.

De acuerdo a Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación, Honduras «necesita el corazón de una mujer para gobernar este país, de una madre que sienta las necesidades que el pueblo tiene».

Acercamientos con la ONU

Castro ha confirmado que existen acercamientos con las Naciones Unidas para lograr la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). De acuerdo con la futura presidenta, esto ayudará a combatir la corrupción en el país centroamericano.

Esta no sería la primera vez que Honduras cuente con una instancia similar. En 2016, luego de los cuestionamientos a Hernández, y su aceptación sobre el hecho que parte del dinero para su campaña provino de fondos públicos, la nación recibió una Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH). Esta entidad era auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Empero, abandonó el país en enero del año pasado debido a desacuerdos.

Sobre las iniciativas que enviaría al Congreso, menciona que buscará lograr la derogación de las leyes que “han sostenido la dictadura”. Señaló la «ley de secretos» que permite clasificar la información sobre compras estatales y la reforma al Código Penal con la cual se disminuyeron las penas por lavado de activos.




ONU señala que Ley de Agentes Extranjeros violaría derecho internacional

El mes pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador recibió un proyecto denominado Ley de Agentes Extranjeros. La iniciativa, presentada por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, fue recibida en la Comisión de Relaciones Exteriores. Misma que el pasado 16 de noviembre emitió un dictamen favorable sobre el tema. Empero, no ha sido avalada por el pleno legislativo.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que esta norma vulneraría el derecho internacional. De acuerdo a tres relatores de la entidad, la ley es incompatible con las obligaciones del gobierno salvadoreño en el derecho internacional.

De acuerdo a los relatores especiales Clement Voule, sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros es contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así lo indicaron en una misiva dirigida al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

“El proyecto de Ley de Agentes Extranjeros dictaminado presenta problemas graves y fundamentales de compatibilidad con las obligaciones de El Salvador en virtud del derecho internacional. Cualquier medida de este tipo debe ser en sí misma compatible con el derecho internacional en general y con el derecho de los derechos humanos”, recalcaron.

Asimismo, la ONU indicó al presidente Bukele que “la promoción y el respeto de los derechos humanos no es un asunto interno, sino un objeto del interés público internacional”. Por otro lado, manifestaron que la Asamblea Legislativa “tiene la responsabilidad independiente de velar por la conformidad de las leyes aprobadas con el Pacto”.

Los relatores de la ONU piden al gobierno salvadoreño la apertura de un espacio público para realizar la discusión del citado proyecto de ley.

Sobre la ley

La Ley de Agentes Extranjeros establece un impuesto del 40 % a las ONG sobre los fondos donados por sus cooperantes para la ejecución de proyectos en el país. Además, plantea la prohibición para que las organizaciones que reciben fondos internacionales realicen actividades políticas que “alteren el orden público”.

Sobre este punto, el dictamen que ha sido avalado por la Comisión de Relaciones Exteriores establece una pena de entre dos a cinco años de prisión para los agentes que “alteren el orden público”.

Semanas atrás, diversas organizaciones de la sociedad civil han solicitado que se dé marcha atrás y que no se apruebe la Ley de Agentes Extranjeros, pues señalan que pretende callar a la sociedad civil. Además de estar en contra de las libertades de los ciudadanos y la democracia.




Vicepresidente salvadoreño rechaza que relaciones con Estados Unidos están en “pausa”

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, salió al paso sobre la salida de la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos en el país, Jean Manes. La semana pasada, la diplomática anunció que abandonaría el país aduciendo que el gobierno salvadoreño no está mostrando interés de mejorar las relaciones con la nación norteamericana.

Al momento del anuncio, Manes recalcó las razones para retornar a su anterior cargo como vicecomandante civil del Comando Sur. Indicó que en los seis meses que estuvo en El Salvador, el gobierno aumentó los ataques contra Estados Unidos, llegando hasta el presidente Joe Biden, por medio de lo que denominó redes pagadas por el Ejecutivo.

Asimismo, Manes hizo hincapié que desde el pasado 1.º de mayo, el gobierno ha removido al fiscal general de la República y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Además de promover la salida de fiscales y jueces por su edad, limitar el acceso a la información pública y la cancelación de la comisión anticorrupción.

Por todo lo anterior, la diplomática señaló que las relaciones entre ambas naciones estaban en pausa. Al respecto, Félix Ulloa, vicepresidente salvadoreño negó que esta sea la situación de las relaciones bilaterales.

Ulloa lanzó su mirada a la prensa, a la que acusa de dar una connotación errónea a las palabras empleadas por Manes. “La prensa, sobre todo alguna prensa sesgada, trató de magnificar una palabra que fuera de contexto se utilizó como una pausa. Es un término que no existe, ni en derecho internacional ni en las relaciones diplomáticas. La señora lo usó como un término coloquial”, insistió el vicemandatario.

Agregó que todo permanece “normal” entre los gobierno de El Salvador y los Estados Unidos. Ulloa dijo que se encuentran “como siempre han estado, en buen estado”. “Son relaciones de todo tipo: diplomáticas, comerciales, culturales, de asistencia, todo sigue normal”, aseguró.

Las declaraciones de Ulloa se dieron en el marco de una actividad ejecutada por el Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami).




Sancionan ley que devuelve a la CSJ la facultad de investigar a funcionarios

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, sancionó días atrás la denominada Ley n.º 258. La normativa en cuestión devuelve a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la facultad de investigar de manera administrativa a funcionarios, entre ellos ministros y el contralor general de la República.

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial n.º 29424-C el pasado 26 de noviembre. Con ella se da por restablecida la vigencia del literal b, numeral 2, del artículo 86 del Código Judicial. Ahora, tras su publicación oficial, la Corte tiene la potestad de investigar delitos o faltas comunes que involucren a procuradores, elementos de la Asamblea Nacional o magistrados del Tribunal Electoral.

La medida fue propuesta por el diputado Roberto Ábrego, del Partido Revolucionario Democrático, el 20 de octubre. Al respecto, el parlamentario señaló que lo que la iniciativa pretende es cerrar un vacío jurídico en el tema respecto a las faltas que podrían cometer los funcionarios.

La ley «conlleva la noble finalidad de suplir el vacío que se ha generado por cuanto, en estos momentos, existe un limbo jurídico en lo concerniente a quién conoce y decide las faltas que cometen los aludidos funcionarios”, dijo el mes pasado el proponente.

La medida, desde un inicio, generó desconfianza. Lo anterior debido a que el proyecto de ley se aprobó el 29 de octubre, sobre el final del periodo ordinario pasado de las sesiones de la Asamblea General.

Entre los elementos que han generado prejuicios en esta normativa está el que haya sido aprobada en primer y segundo debate de manera exprés: en un lapso menor de 24 horas. Un punto cuestionado al respecto ha sido que no contó con la opinión de autoridades ligadas al tema investigativo

Asimismo, se señaló que su presentación surgió en un momento en el que en los últimos meses se han presentado denuncias contra altos funcionarios ante la Procuraduría de la Administración y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Semanas atrás, el diputado independiente Juan Diego Vásquez consideró que esta normativa tiene por objetivo blindar o ayudar a funcionarios que no rindan cuentas de su gestión. Señaló que por la manera apresurada en que se dio la aprobación parece que busca hacer un favor a alguien.

Con la sanción de esta ley se quita competencia a la Procuraduría de la Administración y a la Antai.




Piden descartar Ley de Agentes Extranjeros

La Ley de Agentes Extranjeros presentada por el gobierno de El Salvador sigue generando rechazo de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Desde su entrega en la Asamblea Legislativa, a cargo del ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, diversos sectores han advertido que el proyecto puede vulnerar “la libertad de asociación y de expresión».

El documento fue enviado a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, misma que el pasado 16 de noviembre generó un dictamen favorable. En esencia, de acuerdo a las autoridades, el objetivo de la medida es que «los ciudadanos conozcan los agentes extranjeros destinados a influir en la opinión pública».

Asimismo, esta propone un impuesto del 40 % sobre “cada transacción financiera, desembolsos, transferencias”, incluidas las donaciones, que reciban del exterior las organizaciones consideradas agentes extranjeros. Además, prohíbe actividades consideradas que atenten contra la estabilidad política o el orden público, para lo que establece penas que van de los tres a los cinco años.

El presidente del Legislativo, diputado Ernesto Castro, aseguró que la Ley de Agentes Extranjeros no será aprobada por el pleno hasta llegar a un consenso con el cuerpo diplomático y la “verdadera sociedad civil”.

Al respecto, diversos representantes de la sociedad civil salvadoreña han externado su rechazo a participar en reuniones sobre modificaciones a la Ley de Agentes Extranjeros o a la modificación del dictamen que ha sido detenido en la Asamblea.

Por ejemplo, Xenia Hernández, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), señala que no aceptarán modificaciones o nuevas versiones de la normativa. Explicó que su postura no tiene nada que ver con enmendar lo aprobado en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hernández recalca que la exigencia es que no se apruebe una ley que pretende callar la crítica y obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Similar postura externó Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. Escobar fue enfático en señalar que las organizaciones no aceptan una modificación, reforma o la creación de una nueva normativa.

El director de Acción Ciudadana añade que la solicitud al Ejecutivo va encaminada a que se deseche el proyecto. Señala que lo que se esperaría es que el dictamen fuese enviado a archivo y no fuera promovido nuevamente.

Sobre este tema, diversas ONG expusieron semanas atrás que la Ley de Agentes Extranjeros afectará a las “personas beneficiarias o destinatarias del trabajo que las entidades sin fines de lucro realizamos con fondos de la cooperación solidaria».




El Salvador anuncia creación de “Bitcoin City” financiada con bonos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el fin de semana la construcción de “Bitcoin City” al oriente del país. El mandatario señaló que esta propuesta es parte del plan de convertir al país “en un centro financiero mundial”.

«El bitcoin ha comenzado a cambiar el mundo y lo cambiará aún más. El Salvador está en un momento histórico», dijo Bukele al cierre de la novena Conferencia Latinoamericana del Bitcoin y Blockchain (Labitconf), en la playa Mizata.

En su participación, Bukele dijo que la primera ciudad bitcoin del mundo será energizada por un volcán, contará con áreas residenciales, comerciales y un aeropuerto. Además, explicó que el financiamiento inicialmente se realizará con emisión de bonos en el mercado de criptomonedas el próximo año.

“Se construirá cerca del volcán de Conchagua y se aprovechará la generación de energía geotérmica para la ciudad y el minado de bitcoin”, agregó.

Beneficios fiscales

Bukele indicó que el único impuesto que tendrá la «Bitcoin City» será el impuesto al valor agregado (IVA). De este gravamen, dijo que la mitad será empleado para pagar los bonos de la municipalidad y el resto para la infraestructura pública y el mantenimiento de la ciudad.

“No tendremos impuesto sobre la renta, para siempre. Sin impuestos sobre las ganancias, cero impuesto sobre la propiedad, ni impuestos sobre las contrataciones, cero impuestos municipales y cero emisiones de CO2”, dijo.

“Bono Volcán”

Sobre el financiamiento de la “Bitcoin City”, Bukele dijo que será anunciado en un periodo de 60 días. Además reveló una emisión especial de bonos el próximo año que serán “totalmente en el ecosistema Bitcoin”. Estos serán denominados “Bono Volcán”.

El anunció de la emisión de $1,000 millones en bonos bitcoin fue realizado por el presidente Bukele junto a Samson Mow, director de estrategia de Blockstream.

De acuerdo a lo explicado en el evento, la mitad de los fondos del “Bono Volcán” serán convertidos en bitcoins. El resto se usará para infraestructura y minería de bitcoins impulsada por energía geotérmica.

Mow agregó que  la emisión será en bonos “tokenizados” denominados en dólares de los Estados Unidos a un plazo de 10 años para pagar el 6.5 % a través de Liquid Network.

Luego de “un período de bloqueo de cinco años, el gobierno comenzará a vender sus bitcoins y pagará un dividendo adicional a los inversores”, agregó Mow.




Continúan cuestionamientos a la implementación del Proyecto QR en Costa Rica

La implementación del Proyecto QR en Costa Rica generó diversas reacciones desde el anuncio hecho por las autoridades semanas atrás. El gobierno costarricense señaló que este código serviría para validar el esquema de vacunación contra el coronavirus.

Por medio de este proyecto se planteó instaurar condiciones de acceso a comercios y a eventos privados. Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo decretó una medida cautelar ordenando la suspensión de la aplicación del código QR.

“Se ordena al presidente de la República, al ministro de Salud, a la ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología y Telecomunicaciones, a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Instituto Costarricense de Electricidad, que se abstengan de realizar cualquier conducta tendiente a la implementación del código QR, a nivel comercial, social, laboral, turístico, recreativo y/o cualquier otro, hasta tanto no sea resuelto por el fondo el presente asunto”,  señala la resolución.

Empero, el gobierno de Costa Rica consideró que la petición del QR se puede hacer de manera voluntaria. Las autoridades estatales añaden que en los lugares donde no sea implementado se restringirá el aforo. Ante ello, el sector empresarial cuestiona que esta es una manera “solapada” de implementar el proyecto, supeditado a si un local solicita el código para establecer restricciones en personas.

Los empresarios recalcan que los comercios y el sector en general han cumplido, y continuarán cumpliendo, los protocolos de bioseguridad. Lo que a su juicio demuestra que en el sector formal no está el foco de contagio de coronavirus. Añaden que la medida cautelar decretada por el Tribunal Contencioso Administrativo debe ser acatada. Exigen que se respete la disposición judicial hasta que exista un fallo definitivo. De lo contrario, reiteran, la aplicación propuesta es una forma vedada de implementar el QR.

La Unión Costarricense de Cámaras (UCCAEP) insta al Ejecutivo a que reconsidere el escenario actual de los diferentes sectores productivos del país con el objetivo de tomar las decisiones pertinentes. Con ello aseguran se dará la certeza necesaria al sector empresarial para la tan necesaria generación de empleos.

La directriz debe ser opcional para que cada establecimiento decida y si considera operar al 100 % deberá solicitar alguno de los comprobantes disponibles del esquema de vacunación completo, expuso el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Arturo Rosabal. De este modo el cliente decide si ir o no al establecimiento, aseguró.




Guatemala: Ministerio de Trabajo propone crear circunscripciones económicas

La Comisión Nacional del Salario conoció el pasado 19 de noviembre, de manera oficial, la propuesta del Ministerio de Trabajo para crear dos circunscripciones económicas. La cartera estatal señala que el objetivo de la medida es el establecimiento de salarios regionales, los cuales comenzarán a aplicarse en el 2023.

De acuerdo al ministerio, estas serían denominadas como Zona Central y Zona Regional. La Central estaría constituida por el departamento Guatemala. En el caso de la Regional, la compondrían el área rural y urbana de los demás departamentos del país.

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Sobre la división por zonas, la institución señala que esta responde a las diferencias en los indicadores económicos entre el área urbana metropolitana y el interior del país.

Para fijar el salario mínimo bajo esta modalidad propuesta deberán convocarse seis comisiones paritarias. De estas, tres serían para la zona central y tres para la regional, por las actividades agrícolas, no agrícolas y de maquila/exportación. Asimismo, estas deben ser compuestas con representantes de los sectores laboral, empleador y gubernamental, indicó la viceministra de Administración de Trabajo, María Isabel Salazar.

La funcionaria ha señalado que la ley otorga facultades tanto al gobierno como a la cartera estatal para llevar a cabo los cambios propuestos. Salazar explicó que el artículo 105 del Código de Trabajo es el que da luz verde a las modificaciones.

Además, indicó que esta no requiere de ser aprobada con votos en la Comisión Nacional del Salario. Pero dijo que se decidió establecer un diálogo social para presentar las propuestas.

El Ministerio de Trabajo prevé que el próximo mes sea aprobado el acuerdo para crear las circunscripciones. De ser así se convocaría a las paritarias que tendrán a su cargo analizar el salario mínimo para el año 2023. En los primeros 20 días de enero próximo deberían quedar nombradas las comisiones.

En la reunión con la Comisión Nacional del Salario, el Ministerio de Trabajo expuso que la propuesta se fundamenta “en las marcadas diferencias que se observan en las características del sector productivo y el empleo entre el departamento de Guatemala”. Por lo que indicaron que se deben “tomar urgentemente” decisiones pertinentes y establecer soluciones para asegurar la protección de ingresos suficientes para los trabajadores, sin arriesgar las capacidades económicas de los emple




C.A. en conflicto con la transparencia y las libertades económicas e individuales

Durante el mes de agosto, el Libertómetro dio cabida a una serie de medidas con una clara agenda “pandémica”. Ya sea por la restricción de la movilidad, aplicación de toques de queda o intentos de declaratoria de Estado de Calamidad.

Asimismo, algunas naciones enfilaron la mayor parte de su trabajo, ya sea del lado Ejecutivo o Legislativo, a atentar contra la estabilidad democrática o el derecho de la población al acceso de la información. En total, en el presente mes se evaluaron 44 medidas; de las cuales 23 corresponden a El Salvador; ocho a Panamá; Costa Rica y Honduras presentaron cinco cada uno; y Guatemala registró tres.

Sobre el caso guatemalteco es de señalar que el 100 % de los decretos analizados están relacionados con medidas de combate al covid-19 enfocados a la declaratoria de Estado de Calamidad. Situación que solo afecta las libertades de la población y que claramente se ha mostrado por las estadísticas que no coadyuva en la misión de contrarrestar el avance del virus.

Al revisar los resultados del istmo, dos países presentaron resultados negativos en general. Este ranking lo comanda El Salvador con una puntuación de -84.10 %. Le sigue Honduras con un -60 % de evaluación.

En cambio, dos países lograron establecer números positivos: Panamá presentó un 27 % de evaluación y Costa Rica tuvo un 20 %. Por su parte, Guatemala quedó en tablas, con un 0.00 %. En general, la región presentó una calificación negativa en el mes de agosto, con un  -42.70 %.

El Top 5 de las medidas más negativas en el presente mes tuvo representación de todos los países evaluados. La peor de todas corresponde a Panamá, con -7 de puntuación. La normativa que encabeza esta tabla corresponde a la restricción por 10 años al acceso a la información sobre las actividades del Consejo de Gabinete.  Este otorgamiento de privacidad es una clara violación a los derechos democrárticos y un atentado a la transparencia.

El segundo y tercer puesto corresponden a El Salvador y Honduras, ambos con medidas evaluadas con -5. En el caso salvadoreño se refiere a la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, decreto cuestionado por diversos sectores como una violación a la independencia judicial. En Honduras, en cambio, la calificación corresponde a la prórroga de medidas de restricción a los derechos fundamentales.

En Guatemala, en cambio, el decreto que buscaba la declaratoria del Estado de Calamidad recibió un -4 de evaluación. Esta clase de medidas, además de generar un impacto negativo, vulnera un sinfín de libertades y genera una brecha para incrementar el gasto con mecanismos de compras exprés.

Por último, Costa Rica tuvo una nota de – 3 por una normativa que llevó a los locales comerciales a estar bajo restricciones que limitaron su accionar meses atrás. Esta es vista como una afectación al sector productivo, pues reduce su campo de maniobra y sus posibilidades de producción y generación de empleo.

Por último, el análisis del Libertómetro arrojó que las medidas más peligrosas del presente mes corresponden a la restricción de información en Panamá, los cambios que afectan al poder judicial en El Salvador y la continuidad de la restricción a derechos fundamentales en Honduras.

Por ello señalamos que este mes ha sido un ejemplo de que la región centroamericana continúa en conflicto con la transparencia y las libertades económicas y personales.