Ante las recientes reformas avaladas por la Asamblea Legislativa de El Salvador a la Ley de Delitos Informáticos y Conexos y al Código Procesal Penal, organizaciones internacionales de derechos humanos externaron su preocupación.
Señalan que dichos cambios normalizan “la vigilancia estatal”. Además, consideran que crean las condiciones idóneas para que se den abusos contra los ciudadanos, personas críticas y periodistas. Estos tras proporcionarle a la Fiscalía General de la República (FGR) amplios “poderes de investigación penal” sin restricción ni control.
El conglomerado de organismos insta al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, “a no sancionar las reformas al Código Procesal Penal”. Además, pidió que junto a la Ley de Delitos Informáticos y Conexos, ambas se sometan a un análisis. Asimismo, solicitan que cumplan con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El objetivo es impedir que sean utilizadas para la “persecución, vigilancia o silenciamiento” de ciudadanos o periodistas.
Por medio de una carta pública, las organizaciones Derechos Digitales América Latina, Human Rights Watch, la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ) de El Salvador, Acción Ciudadana de El Salvador y la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (TRACODA), indican que las reformas aprobadas por la Asamblea tanto al Código Procesal Penal como a la Ley de Delitos Informáticos “puede favorecer el abuso y la criminalización” de derechos legítimos de los ciudadanos. Además de “poner en riesgo la privacidad y la libertad de expresión en el país”, recalcan.
“La ambigüedad, imprecisión y amplitud de las reformas puede favorecer el abuso y la criminalización de actividades en ejercicio legítimo de derechos, así como poner en riesgo la privacidad y la libertad de expresión en el país, con graves consecuencias para su democracia”, reza parte de la misiva.
Explican que el artículo 25 de la Ley de Delitos Informáticos “pone en riesgo el ejercicio periodístico, la libertad de expresión, así como la protección de empleados de gobierno que revelan irregularidades” en el Estado. Esto debido a la criminalización de la obtención de información que el Gobierno pueda clasificar como confidencial.
Respecto a las reformas al Código Procesal Penal, señalan que estas “legalizan el empleo de técnicas de investigación y operaciones encubiertas invasivas a la privacidad y al derecho a la protección de datos personales, con la creación de una figura de ‘agente encubierto digital’ y la autorización de uso de herramientas de extracción de información”.
“No podemos dejar de señalar que, para dictar normas de esta naturaleza, es necesaria una discusión amplia con todos los sectores de la sociedad civil, que será la destinataria de leyes que pueden afectar sus derechos; así como también debe incorporar la opinión de expertos en la materia, cosa que no ha sido posible verificar en el caso de las reformas aprobadas”, añaden.