Elegir a nuestro proveedor de bienes y servicios  es un derecho básico de todos. Con presupuestos familiares limitados, tenemos que sacar el mayor provecho a nuestros  recursos. En este proceso, la competencia es el mejor aliado de los consumidores:  los proveedores tienen que mejorar precios, servicio, calidad y variedad para ganarse el favor del consumidor. Y así como se benefician los ciudadanos, también se forja el el desarrollo de una nación. Sin competencia no hay progreso, no hay necesidad de innovar, de crear, de brindar un mejor servicio, de ser eficiente, de capitalizarse y de crecer.

Lamentablemente, las acciones del Estado costarricense han ido en sentido contrario. Históricamente, la legislación que regula el transporte remunerado de personas (el servicio de taxis) se ha justificado como protección al consumidor. Sin embargo, se asegura que la oferta siempre esté distante de la demanda para garantizar un jugoso mercado al grupo de interés.  Además se fijan precios para garantizar su ganancia, todo a costas del pobre consumidor. Más aún, los privilegiados quedan protegidos de los riesgos de toda actividad económica, situación que sí enfrenta el resto de la población. Finalmente, todo termina siendo un grandioso botín político para unos cuantos, que lo emplean en comprar votos o en ejercer poder sobre determinado grupo.

Para defender a los costarricenses de semejante injusticia organizada, la Asociación de Consumidores Libres (ACL) presentó una acción de Inconstitucionalidad contra la Ley 8955 que regula este tema.  Contrario a lo que siempre se ha dicho, una revisión de las actas donde se discutió la ley muestra que se desconocieron las palabras consumidor o usuario, prueba de que no se pensaba en protegerlo desde la génesis de esta regulación. Antes bien, la prioridad era consolidar privilegios y rentas a un determinado grupo de presión. Conforme con esa intención, dicha ley crea un monopolio nacionalizando el sector, expresando que es el Estado el exclusivo titular del transporte remunerado de personas, que las manejará otorgando concesiones a unos pocos. Queda así confiscada cualquier iniciativa privada y se conculcan arbitrariamente los derechos de los consumidores.

La tramitación de la ley también deja demasiado que objetar. Su aprobación se realizó en el reducido ámbito de una comisión con potestad legislativa, sin cumplir el requisito de mayoría calificada establecido por el artículo 46 de la Constitución cuando se trata de restringir los derechos del consumidor. Procedimiento sorprendente e indebido, porque se esperaría un debate amplio nacional para la nacionalización y creación de un monopolio público de derecho que cercena las libertades de los todos los consumidores costarricenses (y que ni siquiera existe en sectores como salud y educación), un debate transparente que tendría que justificarse solo por una necesidad nacional extraordinaria y no por el deseo de favorecer intereses puramente gremiales, como resultó en realidad.

Posteriormente, el gobierno ha hecho oídos sordos al clamor de los consumidores, que han padecido los atropellos de un sector carente de verdadera competencia. Los usuarios ansían que se respete sus derechos. Al fin al cabo, son ellos -y nadie más- quienes pagan por el servicio, que cada uno tiene el derecho a escoger con plena libertad. La Sala Constitucional, una vez más, se convertirá en el último bastión en resguardo de nuestros derechos fundamentales y en el último recurso frente a un Estado comprometido con la defensa de privilegios.

El detonante de la protesta ciudadana ha sido el creciente desfase entre consumidores tecnológicamente actualizados y un sistema de taxis anacrónico por falta de los incentivos de la competencia. Tenía que ser así, porque los avances tecnológicos crecen exponencialmente cambiando nuestro entorno y la forma como nos relacionamos económica y socialmente, de modo que ninguno está exento de las oportunidades y riesgos que representa. El luchar contra la modernidad es como luchar contra la gravedad: se puede estorbar todo lo que se quiera y no va a cambiar la testaruda realidad.

Examinemos la situación con un cambio de enfoque. Ahora el gobierno  tiene la oportunidad de poner al consumidor de primero, promover estándares mínimos que garanticen la mayor competencia posible,  en vez de aferrarse a estructuras clientistas del pasado que solo benefician a unos cuantos en perjucio de la mayoría. Solo así será el verdadero garante de los derechos básicos de los costarricenses.

Imagen del artículo – © Flickr, ehpien