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En el mes de octubre, Honduras se movió entre préstamos y decisiones referentes al manejo de fondos públicos. Algo que se ha vuelto habitual en los últimos meses no solo en este país, sino que en los demás miembros de la región centroamericana.

Para el análisis del Libertómetro se tomó en cuenta el Acuerdo Ministerial 036-2022, referente a la Creación de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). De acuerdo con el documento, el objetivo de la medida es combatir la pobreza y pobreza extrema en todo el territorio nacional.

Para lograr esa meta se crean las TMC “sin distinción de fuente de financiamiento, orientadas a los ejes de Protección Social, Generación de oportunidades de ingresos, Fortalecimiento Humano, Educación, Salud, Infraestructura y Ambiente”, añade la normativa.

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Llama la atención que el Acuerdo Ministerial establece que la entrega de dinero a la población hondureña se sujeta al cumplimento de condicionalidades específicas por parte de quienes las reciben.

Asimismo, explica que se aplicará una primera etapa denominada focalización geográfica y referida a la cobertura territorial en donde definirá las ubicaciones a ser atendidas por sus intervenciones, con un enfoque a nivel de aldea.

En cuanto a la elegibilidad de la población, cada TMC presenta sus propios parámetros de selección, sin embargo, en todas, el universo está limitado por las Localidades Focalizada, establece el acuerdo.

Analizada la medida, esta recibió una calificación de -1 en el eje de Libertades Económicas y -1 en Libertades Individuales. Consideramos que la Creación de las Transferencias Monetarias Condicionadas resulta en un aprovechamiento irracional de fondos, considerando que no hay una explicación real de qué sector y con qué fundamento se hará la entrega de esta ayuda.

Además, la manera en la que está estipulado el Acuerdo Ministerial representa una clara desigualdad ante la ley, dejando a la discreción del gobierno hondureño quien sí recibe y quién no este beneficio.