¿Guatemala se está aproximando a un terreno peligroso?

Durante julio el Libertómetro de Guatemala resultó con una calificación promedio de -1, demostrando un desempeño negativo para las defensas de las libertades, contrario a la calificación positiva obtenida en junio.

Para este mes se incluyen 6 medidas, de las cuales dos fueron emitidas por la Asamblea Legislativa y el resto por dependencias del Órgano Ejecutivo; de estas acciones se consideró que el 50% fueron negativas, un 33.33% neutras y el 16.67% fueron positivas. Se destaca que las únicas dos medidas en estudio emitidas por el Legislativo fueron negativas, teniendo un fuerte impacto en la degradación de la transparencia en el uso de los recursos de la nación.

La calificación de las medidas negativas, tres en total, se comporta de manera uniforme. El promedio de estas evaluaciones fue de -2.33, presentando una desviación estándar de 0.57, y no se observan datos atípicos; al ser comparados con los datos obtenidos en junio, las medidas de julio experimentan una degradación de 1.33 puntos. Dentro de estas acciones se destacan las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales pretenden “agilizar” los procesos de compra dada la coyuntura actual ocasionada por la pandemia, pero se deja de lado la transparencia en el uso de los fondos públicos, incrementando los pisos para poder realizar compras sin necesidad de emitir cotizaciones ni licitaciones, llegando incluso a eliminar la suscripción de contratos con los proveedores. Esto genera un retroceso en la legalidad de las compras y podría representar un problema a futuro, ya que no se garantiza la libre competencia ni la selección de proveedores basados en calidad o méritos, dejando una ventana abierta a selecciones discrecionales, dando paso a una cultura de compadrazgo entre ciertas empresas y el Estado.

Se destaca también como medida negativa la recién aprobada Ley de exención de responsabilidad y de creación del mecanismo de compensación por el uso de vacunas contra la COVID19, ya que blinda a varios actores en caso haya afectaciones negativas en personas vacunadas, eximiéndoles de responsabilidad alguna, y dando una indemnización que podría apretar aún más las ya deterioradas finanzas del Estado.

Por otra parte, la calificación obtenida de la única medida positiva es de 1. Al comparar el presente mes con las medidas positivas de junio, se observa 1 punto menos, siendo esto una degradación en el escenario positivo del Libertómetro. La acción que se destaca en este apartado es la recién aprobada política pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032, en la cual se establecen responsabilidades a los actores que forman parte del Ejecutivo, quienes trabajarán de la mano para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales para las familias guatemaltecas. A pesar que lo anterior debería ser de obligatorio cumplimiento para cualquier ciudadano, se aplaude, ya que si las acciones que engloba la política se desarrollan de la mejor manera, se podrían esperar buenos resultados.

Julio cierra con una degradación en los indicadores de libertad, producto de acciones que dan una buena primera impresión, pero que en el trasfondo podrían dar paso al oportunismo de personajes que solo favorezcan a ciertos grupos, yendo en contra de la libre competencia y, por ende, en contra de la defensa de las libertades. Es el momento que Guatemala vuelva a despertar y exija al Estado un trabajo transparente y apegado a la Constitución, de lo contrario podríamos estar acercándonos a un terreno peligroso con una nación donde cada vez se vulneran más las libertades.

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