Guatemala en datos
Por: María Isabel Bonilla, CIEN (Guatemala)
El año 2021 inicia con varios desafíos para el país, y el abordaje de estos definirán las acciones del Estado para el primer semestre del año. En primer lugar, a raíz de la falta de un presupuesto general de la nación adecuado a las necesidades, planificación y actividades propias para el año 2021, se debe hacer el análisis del presupuesto vigente para definir su monto (el original aprobado en el 2018 más las ampliaciones que ha sufrido a través de los años) y acudir al Congreso de la República para su readecuación, lo cual no se dio en el mes de enero. Lo anterior ameritará una negociación política que puede afectar la discusión parlamentaria sobre diversos temas de interés nacional, así como afectar la elección de magistrados.
Dicha elección de magistrados por parte del Congreso de la República se ha postergado debido a recursos legales presentados por ONGs, abogados o por decisión de autoridades, en la mayoría de los casos motivados por la calidad ética de los candidatos, por conflictos de interés, por decisiones políticas. En el Congreso de la República tampoco hay un claro interés por proceder como la ley exige, sin incluir en la agenda del día la elección de los magistrados o rompiendo el quórum de presencia para evitar proceder a la elección. Al final, la falta de elección se magistrados a la Corte Suprema de Justicia o a las salas de apelación y a otros tribunales de similar jerarquía ha generado descontento entre la población, misma que se cuestiona sobre la legitimidad de quienes siguen fungiendo como magistrados.
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Lo anterior hará más difícil la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, la cual debe renovarse en su totalidad en el mes de abril del presente año. Dicha elección generará más presión sobre el sistema de justicia y más negociaciones políticas. La Corte se integra con cinco magistrados titulares y sus suplentes, y representan cinco sectores (quienes eligen a uno de los cinco): los tres organismos del estado, la universidad estatal y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El temor que existe es que tampoco se pueda proceder a la elección por diversas razones, perpetuando en el cargo a los magistrados y restándole credibilidad al sistema tanto de selección como al sistema de justicia.
La institucionalidad del país se ve comprometida. La falta de transparencia en la toma de decisiones, el anteponer intereses partidarios y de grupos de interés, así como de grupos delincuenciales o del crimen organizado han ganado terreno en el país, y ello se ve reflejado en la interrupción al proceso de elección de magistrados en el sistema de justicia y posiblemente en la futura elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. El estado de derecho tan ansiado está siendo captado por un peligroso estado de legalidad abusivo que violenta los derechos esenciales de los guatemaltecos, especialmente el derecho a acceder a la justicia pronta y cumplida impartida por jueces y magistrados probos, independientes, que verdaderamente buscan impartir justicia.