Guatemala | Control Z al Decreto Legislativo N.6-2021
En agosto, el Libertómetro de Guatemala resulta con una calificación de 0 (cero), mostrando que no hubo un avance positivo o negativo para las defensas de las libertades, algo “mejor” si se compara con la calificación negativa obtenida en julio.
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Para este mes solo se incluyen 3 medidas, dos emitidas por el Órgano Ejecutivo y una por el Congreso de la República; de estas acciones se considera el 33.33% negativa, una neutra con el 33.33% y una positiva que complementa con el 33.34%. Es de destacar que el 100% de las medidas en estudio están relacionadas al estado de calamidad que el Ejecutivo propuso por 30 días para todo el territorio guatemalteco, el cual incluía medidas para tratar de contener el avance del COVID19 pero que impactaba en muchas libertades de la población.
La calificación de la medida negativa, el Decreto Gubernativo No. 6-2021, tuvo una calificación de -4; al comparar esto con los datos obtenidos en julio, la medida presenta una degradación de 1.67 puntos, demostrando que, a pesar de ser solo una acción la que se incluye en este ámbito, ésta es más negativa que todas las incluidas en el mismo grupo para julio.
Básicamente el Consejo de Ministros de la presidencia de Guatemala propuso imponer un estado de calamidad para tratar de frenar el avance del COVID19 y su variante Delta. La medida incluía algunas acciones como toques de queda en todos los municipios, suspender algunos derechos, la colocación de precios mínimos y máximos en la mayoría de productos, y dar acceso a que todas las instituciones públicas pudieran disponer de gasto para la compra de elementos relacionados al combate de la pandemia. Posteriormente, a través del Decreto Gubernativo No. 7-2021, la presidencia trató de corregir esto último y delimitó que solo el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Salud Pública (IGSS) pudieran realizar las compras públicas.
Fue interesante como el Ejecutivo trató de “volver a combatir” la pandemia a través de una medida que ya habían impulsado antes. La medida genera un impacto negativo, ya que vulnera muchas libertades para toda la nación, y da paso a poder incrementar el gasto a través de mecanismos de compras exprés que pudieran estar beneficiando a algunos actores allegados a los tomadores de decisiones, ¿qué será lo que se pretendía?
Se destaca que la única medida positiva, el Decreto Legislativo No. 9-2021, obtuvo una calificación de 4, contrarrestando el impacto negativo ocasionado por el Decreto Gubernativo No. 6. Al comparar esta medida positiva con la evaluada en julio, se observa una mejora en 3 puntos. La acción catalogada como positiva detiene por completo lo impulsado por el Ejecutivo, y deniega el estado de calamidad que se quería imponer en toda la nación.
Lo ocurrido durante agosto en Guatemala es señal que el Ejecutivo no está trabajando de la mano con los sectores económicos ni el resto del Estado, mucho menos está conectando con la población, ya que los posibles impactos negativos superaron con creces el tratar contener la pandemia, evento mundial en el que ya se demostró que la prevención y la vacunación es el mejor mecanismo para disminuir los contagios. En este caso, el Legislativo fue el encargado de darle Control Z a las acciones impulsadas por el Ejecutivo, pero es de destacar que no se presentaron propuestas alternas que generen las dos cosas que Guatemala necesita: frenar el avance de la variante Delta e impulsar su ya deteriorada economía, ¿será que en septiembre veremos un escenario diferente?