Es una reactivación económica, es imprescindible la transparencia
Por: Alexis Martinez Scigliani
Durante el mes de septiembre, la República de Panamá ha obtenido los siguientes puntajes en el índice del Libertómetro[1] : De ello se desprende que las medidas positivas y las áreas donde Panamá ha obtenido mejor calificación son aquellas destinadas a la reactivación económica y apoyo a las empresas, así como protección de los trabajadores durante la pandemia y el periodo post covid-19 que nos espera.
En ese sentido, podemos mencionar que el gobierno ha impulsado proyectos positivos, tales como la creación de un régimen especial para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura. Esta iniciativa busca atraer la inversión al país, ofreciendo exoneración de ciertos impuestos y goce de un régimen migratorio y laboral atractivo; mientras promueve la industria de manufactura e incentiva la creación de conocimiento y el desarrollo de capacidades para el personal panameño a través de la obligación que se les impone a las empresas de brindar capacitaciones, transferir tecnología y conocimiento, así como desarrollar capacidades para el adiestramiento del personal nacional.
De igual forma, dentro del plan de reactivación económica se ha contemplado la modificación y creación de diversos fondos de fomento empresarial, a fin de que puedan ser una herramienta efectiva para los empresarios. Por ejemplo, préstamos no reembolsables dados a emprendedores y microempresarios que antes tenían valores máximos de mil balboas (B/1,000.00), ahora podrán ser de hasta dos mil balboas (B/2,000.00). También se creó el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, que busca ser una entidad autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, encargado de normar, diseñar, ejecutar y evaluar las actividades de investigación e innovación agropecuaria del sector público, así como responsable de orientar y certificar las actividades similares del sector no gubernamental. Lo anterior se debería traducir en una mayor especialización e institucionalización de las labores de investigación para la mejora del sector agropecuario del país.
Lamentablemente, estas buenas iniciativas han estado empañadas por la falta de transparencia e igualdad ante la ley que ha estado golpeando al país. Primero, la falta de transparencia en la utilización de los fondos públicos hace que medidas como la decisión del Ejecutivo de continuar solicitando préstamos y emitiendo bonos sea preocupante. La deuda externa de Panamá sigue aumentando y aún no existe la certeza de que esos fondos estén siendo usados con probidad y eficiencia.
Por otro lado, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica no han sido de las mejores virtudes del Estado panameño. Tal como se ha visto en los informes anteriores, la decisión del Ejecutivo de aplicar medidas que restringen las libertades fundamentales, sin seguir los procedimientos constitucionales para ello, ha sido un duro golpe para la institucionalidad y un precedente nefasto para nuestra democracia. A pesar de que las medidas han sido levantadas progresivamente, siguen existiendo diferencias que aún no han sido justificadas científicamente, en las medidas que se les aplican a las distintas regiones en Panamá. Por ejemplo, la medida “que establece un toque de queda, se levantan las restricciones de movilidad de las personas y se dictan otras disposiciones” es insuficiente puesto que, a pesar de que levanta algunas medidas de restricción de la movilidad en la capital del país, las mantiene en otras provincias.
En este contexto, la labor de los entes fiscalizadores cobra mayor relevancia para la ciudadanía. Sin embargo, el organismo de control por excelencia, la Corte Suprema de Justicia, ha optado por una actitud pasiva y complaciente con el gobierno central. Ha hecho caso omiso a las múltiples demandas donde se ha solicitado el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los actos administrativos ejecutados por el gobierno central y ha optado por tomar parte en la falta de transparencia y opacidad gubernamental, considerando que ha negado un recurso de “Habeas Data” donde se le solicitaba información al Órgano Ejecutivo sobre el uso de los fondos durante la pandemia.
Las autoridades gubernamentales deberán esforzarse por promover medidas que impulsen el empleo y la inversión. Según cifras oficiales, Panamá elevará este año la tasa de desempleo hasta el 25% y la informalidad hasta el 55%. Estas cifras alarmantes demuestran la necesidad de un manejo honrado, equitativo y razonable de los recursos. El Estado deberá actuar más allá de intereses particulares a fin de rescatar al país de una crisis inminente.