EL USO IRRACIONAL ES TAN CONTAGIOSO COMO EL COVID-19
Luis Artiga, El Salvador
El Salvador, al igual que la región, sigue lidiando con la normalidad de mantener el covid-19 como catalizador principal para la generación de propuestas y enmiendas de políticas públicas.
El Salvador, nuevamente se vuelve a ubicar en la útima posición, siendo este mes el único país que presenta un porcentaje negativo (-33.3%).
Los órganos del Estado siguen al pie de la letra la recurrente costumbre de hacer un uso indiscriminado de los fondos, ahora con el pretexto de que es en nombre de “salvaguardar la salud de los ciudadanos”. Como ha sido tendencia en El Salvador, el órgano legislativo es el que más ha emitido decretos.
En las 12 leyes que se han evaluado durante el mes de octubre, los temas principales son la exoneración de impuestos, la reorientación de presupuestos para gastos corrientes y la permisibilidad para las municipalidades de hacer uso de los fondos en “honor a la pandemia”, y además a sufragar la crisis sufrida por la tormenta Amanda.
Liderando el atentado contra libertades individuales, en su inciso de “Igualdad ante la Ley”, la exoneración de impuestos a organizaciones se ha vuelto en la constante y no en la excepción, como inicialmente fue creada esa figura legal.
Aunque la intención sea buena, la política pública no debería de inclinar los matices emocionales por sobre la igualdad frente a la ley que debe primar en una República, especialmente cuando el Estado se encuentra en una crisis económica y fiscal.
La Asamblea Legislativa, sin quedarse atrás en el festín de uso irracional de los fondos, atentando contra la libertad económica con una calificación de -1, aprobó una reforma que les permite aumentar $58 millones $300 mil. Bien dice el adagio popular que “es fácil gastarse el dinero de otro”, en este caso de los contribuyentes.
Las municipalidades también han hecho lo propio: se les autorizó ocupar el 75% de los fondos que el Ejecutivo les entrega como parte del presupuesto general de la nación para que puedan mitigar el impacto de la pandemia. La discrecionalidad del uso de esos fondos es una calificación negativa (-1) contra el uso eficiente de los fondos públicos.
Aunque las calificaciones negativas son la constante, también hay una buena nota. La Asamblea Legislativa aprobó una reforma de ley que permite a los maestros seguir haciendo uso de los servicios del Instituto de Bienestar Magisterial después de su jubilación, pagando de manera voluntaria su aporte y el mismo puede ser descontado de la pensión emitida por las AFP.
Además, otro tema calificado como positivo es una ley en la cual se pretende proteger los derechos de los ciudadanos ante el regreso de la crisis ocasionada por la pandemia del covid-19. Lo cual previene que, según lo vivido a inicios del año, el Ejecutivo no restrinja derechos ciudadanos vitales, evitando así abusos de poder.