El gobierno de Costa Rica, por medio del Ministerio de Salud, planea implementar a partir de diciembre de este año un proyecto de acceso a comercios y a eventos privados por medio de un código QR. Este código serviría para validar el esquema de vacunación contra el coronavirus, mencionan las autoridades gubernamentales.
Empero, se cuestiona que el proyecto QR pueda violentar la Ley 8969, referente a la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. La normativa señala, en sus artículos 30 y 31, los supuestos bajo los cuales podrían sancionarse a instituciones que empleen datos privados de las personas sin su consentimiento para trasladarlos a un servidor o banco informativo.
De acuerdo al Ministerio de Salud, los datos de los costarricenses y extranjeros radicados en el país y que han sido vacunados, ya sea con esquema completo o incompleto, estarían alojados en un servidor de la plataforma operativa de la empresa Amazon, un servicio de almacenamiento en la nube denominado Amazon Web Services (AWS).
Al respecto, los diputados Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana, y Erick Rodríguez Steller, parlamentario independiente, cuestionan la legalidad y la transparencia del proyecto que pretende impulsar el gobierno.
Rodríguez Steller considera que el proyecto QR es una clara violación a la intimidad de las personas. Añade que a su juicio es discriminatorio solicitar un certificado para que la población pueda acceder a espacios públicos. “Es una medida totalitaria”, dijo.
El parlamentario cuestionó además que el gobierno primero menciona diciembre de 2021 y luego enero de 2022 como el mes de inicio del proyecto. Señaló que espera que, ya que en enero estarán a un mes de las elecciones, esta no sea una estrategia para aumentar el abstencionismo y “promover a los votantes del PAC”.
Por su parte, el candidato presidencial Otto Guevara acudió al Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar la anulación de la entrada en vigencia del proyecto del código QR.
“Es una transgresión absoluta a la normativa vigente”, recalca Guevara. En el documento enviado al tribunal, el candidato presidencial señala que no se garantizan los fines con los que serán empleados los datos de los ciudadanos, no se sabe si la base está registrada y regulada y que ningún “administrado ha sido puesto en conocimiento de que sus datos personales serán albergados en el extranjero”.