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Costa Rica, primer país con obligatoriedad para vacunar menores contra el covid

Las autoridades de Costa Rica confirmaron la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus de los menores de edad. Con la medida avalada, el país centroamericano se convirtió en la primera nación a escala mundial en obligar a los niños a ser parte del proceso de inmunización contra el virus.

Tras el anuncio de la ratificación de la medida por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), el ministro de Salud, Daniel Salas, manifestó que Costa Rica es un país “caracterizado por procurar el más alto grado de bienestar para las personas menores de edad”.

Por tal razón, señaló, la CNVE ratificó que la vacunación contra el coronavirus es obligatoria para los menores de 18 años. La inyección pasó a formar parte de la lista de vacunas básicas de la infancia que se requieren por ley, indicaron las autoridades costarricenses.

Ante ello, el gobierno de Costa Rica firmó un acuerdo con Pfizer para la adquisición de dosis con el objetivo de iniciar la vacunación de todos los menores de 12 años a partir de marzo del próximo año.

El acuerdo del gobierno tico con Pfizer señala que el país recibiría 3.5 millones de dosis. De estas, 1.5 millones serían reservadas para los menores entre las edades de 5 a 11 años.

El Ministerio de Salud indicó que entre las vacunas que se incluyen en el cuadro básico establecido por la CNVE se encuentran aquellas contra la varicela, la polio, contra el Virus del Papiloma Humano (añadida en  2017) y ahora se agrega la inmunización contra el covid-19.

Las autoridades manifestaron que los padres o representantes legales de los menores tienen la responsabilidad de cumplir la vacunación obligatoria de las personas que conforman el referido grupo etario, así como a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral.

La Caja Costarricense de Seguro Social, los ministerios de Salud y de Educación Pública, y el Patronato Nacional de la Infancia deberán velar, desde su competencia, por la garantía del derecho a la salud y la vida de los menores, reiteró el gobierno.