El mes de noviembre presentó un periodo más en el que las naciones de Centroamérica analizadas por el Libertómetro demostraron un claro y continuo desempeño negativo ante la libertad. Y como ha sido la tónica durante el último año, los decretos relacionados a la pandemia se mantienen en las agendas de los poderes estatales del istmo.
En total, en el presente mes se evaluaron 27 leyes. Por Guatemala fueron dos, una del Ejecutivo y otra del Legislativo; en el caso de Honduras se analizaron tres decretos, todos del gobierno. En El Salvador, en cambio, se evaluaron 10 decretos, todos de la Asamblea Legislativa, misma que sigue manteniendo la agenda con dirección del Ejecutivo.
Costa Rica aportó siete medidas al análisis del presente mes. Mientras que Panamá sumó cinco leyes al Libertómetro.
Sobre las evaluaciones, Panamá recibió dos calificaciones negativas y tres positivas; Costa Rica tiene cuatro negativas, dos positivas y una nota neutra; El Salvador recibió siete evaluaciones negativas, dos positivas y una neutra. En cambio, en los casos de Honduras, con tres decretos, y Guatemala, con dos leyes, ambas naciones recibieron calificaciones negativas.
Con ello, el ranking global del mes de noviembre refleja una calificación de -27.20 %. Al revisar los datos de manera individual, el peor evaluado fue Guatemala, con una puntuación de -75 %. Le sigue El Salvador, con un total de -50 %.
Más atrás se ubican Honduras, con un puntaje de -33.30 %; luego sigue Costa Rica, con un -21.40 %; y por último se coloca Panamá, que mostró un saldo positivo de 33.30 %, lo que representa en cierto modo un equilibro de acciones.
A escala regional, el top 3 de las medidas más negativas y que atentan contra las libertades corresponden a El Salvador, Guatemala y Costa Rica.
La denominada Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales, aprobada por el Legislativo salvadoreño, recibió una puntuación de -3 %. Siendo así considerada como la más atentatoria contra las libertades.
Esta ley faculta a la recién creada Dirección de Obras Municipales (DOM) a continuar con la expropiación de inmuebles señalados de “interés público”, dándoles a sus propietarios el «justo pago”. Esta es considerada una nueva forma de «expropiar» por medio de la entrega de una indemnización que es decidida de forma unilateral. Un claro ataque a la propiedad privada.
En Guatemala, la Alerta sanitaria nacional, aprobada por el Ejecutivo, fue calificada con un -2 %. Entre los puntos contenidos por la normativa está la intensificación de la vigilancia epidemiológica por la variante ómicron de covid-19. Además, establece el cierre de fronteras y restricciones para las llegadas de viajeros desde África.
Asimismo, decreta que todos los que viajen desde esas zonas y que sí tengan permitido entrar, como miembros del cuerpo diplomático, tendrá que estar 10 días en cuarentena. Otro punto de la medida es que no esclarece la fecha de finalización de la restricción. Dejando el dato a la deriva y con restricciones directas a las aerolíneas.
El top negativo lo cierra Costa Rica con la modificación del Decreto N.° 43272. La normativa del Ejecutivo establece que, en las compras públicas en la calificación, un 10 % corresponda a artículos manufacturados localmente.
En espíritu, la reforma lleva una motivación para incentivar la industria local. Empero, puede traer consigo la pérdida de ofertas con mejores precios solo porque el producto provenga del extranjero.