Durante el mes de agosto, el Libertómetro dio cabida a una serie de medidas con una clara agenda “pandémica”. Ya sea por la restricción de la movilidad, aplicación de toques de queda o intentos de declaratoria de Estado de Calamidad.
Asimismo, algunas naciones enfilaron la mayor parte de su trabajo, ya sea del lado Ejecutivo o Legislativo, a atentar contra la estabilidad democrática o el derecho de la población al acceso de la información. En total, en el presente mes se evaluaron 44 medidas; de las cuales 23 corresponden a El Salvador; ocho a Panamá; Costa Rica y Honduras presentaron cinco cada uno; y Guatemala registró tres.
Sobre el caso guatemalteco es de señalar que el 100 % de los decretos analizados están relacionados con medidas de combate al covid-19 enfocados a la declaratoria de Estado de Calamidad. Situación que solo afecta las libertades de la población y que claramente se ha mostrado por las estadísticas que no coadyuva en la misión de contrarrestar el avance del virus.
Al revisar los resultados del istmo, dos países presentaron resultados negativos en general. Este ranking lo comanda El Salvador con una puntuación de -84.10 %. Le sigue Honduras con un -60 % de evaluación.
En cambio, dos países lograron establecer números positivos: Panamá presentó un 27 % de evaluación y Costa Rica tuvo un 20 %. Por su parte, Guatemala quedó en tablas, con un 0.00 %. En general, la región presentó una calificación negativa en el mes de agosto, con un -42.70 %.
El Top 5 de las medidas más negativas en el presente mes tuvo representación de todos los países evaluados. La peor de todas corresponde a Panamá, con -7 de puntuación. La normativa que encabeza esta tabla corresponde a la restricción por 10 años al acceso a la información sobre las actividades del Consejo de Gabinete. Este otorgamiento de privacidad es una clara violación a los derechos democrárticos y un atentado a la transparencia.
El segundo y tercer puesto corresponden a El Salvador y Honduras, ambos con medidas evaluadas con -5. En el caso salvadoreño se refiere a la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, decreto cuestionado por diversos sectores como una violación a la independencia judicial. En Honduras, en cambio, la calificación corresponde a la prórroga de medidas de restricción a los derechos fundamentales.
En Guatemala, en cambio, el decreto que buscaba la declaratoria del Estado de Calamidad recibió un -4 de evaluación. Esta clase de medidas, además de generar un impacto negativo, vulnera un sinfín de libertades y genera una brecha para incrementar el gasto con mecanismos de compras exprés.
Por último, Costa Rica tuvo una nota de – 3 por una normativa que llevó a los locales comerciales a estar bajo restricciones que limitaron su accionar meses atrás. Esta es vista como una afectación al sector productivo, pues reduce su campo de maniobra y sus posibilidades de producción y generación de empleo.
Por último, el análisis del Libertómetro arrojó que las medidas más peligrosas del presente mes corresponden a la restricción de información en Panamá, los cambios que afectan al poder judicial en El Salvador y la continuidad de la restricción a derechos fundamentales en Honduras.
Por ello señalamos que este mes ha sido un ejemplo de que la región centroamericana continúa en conflicto con la transparencia y las libertades económicas y personales.