Las autoridades costarricenses adoptaron nuevas restricciones a ciertas libertades de los ciudadanos. El gobierno de Costa Rica argumenta que la razón es el acelerado incremento de casos de covid-19 en las últimas semanas.
De acuerdo con el informe de los gastos del gobierno de Panamá durante la pandemia de la covid-19, el gobierno realizó un gasto de más de $3 mil millones. Así lo indicó el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. EL funcionario realizó la presentación de los datos en el Consejo de Gabinete.
La Asamblea Nacional de Panamá instaló su nuevo periodo de sesiones ordinarias el pasado domingo 2 de enero. Crispiano Adames, presidente del órgano legislativo, estuvo a cargo de la instalación de las sesiones.
En Centroamérica se continúan cimentando los ataques contra la libertad de expresión. Así lo expuso la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios). La organización destaca la complicada situación que se vive en el istmo. Sobre todo en Nicaragua.
Los cambios en las normativas relacionadas al área financiera continuarán en El Salvador. Así lo indicó el presidente del país el pasado fin de semana. Por medio de sus redes sociales, Nayib Bukele dijo que el Ejecutivo prepara un nuevo paquete de iniciativas al órgano Legislativo.
El Estado guatemalteco fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
En Panamá, diversos gremios de periodistas y medios de comunicación denunciaron nuevas amenazas de represión al ejercicio periodístico. Señalan que el objetivo de reprimir la libertad de expresión es silenciar la opinión pública.
La organización Human Right Watch (HRW) señaló que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y las instituciones del Estado están violando el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía.
En Guatemala, organizaciones civiles, como Acción Ciudadana y la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad, han señalado lo que consideran la “institucionalización” de la corrupción en el Estado.
Durante su participación en una entrevista televisiva, el asesor jurídico de la Presidencia de El Salvador, Javier Argueta, instó a los funcionarios del gabinete señalados por actos de corrupción que “actúen” contra quienes dañen su honor realizando investigaciones o publicaciones sobre las sanciones impuestas por los Estados Unidos.