Análisis respecto a datos del Libertómetro en octubre
Asdrúbal Vargas, Costa Rica
Como hemos venido reportando durante los últimos meses, el impacto sanitario y económico del covid-19 se ha encontrado de frente a problemas estructurales en el plano económico, como lo son el déficit fiscal, el alto peso de la estructura burocrática sobre las finanzas públicas y un acelerado desempleo que continúa su curva de crecimiento de forma constante durante los últimos cinco años, generando un nuevo estado de la cuestión para el país.
Al margen del manejo de la pandemia y el impacto sobre la salud de los ciudadanos, hemos visto una aceleradora curva de mortalidad sobre las personas jurídicas, atacando especialmente a esas con dolencias graves producto de la dura situación económica que ya atravesaba el país posterior a la reforma fiscal.
Así como se ha demostrado que el virus tiene una mortalidad más alta en pacientes vulnerables que presentan enfermedades previas (NatGeo, 2020), lo cierto es que las consecuencias económicas también son más graves en países con dolencias institucionales crónicas, que se vuelven más evidentes cuando la economía nacional tiene defensas o reservas económicas bajas para enfrentar una recesión, teniendo una incidencia directa en la tasa de mortalidad de cientos de personas jurídicas producto de la crisis. Un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio calculaba que para mayo 2020 al menos el 30% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) había cerrado de forma temporal o permanente.
Para dimensionar el impacto, el Informe del Estado de la Situación de la Pyme en Costa Rica estimaba que para el 2019 el país contaba con alrededor de 474,778 pymes, que representan al menos al 33% del empleo formal del país (MEIC, 2017 y 2019).
En ese sentido, quizás el mes de octubre haya sido uno en los que la agenda legislativa se ha alineado un poco más a buscar responder, así sea parcialmente, a algunos de estos problemas, ya que el mes cierra con una clasificación general en el Libertómetro del 39.6%. Una de las puntuaciones más altas de los últimos meses analizados.
Uno de los proyectos que busca dinamizar el mercado financiero es la reforma de la Ley Reguladora de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas, que permite a las cooperativas emitir y comprar títulos valores, ampliando su alcance de negocio y accediendo al mercado bursátil.
Además de fomentar más competencia en ese mercado, permite un mayor acceso a consumidores finales a instrumentos financieros.
En esa misma dirección se analizó la reforma del artículo 44 bis y 44 ter de la ley N° 7472 “Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor”, la cual busca excluir a las asociaciones solidaristas de la recientemente aprobada Ley de Usura, con el propósito de generar un mayor acceso al crédito, tema vital especialmente para pequeños negocios en medio de la crisis económica actual.
También fue discutida en el Congreso la creación de la Comisión Evaluadora de la Gestión Tributaria y Aduanera del Ministerio de Hacienda, la cual genera un mejor aprovechamiento de los fondos públicos y mayor calidad administrativa del Estado. Y uno de los más populares del mes fue el proyecto de ley que autoriza una disminución del 50% en el impuesto a la propiedad de todos los automóviles particulares con valor fiscal por debajo de ₡7 millones; y en el caso de los vehículos de carga liviana la rebaja será de 50% siempre que su valor no supere los ₡15 millones.
Este proyecto es resultado de un clamor popular que por años reclamaban que Costa Rica tuviera uno de los impuestos para circulación de vehículos más altos de Centroamérica, siendo especialmente valioso para quienes usan sus vehículos para laborar.
Sin embargo, algunas de estas respuestas atentan contra la libertad empresarial. Ejemplo de esto es el proyecto de ley que busca realizar una definición de la canasta básica tributaria por el bienestar integral de las familias. El proyecto busca incluir nuevas variables para la composición final de la canasta básica en el país, planteando mínimos de revisión de productos pero no máximos.
Y en los que cada gobierno podría tener la posibilidad de alterar con mayor discrecionalidad la composición de la canasta básica, afectando potencialmente a toda la cadena de producción y generando desincentivos fiscales para ciertos productos.
Otro de los proyectos más polémicos fue la aprobación legislativa y posterior veto presidencial del proyecto de ley que permite la pesca de arrastre. Mientras que por un lado los diputados costeros reclamaban válidamente que con la caída del turismo y el comercio en las costas producto del covid-19 era necesario dotar de mayores oportunidades económicas a las comunidades pesqueras, la pesca de arrastre se ha demostrado que tiene un alto impacto ambiental sobre las comunidades marinas y amenaza a especies en peligro en extinción, generando posiciones encontradas y presión de algunos sectores que incidieron en que el presidente de la República vetara la ley.
Por otro lado, la situación del covid-19 ha caído en un segundo plano mientras que el país se encuentra en un impasse por la situación fiscal. Mientras que las discusiones para buscar alternativas para el déficit financiero se han frenado, además los decretos ejecutivos y normas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud ordenando medidas de restricción económica y vehicular han sido declaradas arbitrarias por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, quien recientemente emitió una medida cautelar contra las medidas, suspendiendo temporalmente sus efectos hasta resolverse una demanda contra el Estado.
Pese a que el gobierno buscó apelar la medida, de momento se han suspendido los efectos jurídicos, mientras se suman varias municipalidades a demandar al Estado por la implementación de la restricción vehicular.