En el mes de marzo de 2023, la República de Panamá obtuvo una calificación negativa debido a las medidas legislativas implementadas en su territorio. A continuación, y para su análisis, seccionaremos las medidas conforme a su calificación, es decir: aquellas que fueron calificadas de forma negativa y positiva.
En el primer grupo, vemos que las medidas que obtuvieron la calificación más baja, con menos tres puntos, fueron: la ley 376 de 31 de marzo de 2023, que modifica artículos de la Ley 37 de 2009 que descentraliza la administración pública, y dicta otras disposiciones; Decreto de Gabinete N.°10, de 14 de marzo de 2023, que autoriza la suscripción del contrato de préstamo No. Pa-p2-2, a celebrarse entre la República de Panamá, y el Gobierno de Japón, hasta por un monto de noventa y dos mil millones de yenes japoneses; y, el Decreto de Gabinete N.°11 de 14 de marzo de 2023, que autoriza a la República de Panamá, para que realice una o varias emisiones de títulos valores de deuda pública denominados Bonos Globales de la República de Panamá, por el monto de hasta dos mil millones de dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD2,000,000,000.00) en el mercado de capitales internacionales y/o realice operaciones de manejo de pasivos y se dictan otras disposiciones.
Estas medidas obtuvieron dicha calificación puesto que fueron consideradas irresponsables e inconsecuentes con una política de aprovechamiento de fondos públicos. La medida que reforma la ley de descentralización, por su parte, permite que se otorgue privilegios a los servidores públicos que ocuparan posiciones de elección popular, ya que podrán elegir el salario que quisieran tener. Es decir, si una persona que es servidor público, sale electo, y sus salarios como servidor público es mayor al de la posición de elección popular a ocupar, esta persona podrá optar por renunciar al salario del cargo de elección popular y mantener el salario de la posición que ocupaban como servidor público. Lo anterior, es nefasto, puesto que se demuestra una gama de fueros y privilegios, donde el salario no está ligado a la posición, sino a la persona, creando una condición de privilegios y desigualdades injustificadas, puesto que no existirá la premisa básica de “a igual trabajo, igual salario”.
También te puede interesar: Datos del libertómetro
Por otra parte, ambos Decretos de Gabinete que autorizan la adquisición de mayor deuda, han sido calificados de forma negativa puesto que el gobierno ha adoptado una postura de conseguir fondos, sin demostrar que tienen un plan para la inversión y el aprovechamiento de estos. Lo que se traduce en endeudamiento injustificado.
También fue calificado de forma negativa, aunque en menor escala, la Ley 375 que crea el Ministerio de la Mujer, puesto que la creación de este Ministerio puede entenderse como una medida populista y burocrática, que no parece implementar nuevas alternativas ni soluciones a los problemas que afrontan las mujeres en la República de Panamá, sino, en cambio, implementar un sistema que representa una mayor inversión en recursos, sin necesariamente promover mejores resultados.
Ahora bien, en cuanto a los proyectos relevantes que fueron calificados de forma positiva, vemos la Ley 374 de 3 de marzo de 2023, que establece la enseñanza obligatoria de la Educación Financiera en los centros educativos oficiales y particulares; la Ley 372 de 1 de marzo de 2023, que modifica la ley 73 de 2019, que establece el acceso público a la desfibrilación; y, Ley 373 de 1 de marzo de 2023, que crea la red de helipuertos de la República de Panamá.
En cuanto a la ley que establece la enseñanza obligatoria de la Educación Financiera en Panamá, tiene como finalidad promover el conocimiento en áreas como la planificación financiera, el ahorro, el acceso a la información como base de la toma de decisiones económicas en todas las etapas de la vida. Lo anterior, es positivo puesto que, en ocasiones, se tiene la concepción que el sistema educativo no se actualiza y no brinda a los estudiantes información valiosa para afrontar la nueva realidad.
Finalmente, las leyes sobre el desfibrilador Automático Externo (DEA) y la que crea la red de helipuertos en Panamá, cada una, y desde sus áreas de práctica, buscan incrementar la respuesta oportuna de las autoridades de salud, en los casos que existan accidentes. Lo anterior, traduciéndose en que el Estado podrá contar con mejores herramientas para salvaguardar la salud de los ciudadanos.