Acusan a alcaldías salvadoreñas de malversar fondos destinados a combatir la pandemia
La Corte de Cuentas de la República (CCR) de El Salvador presentó tres avisos ante la Fiscalía General de la República señalando la posible malversación de los fondos entregados a igual número de alcaldías para combatir la pandemia por covid-19.
De acuerdo a los abogados de la Corte de Cuentas, las comunas de Guaymango, San Lorenzo y El Refugio, del departamento de Ahuachapán, habrían realizado un uso inadecuado de los fondos destinados para enfrentar los efectos de la pandemia de coronavirus el año pasado. Así como del dinero entregado por las tormentas que afectaron al país en 2020.
Napoleón Domínguez, director jurídico de la Corte de Cuentas, expuso que dichas alcaldías habrían cometido los delitos de malversación de fondos públicos y actos arbitrarios.
Domínguez agregó que este tipo de ilegalidades se ejecutaron con ayuda de auditores de la Corte de Cuentas. Indicó que estos habrían creado informes en limpio para beneficiar a funcionarios municipales.
En el caso de la alcaldía de Chalchuapa y del Ministerio de Educación, se establece el posible cometimiento del delito de peculado en la administración de fondos públicos.
Sobre la cartera del Estado, se expuso que el delito pudo haber sido cometido en el año 2017. De acuerdo a la Corte de Cuentas, una dependencia de la cartera estatal no logró justificar el uso de una cantidad de recursos durante el año en mención
Mientras que la comuna de Chalchuapa habría cometido el delito el año pasado. A la alcaldía se le señala de presuntamente realizar cobros a usuarios del mercado municipal que no fueron reflejados en las cuentas de la alcaldía.
En Educación “estamos hablando de todo el periodo de 2017. En el caso de San Lorenzo, Ahuachapán, estamos hablando del periodo del 1 de enero de 2019 a diciembre de 2020”, expuso Domínguez.
Asimismo, reiteró que en los casos de Guaymango, El Refugio y San Lorenzo se habrían usado para cubrir otras áreas los fondos que estaban destinados a la emergencia sanitaria durante el año 2020. Es decir, habrían incumplido los decretos legislativos 650 y 608.