El cierre del año 2021 no fue muy favorable para la defensa y respeto de las libertades en la región centroamericana. Una tónica que se mantuvo durante todo el curso. Para el último mes del año, el Libertómetro evaluó un total de 24 leyes.
De estas, el 62.5 % presentó una evaluación negativa, el 29.2 % fueron positivas y el 8.3 % mostraron un resultado neutro. Por país, en Guatemala se tomaron en cuenta para el análisis tres normativas, todas provenientes del Ejecutivo, las cuales recibieron una puntuación negativa. En Honduras, por su parte, solo se analizó una ley del Ejecutivo, con un resultado negativo.
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En El Salvador las leyes fueron avaladas por la Asamblea Legislativa. De los cinco decretos estudiados, cuatro recibieron una puntuación negativa. En Costa Rica, cinco de las normativas evaluadas provenían del Ejecutivo y dos del congreso. El resultado del análisis arrojó cuatro calificaciones positivas y tres que atentan contra la libertad.
Por último, en Panamá, el gobierno presentó seis normativas y la Asamblea, dos. De las ocho leyes, cuatro alcanzaron una nota negativa, tres fueron positivas y una neutra.
A escala general, el ranking mensual de la región presenta una puntuación de -31.90 %. Honduras y Guatemala encabezan la tabla con una puntuación de -100 % cada uno. Les sigue de cerca El Salvador, con un -66.70 %. Por su parte, Panamá recibió un -14.30 %. El único de los países evaluados por el Libertómetro que tuvo un balance positivo fue Costa Rica, con una puntuación de 14.30 %.
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Sobre las medidas más peligrosas evaluadas por cada nación, en Guatemala la peor calificada fue la referente a las disposiciones para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas (-4), en Panamá fue la Ley n.° 262 de Integración, implementación y promoción de RSE en los contratos de concesión (-3).
En Honduras, el denominado Plan de incentivos fue calificado con un -2, al igual que la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia en El Salvador y las reformas al reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en Costa Rica.
A escala del istmo, la peor evaluada fue la de las disposiciones para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, en Guatemala. Esta ley estableció una prohibición de venta y consumo de en horarios determinados durante los siete días de la semana, con la excepción del periodo del 15 de diciembre al 15 de enero. Esta medida es considerada totalmente negativa ya que se impone sobre las decisiones de los ciudadanos.
La segunda más peligrosa de la región corresponde también a Guatemala, con la Ley de fijación del salario mínimo (-3). Este decreto gubernativo estableció un aumenta al salario mínimo. Se evaluó que esto implica una decisión arbitraria que conlleva aristas negativas, y que además deja sin poder de decisión a los involucrados, es decir patronos y trabajadores.
El top de medidas negativas de la región la cierra Panamá con la Ley n.° 262. Esta es una normativa que obliga a las empresas que invierten en concesiones a destinar una parte de sus ingresos a proyectos de responsabilidad social.
Para el caso, es lamentable observar la manera en que la solidaridad es una obligación y no una convicción en el istmo. Empero, más alarmante es que el Estado, que ya de por sí no puede desarrollar lo que debe concesionar, además obligue al concesionario a cumplir con la labor social que le corresponde.